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Una de las banderas democráticas que los movimientos populares y progresistas agitaban la década de los 80, fue la de la elección popular de alcaldes, permitida por la ley 78 de 1986, con lo cual se abriría el paso a la descentralización político y administrativa del Estado y su posterior modernización, a la cual se opusieron Julio Cesar Turbay Ayala, Víctor Mosquera Chaux y el Conservatismo en pleno con excepción de Álvaro Gómez. El proyecto fue liderado por el entonces ministro del interior Jaime Castro, quien lo concibió como inicio de la descentralización política y administrativa que regía a Colombia con anterioridad a la constitución vigente.
Tal reforma permitió que se diera paso a la descentralización administrativa en en el anterior régimen constituyente, el que permitía que los gobernadores, intendentes y comisarios fueran nombrados por el Presidente de la República y estos a su vez eligieran a los alcaldes municipales, los que en su mayoría hacían parte de acuerdos políticos a favor de quien los nombraba en el cargo.
Estos en mayor cantidad representaban a los dos partidos mayoritarios en Colombia (liberal y conservador), quienes fueron concentrando el poder en el nivel local gracias a que la anterior carta magna les permitía a sus miembros la multiplicidad en los cargos. Es así como un senador podía ser nombrado ministro, embajador, gobernador y alcalde, y al tiempo ser elegido concejal y diputado.
Buena parte de las relaciones que existían entre los dirigentes políticos y los representantes del gobierno nacional y departamental, tenían que ver con el tema de la concesión de ayudas o auxilios y el nombramiento de alcaldes.
En efecto, los congresistas y diputados se veían obligados a hacerles antesala a los funcionarios de turno con el fin de obtener recursos o aprobación de obras en sus regiones. Esas decisiones dependían de la buena voluntad del funcionario quien se valía de la falta de normas o reglas de juego en la materia, que estableciera derechos u obligaciones sobre el particular y que definiera su conducta para el manejo de esa clase de relaciones.
Era natural que los funcionarios buscaran precio para su generosidad y que lo consiguieran. Dicho precio no era otro que la hipoteca de la voluntad política de congresistas y diputados.
En el nuevo orden desaparecen los dos condicionamientos señalados: los alcaldes fueron elegidos popularmente y para la ejecución de obras y la prestación de servicios locales se dispusieron recursos a disposición de la comunidad.
La reforma que consagró la elección popular de alcaldes se propuso contribuir al proceso de paz promovido por la administración del expresidente Belisario Betancourt y así mismo propiciar el incremento de la participación política. La norma también se concibió como un instrumento capaz de ampliar el espectro de fuerzas y movimientos, más allá del esquema bipartidista.
Los resultados que arroja esta primera elección plantean un fenómeno esencial: si bien es cierto que irrumpieron nuevos actores sociales y políticos en distintos municipios y regiones, la presencia y el arraigo local de los partidos tradicionales continúa siendo uno de esos rasgos esenciales del régimen político.
La votación por partido para elegir alcaldes en las 32 circunscripciones regionales del país indica, de manera clara, que la geografía política que conocemos de tiempo atrás no varió sustancialmente y tampoco superó, ni mucho menos cumplió con las expectativas que en tal sentido se había planteado con la reforma. Este suceso lo explica el ex ministro Jaime Castro como la muestra clara de la lucha que se dio entre la clase política regional para no dejarse quitar el poder en sus departamentos por su rival y tampoco permitir el asentamiento de uno nuevo.
Se estrenan las elecciones para alcaldes y se inicia una guerra sucia contra una nueva clase política:
Cuando se inicia la correría electoral de quienes ostentaban el poder regional, para hacerse electoralmente a los municipios de los departamentos que controlaban de forma paralela desde finales de 1986, cuando se iniciaron las campañas electorales, un total de 140 alcaldes y concejales en ejercicio, candidatos a las alcaldías y concejos, consejeros intendenciales, comisariales y diputados, fueron asesinados. De ellos, 50 eran de filiación liberal, 46 pertenecían a la Unión Patriótica y 39 al Partido Conservador.
A estas cifras debe sumarse la lista de muertes aún en la impunidad de cerca de 500 activistas, dirigentes comunales y campesinos que también perdieron la vida en forma violenta.
La violencia política se recrudeció de manera significativa en los dos meses anteriores a los comicios de marzo de 1988. Aunque en términos globales, la Unión Patriótica ha sido el movimiento más afectado por la escalada de crímenes políticos, todos los partidos fueron víctimas de esta especie de guerra sucia».
El número de candidatos a las alcaldías asesinados hasta diciembre de 1986, once en total -seis de la UP, cuatro del socialconservatismo y uno del Partido Liberal. En el mes marzo del mismo año se elevaron a 21 con la eliminación de cinco más de la UP y cuatro liberales. Así lo señalan las cifras presentadas y los cálculos realizados por el Departamento de Derechos Humanos del CINEP, con los cuales se da cuenta del número de atentados efectuados contra los distintos partidos políticos entre el 1 ° de enero y el 13 de marzo de 1988.
El clima de violencia que antecedió a la primera elección de mandatarios locales también se vio recrudecido por la barbarie de las masacres colectivas contra campesinos y trabajadores agrícolas en el Meta, Urabá y Córdoba. En estas regiones, el derecho a participar en las elecciones se convirtió en una temeraria osadía.
Dentro de las nuevas fuerzas que pretendían posicionarse en el mapa político se encontraba la Unión Patriótica (UP) a quien Iván Cepeda en su documento “ Genocidio Poliítico: El Caso de la Unión Patriótica en Colombia”, define como una convergencia de fuerzas políticas a raíz del proceso de negociación adelantado a mediados de la década de 1980, entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC).
La UP fue el primer movimiento político al que claramente se le hacía oposición por la vía armada, generando así una especie de resistencia a través de un sabotaje promovido por fuerzas oscuras.
Surgimiento de la Unión Patriótica:
En 1984, como fruto de los diálogos entre gobierno y Farc, las partes acordaron varios compromisos sellados con la firma de los llamados “Acuerdos de La Uribe”. En ellos se estipuló el surgimiento de un movimiento de oposición como mecanismo para permitir que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal del país. Las condiciones que permitirían ese tránsito a la legalidad, consistían en un compromiso oficial para garantizar plenamente los derechos políticos a los integrantes de la nueva formación, y la realización de una serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles.
Es entonces cuando miembros de la UP y algunos de sus simpatizantes son asesinados en forma violenta, de los cuales algunos han sido reconocidos por los ex jefes de las AUC a través de las versiones dentro de la Ley de Justicia y Paz:
“HH conocido también como Carepollo o Mono, dijo ante el fiscal de Justicia y Paz que si bien hubo equivocaciones y pudieron matar inocentes, los crímenes obedecieron a un plan especial para dejar a Urabá sin guerrilla y reconoció que bajo esa idea ordenó la muerte de varios simpatizantes de la UP. Por eso las autodefensas entrenaron a sus hombres en la finca El Tomate, de propiedad de Carlos Castaño, en San Pedro de Urabá, donde empezaron a llegar decenas de combatientes que tenían la misión de limpiar a la zona. El modus operandi, sostuvo el paramilitar, era con base en los señalamientos que hicieran algunos informantes”. El exterminio, www.revistacambio.com. http://www.cambio.com.co/paiscambio/750/3814991-pag-2_2.html
El ex constituyente y ex ministro Jaime Castro, define este fenómeno como crímenes políticos, por tratarse de actores con militancia y formación de izquierda, los que fueron perpetrados por actores armados de derecha extrema quienes para ese entonces se hicieron mostrar como fuerza contra insurgente que no estaban de acuerdo con que un movimiento político inspirado por la guerrilla de los años 80 se tomara el poder en Colombia.
En su momento cumbre, como partido político, la UP logró elegir 16 alcaldes y 256 concejales, y eligió 16 representantes al Congreso de Colombia. Sin embargo, en dos décadas de ejercicio político más de 3 mil de sus militantes fueron asesinados, entre ellos dos candidatos presidenciales y 13 parlamentarios.
¿Porque atentar contra miembros de la UP?:
La incapacidad del estado para combatir a la insurgencia propició el surgimiento de grupos de extrema derecha financiados por ganaderos, comerciantes, parte del estamento político y un sector de las Fuerzas Militares que buscaba “detener el creciente accionar de la guerrilla”, que se traducía en un orden público deteriorado por los secuestros, asesinatos y extorsiones, en zonas como el Urabá, Magdalena Medio y los Llanos Orientales. Es precisamente en estos lugares donde la UP comenzó a hacer política y se convertían en los lugares donde más ganaba adeptos. El estadounidense Steven Dudley en su libro, Armas y urnas – Historia de un genocidio político, señala que los enemigos del proceso no se detuvieron a escuchar la plataforma de la UP, ni se preocuparon por comprender sus motivos, simplemente los igualaron con las FARC y procedieron a eliminarlos.
En el corazón de Colombia, en Puerto Boyacá, ganaderos y comerciantes reaccionaron a estos acuerdos políticos con la insurgencia armada, mediante la creación de Acdegam, una asociación sin ánimo de lucro, que serviría como fachada a las autodefensas.
Los paramilitares que ya contaban con 5 mil unidades realizaron una de sus primeras masacres en el municipio de El Castillo, en el corregimiento de Vista Hermosa, en el Meta, en donde asesinaron a 17 militantes de la UP.
Mientras que en esta misma línea, los hermanos Fidel y Carlos Castaño, empezaron a conformar grupos de autodefensas en la zona bananera de Urabá, como reacción al asesinato de su padre y al control, extorsiones, asesinatos y secuestros que cometían las FARC en la zona. La forma que optaron para causarle daño al grupo guerrillero fue precisamente atacar a la UP.
El naciente grupo de Autodefensas de Córdoba y Urabá inició el exterminio sistemático de los militantes de la UP, a quienes veían como la extensión política de las FARC. Dudley cuenta que desde 1983 el grupo de Fidel Castaño “mató gente sin piedad, en grupos de ocho y diez personas, algunos de ellos mujeres y niños, utilizando armas primitivas, como machetes. Los militares no solamente les permitieron actuar y hacer el trabajo sucio, sino que desde entonces les brindaron protección”. Es entonces cuando nace el grupo de “Los Tangueros”, en referencia a la finca de Castaño llamada Las Tangas, en donde el grupo fue entrenado y al tiempo sometía a sus víctimas a interrogatorios y torturas, incluso muchas víctimas fueron enterradas en estas tierras.
En 1987, los paramilitares financiaron la contratación de cinco mercenarios israelíes, entre ellos Yair Klein, para impartir un curso de contrainsurgencia a un grupo de 50 de sus mejores hombres. Entre los entrenados aparece el Negro Vladimir, un ex guerrillero de las FARC que se convertiría en uno de los más temibles y sanguinarios comandantes paramilitares del Magdalena Medio y quien después confesaría el asesinato de un considerable número de militantes de la UP.
A finales de 1988, los paramilitares escogieron a la población de Segovia como su primera advertencia a las FARC y a la UP. Allí fueron asesinados 43 campesinos, con la complicidad de la policía y el ejército, como fuera demostrado posteriormente por la justicia colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo que condenó al Estado Colombiano por acción y omisión.
Por esta misma época, en el Magdalena Medio, las Autodefensas comandadas por Henry Pérez habían “limpiado” a municipios como Puerto Boyacá. Además habían creado el movimiento Político Morena, liderado por Iván Duque, quien más tarde se convertiría en el jefe paramilitar Ernesto Báez.
En 1987 se registró el asesinato de 111 militantes de la UP, según estudios del CINEP; en 1988 fueron 276 y en 1989 la cifra bajó a 138. Todos estos asesinatos coincidieron con las zonas en las que la UP había logrado triunfos electorales.
Otro de los hitos en la historia política de la UP, fue el asesinato del candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, ejecutado por paramilitares. Ante la ya evidente campaña contra el movimiento político, su sucesor en la dirección del partido y candidato presidencial, Bernardo Jaramillo, solicitó mayores garantías al gobierno de Barco, al tiempo que se distanciaba de las FARC.
Para tratar de lograr una tregua con los paramilitares, según el Portal de Internet Verdad Abierta, “el nuevo candidato a la presidencia por la UP se reúne con Pablo Escobar, a quien le solicita que medie con Gonzalo Rodríguez Gacha para terminar con el exterminio. Escobar le asegura que de su parte no tienen nada que temer; el problema era con El Mexicano y Fidel Castaño. El primero no era inconveniente para el capo, pero de Castaño no podía asegurar nada. Al final Jaramillo no pudo establecer una tregua con los grupos paramilitares, encabezados, y más adelante sería asesinado por orden de Carlos Castaño”.
En 1994, las autodefensas asesinan al último representante de la UP en el congreso de la República, el senador Manuel José Cepeda, como retaliación por el asesinato al general Rodolfo Herrera Luna.
El epílogo de la UP sobrevendría en 2003, cuando el Consejo Nacional Electoral le quita la personería jurídica al movimiento que no pudo sacar más de 50 mil votos en las elecciones de 2002. Ese sería el final jurídico de este movimiento y el de uno de los capítulos más sangrientos de la historia del país.
¿Vuelve el exterminio?:
El 10 de agosto de 2013 el Consejo de Estado, falla a favor de la Unión Patriótica y devuelve la personería jurídica al movimiento político al señalar que, “en este caso no se cumple con la causal establecida por la Ley, que señala que se pierde la personería si en las últimas elecciones no se obtenga un mínimo de 50 mil votos o una curul en el Congreso debido a que la UP fue víctima de una campaña de exterminio”.
Para tomar esa decisión, el Consejo de Estado tuvo en cuenta un informe de la Defensoría del Pueblo de octubre de 1992, en el que además se cita un informe de la ONU de 1989, que señalaban que ese movimiento afrontaba una grave crisis de supervivencia debido al exterminio “que por cuenta de manos oscuras al margen de la ley venían siendo víctimas sus dirigentes, militantes y candidatos.
Así las cosas la Unión Patriótica elige a líder Aída Abello como su candidata a la Presidencia de la República e inicia la reconstrucción de sus cuadros a nivel nacional.
Al tiempo en que el movimiento político la Unión Patriótica da inicio a la labor de difundir sus ideas, ganar nuevos adeptos y motivar a quienes se encontraban intimidados en sus casas, nuevas intimidaciones aparecen en la vida de sus militantes, esta vez firmado por el grupo ilegal Los Rastrojos, quienes al parecer serían los autores de las amenazas denunciadas en días pasados por la candidata Aída Abello, quien pidió al gobierno nacional mayores garantías para que miembros de la UP puedan ejercer el trabajo proselitista con plena libertad y sin el temor de ser asesinados una vez más.
El panfleto con que el se amenaza a los militantes de la UP circula por los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Santander, amenazan directamente a líderes de la Unión Patriótica, con lo que queda la duda de si fuerzas oscuras de extrema derecha se estarían reagrupando para conspirar una vez más contra una nueva fuerza política de izquierda, y de paso echar por la borda los posibles acuerdos en la Habana que se lograrían, en el caso de que el gobierno de Juan Manuel Santos firme la paz con las Farc.