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El bloque Sur de las Farc, que opera en los departamentos de Huila, Caquetá, Putumayo y parte de Cauca y Nariño, y que según las autoridades hoy está bajo el mando de alias Joaquín Gómez y alias Fabián Ramírez, no está divido y no es cierto que se oponga a las negociaciones de paz de La Habana, como advierten algunos analistas. De hecho, fue una de las estructuras que mejor cumplieron la tregua unilateral ordenada por el grupo guerrillero entre diciembre y enero pasados; en ella no se encuentran signos o intentos de disidencias e incluso ya se está preparando para el posconflicto.
Esta es una de las principales conclusiones del informe Análisis de riesgos en temas de conflicto armado y conflictos sociales asociados a la minería, extracción petrolera y la infraestructura energética en comunidades de las regiones de La Guajira y la región Nariño-Putumayo y su impacto en la protección de los derechos humanos, presentado ayer por la fundación Paz y Reconciliación y la Red Nacional de programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz). La investigación se realizó entre agosto de 2013 y febrero de 2014, y los municipios objeto de intervención fueron Valle del Guamuez, Puerto Asís, San Miguel y Puerto Leguízamo, en Putumayo; Tumaco, Barbacoas, Ricaurte e Ipiales, en Nariño, y Uribia, Manaure, Riohacha, Maicao, Barranca y Albania, en La Guajira.
Según el estudio, durante 2013 se presentó un proceso de recuperación de las Farc en el sur del país (Nariño y Putumayo) y ya se ve una presencia importante en cabeceras municipales, como Tumaco. Es lo que en los últimos meses se ha dicho en el sentido de que la guerrilla estaría citando a la población civil a reuniones, con el fin de entregar una serie de “reglas” de comportamiento. En otras palabras, un “manual de convivencia” como preparación para el posconflicto, situación que se ha repetido en varias zonas del país. En ese documento se establece, por ejemplo, que es obligatoria la participación en las reuniones de formación política y se fijan criterios para la protesta social e incluso para la movilidad en los territorios. Según los analistas, las Farc apuntan a reconstruir su base social.
Al mismo tiempo, el estudio revela que en algunas zonas del sur del país se está comenzando a vislumbrar la presencia de estructuras criminales que estarían intentando aumentar su control y poder en zonas de influencia que tradicionalmente han pertenecido a la guerrilla, con el fin de ser quienes ostenten el control en un eventual escenario de posconflicto. Esto vaticinaría una situación de violencia en tales zonas una vez se firme un acuerdo de paz. “Existe una incapacidad del aparato estatal para tramitar conflictos sociales en las tres regiones objeto de investigación, lo anterior debido a: debilidad institucional en los municipios, a que la mayoría de la presencia de la Fuerza Pública en estas regiones está destinada a cuidar la infraestructura petrolera y energética, y a fenómenos de corrupción institucional”.
En cuanto a La Guajira, se pudo establecer que en las zonas de frontera con Venezuela se han formado ejércitos privados (conocidos como Criollos y Curicheros) que trafican alimentos y gasolina. “De la mano de Marcos Figueroa, alias Marquitos, la banda de los Urabeños ha irrumpido en municipios del sur de La Guajira. Por otra parte, una serie de facciones de las bandas de Jorge 40, los Rastrojos y los Paisas, estarían formando la Oficina del Caribe, que estaría avanzando por el Magdalena e incursionaría en La Guajira”, detalla la investigación.
Sobre las conclusiones de la actual situación del movimiento social en estas regiones, el informe plantea que existe una gran expectativa e incremento de la protesta debido a temas de minería, petróleo y megaproyectos. En este sentido, se concluye que hay rechazo a la gran minería, pero una mayor tolerancia al petróleo, mientras sigue latente una gran inseguridad jurídica: “En Putumayo, en las zonas aledañas a proyectos petroleros, no se puede titular. En el caso de La Guajira existe una gran presión hacia los agricultores para vender sus tierras o cambiar a monocultivos. Un ejemplo es que allá los bancos ofrecen créditos por $7 millones por hectárea para cultivos tradicionales y $28 millones para cultivo de palma”.
Otros datos claves señalan que existe una diferencia entre el movimiento social en los departamentos del sur y La Guajira. Por ejemplo, en Putumayo y Nariño el movimiento está sitiado por grupos armados, pero cada vez está mejor organizado, mientras en La Guajira está sitiado, amenazado, desprotegido y no se ha podido organizar. Asimismo se encontró que, en general, los movimientos indígenas y campesinos están organizados, pero las comunidades afro no, y que en Nariño y Putumayo ha aumentado la fuerza de la Marcha Patriótica, pero de igual forma lo han hecho las amenazas y asesinatos a sus miembros y persiste un rechazo a este movimiento por parte de la industria petrolera. También hay un aumento sustancial de los conflictos de propiedad horizontal entre indígenas, campesinos, consejos de comunidades negras, grandes hacendados y grandes empresas.
Artículo tomado El Espectador.com