En el momento en que se dé la implementación de los Acuerdos de Paz en la Habana, el gobierno nacional deberá hacer un esfuerzo monumental por dar inicio a los programas de estímulos de la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa en el departamento de Chocó, puntos incluidos en los primeros acuerdos establecidos entre las Farc y el gobierno nacional.
Este territorio, según el informe presentado por la Defensoría del Pueblo en junio de 2014 “Crisis Humanitaria en el Chocó”, posee terrenos con baja fertilidad, lo que impide que la agricultura se convierta en un factor que incentive la economía de la región por encima de la actividad minera.
El documento elaborado por el ente de control revela que “el 30% de los suelos del departamento tiene una fertilidad estimada en un 38%; el 21% moderada y únicamente el 11% alta. Esto obliga a que se busquen alternativas económicas en el sector de la minería.
Lo anterior se refleja en que la producción agrícola del departamento del Chocó frente al consolidado nacional ha representado el 0,0591%, de acuerdo con las Cuentas Nacionales del DANE para 2011, lo que quiere decir, que el Producto Interno Bruto, PIB, departamental refleja 364 mil millones de pesos en el año y se obtienen sumando los valores de las cuentas de cultivo de café, cultivo de otros productos agrícolas, producción pecuaria y caza, silvicultura, extracción de madera, pesca, producción de peces en criadero y granjas piscícolas.
En este orden de ideas, el departamento del Chocó se convertiría en una especie de “laboratorio”, donde el Estado tendría que poner a trabajar a toda máquina su capacidad para convertir la región en modelo de desarrollo próspero y sostenible en el tiempo, que no solo incentive el empleo digno a sus habitantes, sino que además permita superar el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, que según informes del DANE (2012), “el 79% de la población chocoana carece de alguna de ellas (vivienda, servicios públicos, educación, hacinamiento y dependencia económica).
Los planes a realizar en el departamento del Chocó en una posible etapa de posconflicto, tendrían que realizarse en acuerdo con las comunidades propias de la región evitando que se repitan hechos relacionados con presiones legales e ilegales que han promovido patrones de productividad correspondientes al modelo económico mayoritario, que a su vez desconoce modelos de producción propios, y que han terminado por convertir la región en escenario de guerra, que imposibilita, restringe y vulneran los derechos colectivos de las comunidades afro e indígena, sometiéndolos al confinamiento e imposición de normas de conducta ajenas a sus tradiciones, lo que hoy por hoy se traduce en pérdida de sus creencias y lengua, llevándolas a un fuerte desarraigo y perdida de conocimientos ancestrales.