Foto tomada de www.elespectador.com
Si los diálogos de paz que se desarrollan en la Habana – Cuba entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias – farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, llegasen a la firma de un acuerdo que permita el fin de la confrontación armada entre el grupo guerrillero y las fuerzas del Estado, el Estado debe tener listo el paquete de medidas que permitan la implementación de los acuerdos con enfoque diferencial teniendo en cuenta el territorio sobre el cual se vaya a trabajar.
En el departamento del Chocó por ejemplo, se haría necesario la implementación de estos acuerdos teniendo en cuenta el aspecto étnico y ancestral que tiene la región y que hacen que para aplicar esas medidas, se tenga en cuenta a la población que durante años habita en ella.
Esto hace que por ejemplo, en el Alto Andagueda territorio de los indígenas Embera – Katíos que ha sido afectado no solo por el cruce de balas de los actores armados, sino además por las acciones que han emprendido empresarios, pobladores y mineros locales con las multinacionales, en el intento por hacerse a la explotación extractiva, pisoteando los derechos de las comunidades indígenas sobre estas tierras, se emprenda un intenso trabajo que convine acciones del Incoder, ministerio de Agricultura, ministerio de Minas, ministerio de Medio Ambiente, Súper Intendencia de Notario y Registro y la Unidad de Restitución de Tierras, que en el momento de otorgar la debida restitución de tierras, permita además la titulación colectiva a favor de las comunidades indígenas y ancestrales, respetándoles su derecho a ejercer la economía típica de la región de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, cuidando también la seguridad alimentaria y la no extranjerización de la tierra.
No es claro si el gobierno nacional tendría que reversar los 13 mil títulos mineros aprobados en octubre de 2012 por la Agencia Nacional Minera a cinco empresas con vigencia hasta los años 2038 y 2040 para explotar 13 mil hectáreas en el Andagueda o si se haría necesario una nueva concesión que no afecte las 50 mil hectáreas que componen el resguardo Embera – Katío, en aras de darle cumplimiento a la recomposición del tejido social roto por las acciones de los distintos grupos armados al margen de la ley (Eln, la columna móvil Aurelio Rodríguez de las Farc y Bloque Elmer Cardenas,) que han hecho presencia en el territorio provocando desplazamiento masivo hacia ciudades del departamento de Risaralda, Antioquia y Bogotá, donde algunos han terminado en condiciones de mendicidad.
El reto que se viene para el Estado en este caso, hace necesario un diálogo permanente y un intenso trabajo que involucre a las autoridades locales (Departamento y municipio), nacionales, comunidades, en este caso líderes Embera – Katíos y empresarios mineros, para darle paso no solo a la restitución colectiva de los territorios indígenas, sino además la explotación de economías extractivas, sin que estas afecten el normal desarrollo de la vida en la región.