Como resultado del ciclo 33 de las conversaciones de paz entre las Farc y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se acordó el inicio de un proceso de desminado en los territorios donde el grupo subversivo ha instalado estos artefactos y que en ocasiones ha cobrado la vida de de civiles y militares que han caído en estas trampas mortales y en la mayoría de casos los ha dejado sin alguna parte de sus cuerpos.
Según el comunicado conjunto que emitieron las partes, este acuerdo se da “en el marco del desescalamiento, para avanzar en la construcción de confianza y con el fin de contribuir a generar condiciones de seguridad para los habitantes que se encuentran en zonas de riesgo por la presencia de minas, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra, y de dar garantías de no repetición a las comunidades”.
Para lograr tal fin las partes acordaron que trabajarían en conjunto con la organización Ayuda Popular Noruega (APN) quien coordinara la implementación de un proyecto de limpieza y descontaminación.
Colombia es uno de los países en el mundo con mayor presencia de minas antipersona en su territorio, donde las Farc y el ELN han sido quienes las han utilizado para evitar el avance de la tropa hacia los lugares de concentración de sus campamentos.
Según estudios y seguimientos que ha realizado la Fundación Paz y Reconciliación, la siembra de minas hace parte de una las tres tácticas militares que trazaron las Farc en el año 2002. Las otras dos consistían en aumentar el número de francotiradores y hostigamientos a las fuerzas militares, instituciones en las regiones y voladuras de oleoductos.
A partir de agosto de 2002 los campos minados se incrementaron en 250%, pero si se los contabiliza desde el año de 1997, el crecimiento sería de un 1000%, según documentos de investigación de Ariel Ávila, Subdirector Académico de la Fundación Paz y Reconciliación.
Según datos recopilados por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República en el año 2008, entre febrero y abril del mismo año en el sur del Tolima, las minas antipersonas pusieron fuera de combate entre muertos y heridos a 45 miembros de la Fuerza Pública, además de afectar también a la población cercana a las zonas en donde estaban instaladas.
Las estadísticas del Observatorio de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República en el año 2008, contabilizaron en 1997 un total de 25 campos minados en el territorio nacional, y en el año 2008 el número de zonas con estos artefactos llegó a los 221.
Con este tipo de armas las Farc evitaron el fácil ingreso del Ejército Nacional a los territorios donde se encontraban sus campamentos, lo mismo que la erradicación de cultivos de uso ilícito. En los últimos cinco años, las Farc utilizaron estos artefactos, con cargas que se activaban a control remoto, cuando los guerrilleros detectaban la cercanía de los miembros de la Fuerza Pública. La mayoría de estas minas fueron elaboradas de manera artesanal.
Los departamentos con mayor número de minas antipersonas son Meta, Putumayo y Antioquia.
Según el comunicado conjunto la manera como se procederá a trabajar el desminado será la siguiente forma:
Selección de sitios: El Gobierno Nacional y las FARC-EP seleccionarán un número inicial de sitios que serán objeto de una primera fase de limpieza y descontaminación en el marco del desescalamiento. La desconotaminación priorizará aquellos sitios donde la población tenga mayor riesgo de ser afectada por la presencia de MAP, AEI y MUSE o REG, sobre la base de la información de que dispongan el Gobierno Nacional, y las FARC-EP, y teniendo en cuenta la información que provean organizaciones especializadas y las comunidades.
Recopilación de información utilizando los equipos de Estudio No Técnico (ENT). Un equipo de APN llevará a cabo el ENT dentro de las áreas seleccionadas con la participación en cada equipo de ENT de los miembros representantes de las FARC-EP y técnicos del Gobierno Nacional, que se requieran. El ENT debe identificar exactamente las áreas realmente contaminadas por MAP, AEI y MUSE o REG, apoyándose también en las comunidades locales próximas a las áreas contaminadas. Los ENT se realizarán de una manera tradicional con un cuestionario que presentarán previamente al Gobierno Nacional y las FARC-EP (el cual incluye datos de impacto socioeconómico). El cuestionario debe ser desarrollado específicamente para Colombia. El equipo evaluará toda la información disponible, consultará fuentes de información claves y también hablará con hombres y mujeres que habiten en las áreas afectadas. Los resultados del ENT serán la base para el desarrollo de un plan de limpieza y descontaminación.
Limpieza y descontaminación utilizando equipos multi-tareas. La APN, conformará equipos multi-tareas con el propósito de liberar áreas peligrosas confirmadas, de la amenaza de MAP, AEI y MUSE o REG, marcar las áreas que no se despejarán durante el proyecto piloto y asegurarse que las comunidades locales entienden los riesgos asociados con las MAP, AEI y MUSE o REG (a través de educación en el riesgo). En una fase inicial cada equipo multi-tareas estará integrado por un líder coordinador y verificador de la APN y los técnicos del Gobierno. El Gobierno designará para el desminado al BIDES. Todo el proceso de limpieza y descontaminación estará acompañado de los dos miembros del Gobierno, de las FARC-EP y de las comunidades. El Gobierno agilizará el proceso de certificación de la APN para avanzar en otras fases de este proyecto, que acuerden el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y contar también con el apoyo de equipos civiles de desminado. La limpieza y descontaminación de las áreas peligrosas confirmadas se hará de conformidad con los estándares internacionales y nacionales.
Diálogo con las comunidades. Durante la implementación del proceso de limpieza y descontaminación se mantendrá un diálogo continuo y estrecho entre la APN y las comunidades, para crear confianza en la calidad de las operaciones de limpieza y descontaminación o despeje, y se promocionará el intercambio de información relacionada con MAP, AEI y MUSE o REG por parte de las comunidades a los equipos multi-tarea.
Verificación. Para asegurar que las operaciones de limpieza y descontaminación o despeje, cumplan con los estándares necesarios y asegurarse que el territorio está libre de sospecha de MAP, AEI y MUSE o REG, la APN realizará la verificación de una manera sistemática y de acuerdo con las mejores prácticas y estándares internacionales. La verificación y todo el proceso que comprende operaciones de limpieza y descontaminación, será acompañado por dos delegados del Gobierno Nacional, dos miembros representantes designados para ello por las FARC-EP y dos representantes de las comunidades.
Entrega formal a autoridades nacionales, locales y a las comunidades. El equipo verificador de la APN, junto con los delegados del Gobierno Nacional y los de las FARC-EP, harán entrega formal de las tierras descontaminadas a los representantes y autoridades comunitarias locales.