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A pesar de que a esta fecha no se ha definido del todo el abanico de candaditos a elecciones para gobernaciones y alcaldías, desde ya se comienzan a barajar los nombres de quienes podrían estar en la contienda, algunos de estos con cuestionamientos que hacen ver sus posibles candidaturas como la continuidad de un fenómeno de mafias políticas que de una u otra manera llegaron al poder, conformando redes de corrupción política que se resisten a desaparecer.
Uno de estos personajes es la médica vallecaucana Dilian Francisca Toro, quien tiene en su trasegar político investigaciones en su contra, una por Parapolítica y otra por Lavado de Activos. Lo anterior sumado a una serie de cuestionamientos que se le hace desde la opinión pública porque su entorno, resulta ser un tanto oscuro, por encontrarse junto a personas que de una u otra forma han sido vinculadas con las mafias del paramilitarismo y el narcotráfico en el Valle del Cauca.
Es así como el primero de todos los cuestionamientos que se le hace a esta política oriunda de Guacarí en el Valle del Cauca, corre por cuenta de Carlos Herney Abadía su primo, quien fue condenado por el Proceso 8.000 y el segundo es por ser la esposa de Julio Cesar Caicedo con quien compartió el último de sus escándalos judiciales que terminó por llevarla unos meses a prisión, luego de que la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, (UIAF) entregó un informe a la Fiscalía General de la Nación, en el que se señalan los movimientos financieros de Toro. Uno de esos donde da cuenta del pago en un cheque por $289 millones que fue a parar a las cuentas de un personaje identificado como Hans Barney Salazar, quien desde septiembre de 2003 afronta problemas con la justicia y dos años después fue condenado a 72 meses de prisión y multa de 1.000 salarios mínimos por el delito de lavado de activos.
La transacción se habría hecho a través de la firma Agropecuaria Ceiba Verde Ltda., de la cual es socia la senadora Dilian Francisca Toro y su esposo Julio César Caicedo Zamorano es el gerente. Estos predios, según la Fiscalía, tuvieron su origen en actividades del narcotráfico del cartel de Cali. En la investigación que se ha realizado se dice que, de acuerdo con los ingresos de Toro, no se justifica la compra de estas tierras.
Narcotraficantes como Diego Montoya, alias don Diego; Victor Patiño Fómeque y Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’ aseguraron que habrían ayudado a financiar su campaña al Senado de la República.
Según el libro Herederos del Mal, “la red política que lidera la exsenadora Dilian Francisca Toro, ha sido señalada de apoderarse de la contratación del municipio de Palmira, para aumentar el poder de su casa política, gracias a que esta alcaldía estuvo en poder de Raúl Alfredo Arboleda del grupo político liderado por Dilian Francisca Toro, que a través de este, logró suprimir la planta de cargos y crear una nueva que llenara sus cuotas, especialmente para los candidatos de su casa a alcaldías que fracasaron en 2007, motivo por el cual el alcalde Arboleda fue sancionado por la Procuraduría Regional del Valle por esas actuaciones realizadas en 2008. De esta forma el grupo de Dilian reencauchaba a los líderes quemados en varios municipios del Valle, para mantener y aumentar el favor a su causa”.
El texto Herederos del Mal describe la manera de como Dilian Francisca “ha crecido políticamente por tener una amplia participación burocrática en el sector salud, tanto a nivel nacional como departamental”.
Todo este aparato político de Dilian Francisca, desde donde maneja su red política en el Valle del Cauca, sería utilizado para una posible candidatura a la gobernación. Esto indicaría que las denuncias y los estudios que han realizado la Fundación Paz y Reconciliación, sobre redes de corrupción política, más las alertas que emite la Misión de Observación Electoral, no han sido del todo escuchadas por las autoridades electorales, en este caso el Consejo Nacional Electoral para que evite que personas con señalamientos e investigaciones judiciales por posible Lavado de Activos y vínculos con el paramilitarismo, aparezca en el escenario para aspirar a manejar los destinos de una ciudad capital o todo un departamento. Ya sucedió con Francisco Gómez, exgobernador de la Guajira, preso en una cárcel de Bogotá por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, de quien se dieron las alertas necesarias, y aun así un fallo del Concejo Nacional Electoral le mantuvo el aval otorgado por Cambio Radical.
Resultaría bastante delicado que la excongresista Dilian Francisca Toro, quien no ha podido resolver del todo su situación judicial, y sobre la cual versan señalamientos delicados de posibles apoyos en el pasado de parte del paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia, aspire a manejar los destinos de un departamento que como el Valle del Cauca, sufre una situación de orden público por cuenta de bandas del narcotráfico que se han apoderado de municipios como Tuluá y Buenaventura, que hacen presencia en la ciudad de Cali, y que en el caso de resultar ciertas estas denuncias, su mandato no tendría la autoridad necesaria para ponerle remedio a este problema que afecta a los vallecaucanos.
El país debería aprovechar que se encuentra en curso el Proyecto de Reforma Política conocido con el nombre de “Equilibrio de Poderes”, para insistir una vez más en el congelamiento de los derechos políticos de personajes como Dilian Francisca Toro, que tienen en su contra investigación judicial de manera formal, por vínculos con el narcotráfico y grupos ilegales.