Por: El Espectador
Si personajes como Yahir Acuña o Dilián Francisca Toro a pesar de tener investigaciones por supuestos vínculos con ilegales, desean aspirar a cargos de elección popular, es porque la norma lo permite. Es por esto que se requiere de una reforma política que ajuste el régimen de inhabilidades para aspirar a cargos públicos y que evite que personas con investigaciones judiciales por vínculos con actores ilegales o delitos relacionados con el lavado de activos, continúen con su intención de seguir manejando los hilos del poder local o nacional.
En las últimas cuatro jornadas electorales que ha habido en Colombia, han salido a relucir supuestos vínculos de políticos con ilegales, por lo que se han dado pequeños pasos para tratar de remediar este mal que, sin embargo, aún persiste, al punto que hoy, cuando el país se prepara para dar inicio a la campaña electoral que permitirá escoger alcaldes y gobernadores, comienzan a sonar nombres de personas cuestionadas por tener en curso investigaciones judiciales. Son los casos de Yair Acuña, quien renunció a su curul en el Congreso de la República para aspirar a la Gobernación de Sucre, y Dilian Francisca Toro, quien a pesar de no haber confirmado su deseo de manejar los destinos del departamento del Valle del Cauca, empezó a aparecer dentro de la lista de posibles candidatos.
Estos dos personajes enfrentan problemas judiciales, Acuña por parapolítica y Dilian Francisca por lavado de activos. Legalmente no hay nada que les impida aspirar, porque la Ley 617 del año 2000, que es la norma que habla sobre las inhabilidades para ejercer el cargo de gobernador en sus artículos 30 y 36, se refiere únicamente al caso de “haber sido condenado a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos”.
Esta laxitud en la norma es la que ha permitido que personas que no hayan sido condenadas sigan aspirando, sin importarles que más adelante puedan ser llamadas a juicio y posteriormente sentenciadas a pagar años de cárcel, porque su mayor interés de llegar a esos cargos es el de fortalecer sus redes de apoyo para más adelante, a través de ellas, continuar manejando los hilos del poder.
Puede el partido político negarle el aval, y de nada va a servir, porque inmediatamente se dará a la tarea de aspirar creando su propio movimiento o utilizar la personería de uno más pequeño al anterior, que le permita mantener viva su candidatura. Es decir, haciéndole ‘conejo a la ley’.
La discusión que se presentó durante el primer período del expresidente Álvaro Uribe, que permitió dar inicio al orden en las bancadas de los partidos bajo la Ley 974 de 2005, dejó por fuera esta discusión. Lo mismo pasaría con el Acto Legislativo de 01 de 2009, que creó una serie de responsabilidades a los partidos y movimientos políticos que avalen a personas que siendo elegidas, judicialmente se les establezca vínculos con actores ilegales y el narcotráfico.
Por lo anterior, aprovechando la discusión del acto legislativo denominado como “Equilibrio de Poderes”, debió también pensarse en la posibilidad de discutir en un ajuste en la norma, donde queden congelados los derechos políticos de personas que enfrenten problemas judiciales por vínculos con actores ilegales o por hechos relacionados con el lavado de activos, hasta tanto su situación no se haya definido en los tribunales. De lo contrario no será posible que el país logre superar la presencia de las mafias al interior de la función pública, porque la norma está hecha para que las cosas no cambien, por más que se quiera.
Dilian Francisca Toro, las más opcionada y la más cuestionada
Si las elecciones fueran mañana, el 30.4% de los vallecaucanos aseguran que votarían por Dilian Francisca Toro, según la última encuesta realizada por la firma JPG-Investigación de Mercados. Toro enfrenta investigaciones judiciales por posibles vínculos con grupos ilegales y por lavado de activos, pero aun así podría aspirar a la Gobernación de su departamento.
Además de dichas investigaciones en su contra, la excongresista tiene también una serie de cuestionamientos que se le hacen desde la opinión pública por su entorno, en donde se encuentran personas que de una u otra forma han sido vinculadas con las mafias del paramilitarismo y el narcotráfico en el Valle del Cauca.
Es así como el primero de todos los cuestionamientos corre por cuenta de Carlos Herney Abadía, su primo, quien fue condenado por el Proceso 8.000 y el segundo por ser la esposa de Julio Cesar Caicedo, con quien compartió el último de sus escándalos judiciales que terminó por llevarla unos meses a prisión, luego de que la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, (UIAF) entregó un informe a la Fiscalía, en el que se señalan los movimientos financieros de Toro.
Uno de ellos da cuenta del pago en un cheque por $289 millones, que fue a parar a las cuentas de un personaje identificado como Hans Barney Salazar, quien desde septiembre de 2003 enfrenta problemas con la justicia y dos años después fue condenado a 72 meses de prisión y multa de 1.000 salarios mínimos por el delito de lavado de activos.
La transacción se habría hecho a través de la firma Agropecuaria Ceiba Verde Ltda., de la cual es socia la exsenadora Dilian Francisca Toro y su esposo Julio César Caicedo Zamorano es el gerente. Estos predios, según la Fiscalía, tuvieron su origen en actividades del narcotráfico del cartel de Cali. En la investigación que se ha realizado se dice que, de acuerdo con los ingresos de Toro, no se justifica la compra de estas tierras.
Narcotraficantes como Diego Montoya, alias ‘Don Diego’; Victor Patiño Fómeque y Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’ aseguraron que habrían ayudado a financiar su campaña al Senado de la República.
Según el libro ‘Herederos del Mal’, “la red política que lidera la exsenadora ha sido señalada de apoderarse de la contratación del municipio de Palmira, lo que le ha permitido aumentar el poder de su casa política, suprimiendo la planta de cargos que existía en ese momento y creando una nueva para llenar sus cuotas, especialmente para sus candidatos que perdieron las elecciones en 2007. De esta forma reencauchaba a los líderes quemados en varios municipios del Valle, para mantener y aumentar el favor a su causa”.
El texto ‘Herederos del Mal’ describe la manera de como Dilian Francisca “ha crecido políticamente por tener una amplia participación burocrática en el sector salud, tanto a nivel nacional como departamental”.
Todo este aparato político, desde donde maneja su red política en el Valle del Cauca, sería utilizado para una posible candidatura a la Gobernación. Esto indicaría que las denuncias y los estudios que han realizado la Fundación Paz y Reconciliación sobre redes de corrupción política, más las alertas que emite la Misión de Observación Electoral (MOE), no han sido del todo escuchadas por las autoridades electorales, en este caso por el Consejo Nacional Electoral, para que evite que personas con señalamientos e investigaciones judiciales por posible lavado de activos y vínculos con el paramilitarismo, aparezca en el escenario para aspirar a manejar los destinos de una ciudad capital o todo un departamento.
Ya sucedió con Francisco Gómez, exgobernador de la Guajira, preso en una cárcel de Bogotá por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, de quien se dieron las alertas necesarias, y aun así un fallo del Concejo Nacional Electoral le mantuvo el aval otorgado por Cambio Radical.
Yahir Acuña en cuerpo ajeno
A pesar de todo lo que se ha dicho de Yahir Acuña y de tener investigaciones en su contra, él insiste en su idea de expandirse políticamente.
Si algo le ha sobrado al político sucreño desde que se hizo conocer en la política nacional, son motivos para ser nombrado en cada escándalo que hay, bien sea por posibles vínculos con actores ilegales o por presunta participación en manejos indebidos en la función pública, y que bien le podrían dar el título de ser el “más grande heredero del mal”.
Es tanta la prevención que genera su nombre en los altos círculos de la política nacional, que muchos prefieren darle el trato de “la amante escondida”, aquella persona, bien sea hombre o mujer, que se conoce de puertas para adentro únicamente por las noches en un lugar donde nadie les pueda ver juntos. Por esta razón, y ante el temor de que en cualquier momento las investigaciones que cursan en su contra puedan dar al traste con sus planes, prefirió abandonar su aspiración personal a la Gobernación de Sucre y dejar que Milena Jaraba Díaz, su esposa, sea quien busque llegar a este cargo, con su apoyo y el de toda la estructura política que ha logrado acumular en su natal departamento.
Es claro que de llegar Milena Jaraba al cargo, el poder detrás de la silla será su esposo, Yahir Acuña, quien seguirá el mismo procedimiento de Iván Moreno durante el tiempo en que Samuel Moreno, su hermano, estuvo ocupando la Alcaldía Mayor de Bogotá: ser el determinador de los puestos y contratos, y quien recibía un porcentaje sobre el monto total de la firma.
Es así como Yahir Acuña piensa ir esta vez por el botín de oro, es decir, la Gobernación de Sucre, territorio que en tan solo regalías mueve un capital cercano a los 300 mil millones de pesos, por los cuales se mueven grandes recursos para contratos de inversión pública en sus municipios, que hoy por hoy no se ven, y que según denuncias de distintos medios de comunicación, como la Silla Vacía, habrían sido apropiados por contratistas cercanos a este excongresista.
Ejemplo de esto es el contrato firmado por el consorcio llamado ‘Playas Coveñas-Tolú’, mediante el cual se pretende invertir 14 mil millones de pesos en Coveñas (Sucre), para hacer obras de protección y control de la erosión costera, de los cuales le fueron girados el 50% para el inicio de estas, hecho que hasta el momento no se ha dado.
Acuña no sólo es el padrino político de los alcaldes de Tolú y Coveñas, municipios donde se pretende ejecutar estas obras, sino que además la empresa contratista está integrada por Javier Eugenio Mizger Pacheco, hermano del político que ocupó el tercer renglón en la lista que Acuña encabezó al Congreso, José Carlos Mizger Pacheco, quien hoy es representante en la Comisión Segunda, en reemplazo de Yahir, e incluso conservó la misma asesora que éste tenía en su oficina. Es decir, que aquí todos los caminos conducen al excongresista.
Yahir Acuña aparece en la lista de políticos cuestionados en el texto ‘Herederos del Mal’, de autoría del director de la Fundación Paz y Reconciliación León Valencia y el investigador de la misma Ariel Ávila. Según el libro, el político sucreño logra llegar al Congreso de la República en medio de la disputa que sostienen los clanes políticos por mantener o hacerse al poder de Sucre, luego de la condena de Álvaro García Romero.
Todas las denuncias que en su contra se han hecho coinciden en asegurar que Acuña se ha hecho famoso en su natal departamento repartiendo whisky y plata en las calles de sus municipios, sin explicar o justificar la procedencia de estos dineros. También ha crecido el rumor en los pueblos de la región por la manera como el excongresista ha logrado capturar gran parte de la política y función pública en el territorio, que según ellos, consiste en prestarles en efectivo para cuando estos se encuentren supremamente endeudados, comprometerlos con su causa.
De esta manera es como según el texto, ha logrado hacerse a la administración pública en los municipios de Sincelejo, San Onofre, Chalán, Betulia, Since, Buenavista, Galeras, El Roble, San Benito, San Marcos, Guaranda, Majagual, Tolú y Coveñas.
Nota Publicada en el diario El Espectador