Por: León Valencia
Uribe fue uno de los primeros en hablar de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, lo hizo el 4 de julio de 2012, en el lanzamiento de la plataforma del Centro Democrático, con el argumento de la reforma a la Justicia. Después, el 21 de diciembre de 2013, las FARC propusieron en La Habana un “gran acuerdo político nacional para una Asamblea Nacional Constituyente” con el propósito esencial de refrendar los acuerdos de paz.
Recientemente fue el fiscal general Montealegre quien armó un alboroto proponiendo una constituyente con presencia de las FARC. No son los únicos que están en la idea. Por los lados de la izquierda la mayoría de los dirigentes ven con buenos ojos una convocatoria de este tipo y en la coalición de gobierno también hay voces en esa dirección. Se sabe igualmente que es una aspiración del ELN en las negociaciones de paz.
Creo entender por qué actores políticos o institucionales de las más diversas tendencias están buscando un espacio constituyente. El recuerdo de la Constituyente del 91 es bueno, por las reformas realizadas y por el ambiente de esperanza que se generó en el país en los cuatro años siguientes. El momento que vivimos tiene además algunos parecidos con aquel final de los años ochenta: hay una asombrosa pérdida de legitimidad de algunas instituciones, una crisis de liderazgo, un proceso de paz en curso y un clamor de cambio en algunos sectores sociales. También hay alguna conciencia de que los constituyentes del 91 no pudieron o no quisieron abordar algunos temas espinosos como un nuevo ordenamiento territorial y una reforma a las Fuerzas Armadas.
Pero, precisamente, porque la Constituyente del 91 es la referencia, tenemos que tomar en cuenta tanto sus éxitos como sus limitaciones y no olvidar que en la Constitución que salió de allí hay una definición precisa de las constituyentes del futuro. Esa asamblea se hizo después de la desmovilización y el desarme de las guerrillas que concurrieron al proceso de paz y no tuvo el propósito de refrendar los acuerdos establecidos. Tuvo un fin mayor, quizás no deliberadamente buscado: darle legitimidad plena al pacto de paz y a las nuevas fuerzas que ingresaron a la vida democrática del país. Ese fue su gran aporte.
Y la debilidad más importante le vino de la naturaleza parcial del pacto de paz. Dado que las guerrillas más viejas persistieron en el conflicto y que una parte de las elites políticas regionales ligadas a los paramilitares también se mantuvieron al margen, no fue posible encarar las transformaciones a las Fuerzas Armadas y darle un vuelco al territorio. El fantasma de la guerra no permitió ir más lejos.
Meter a una constituyente a refrendar los acuerdos mínimos que se han hecho en La Habana, que caben perfectamente en el actual ordenamiento constitucional, es un verdadero desperdicio; y hacerlo sin que se haya dado el ingreso pleno de los guerrilleros a la vida civil es darle la oportunidad a los enemigos de la negociación para que entren a saco en esos acuerdos y sigan agitando todos los miedos, todos los dolores, mostrando la fusilería enhiesta de la subversión. Sería seguir atados al pasado.
Una constituyente debe mirar al futuro y afrontar los temas del posconflicto. La fuerza pública que necesitamos después de la guerra. Un reordenamiento del territorio que nos permita romper las brechas, acabar con esta descentralización simulada que nos rige y darle un papel a las regiones, especialmente a las afectadas por este largo conflicto. Una transformación cierta de la Justicia. Y una reforma al obsoleto sistema electoral que abriga el fraude y la escandalosa presencia de dineros ilegales en la disputa política. Sería, como lo fue la Constituyente del 91, una gran bienvenida a las fuerzas que surjan de la paz, pero sobre todo, una oportunidad para renovar la democracia sin el estruendo ominoso de las balas.
Y para convocarla el camino más expedito y quizás el único posible dada la situación del país es el definido por la Constitución del 91 en su artículo 376. Es decir, el Congreso define su competencia, el periodo y la composición en una ley que deberá ser votada por mayoría en las dos cámaras. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos. La idea de una constituyente conformada mediante un acuerdo entre el gobierno y las guerrillas no parece posible ni deseable. Pero el ambiente que se crea después de un acuerdo de paz seguramente le dará un gran protagonismo a las fuerzas progresistas que enarbolen banderas de cambio.
Paralelo a las conversaciones de paz las fuerzas políticas y sociales del país podrían empezar a tejer el gran acuerdo nacional para convocar la constituyente. Esto serviría de acicate a las negociaciones y ofrecería un escenario cierto para la reconciliación nacional.
Columna publicada en Revista Semana