“La paz territorial que no fue posible”

25 enero, 2016

“La paz territorial que no fue posible”

Un grupo de dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), encabezados por Enrique Flórez, firmante del acuerdo de paz de Don Gabriel hace 25 años, conversó con El Espectador. Las memorias del proceso de paz que empezó con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1987 y concluyó con la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 tienen una sorprendente identidad con lo que ocurre hoy. No solo hacen parte de la misma escena política personalidades como Humberto de la Calle, Antonio Navarro Wolf, Gustavo Bell, Eduardo Verano de la Rosa oRafael Pardo Rueda, sino que el diagnóstico social de la guerra continúa inmutable.

El PRT fue una guerrilla de cerca de 200 hombres en armas que se fundó en 1983. Adquirió su mayor fuerza en la costa Atlántica, especialmente en los Montes de María. Participó de los movimientos de paz que empezaron en el Gobierno de Belisario Betancur y asistieron con un cupo, con voz y sin voto, a la Constituyente. Las armas de esta guerrilla fueron lanzadas al mar el 26 de enero de 1991, un día después de firmar el acuerdo final de paz. Hoy, de cara a un acuerdo de paz con las Farc, estos exdirigentes guerrilleros hacen un balance de su proceso, de los aciertos y desaciertos, y esperan que su experiencia sea tenida en cuenta en La Habana.

¿Qué era el PRT?

Era una organización político-militar que desde comienzo de la década de los 80 se configuró, producto de las disputas internas del PCML (Partido Comunista Marxista Leninista) y creamos el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Eso fue en el 83. Básicamente agrupó sectores campesinos, del magisterio, liderazgo sindical, estudiantil, sectores de lo que se llamó el sindicalismo independiente. Alcanzamos a tener presencia en el Valle, en Cauca, Nariño, Antioquia.

¿Cuántos hombre tuvieron?

Nos desmovilizamos 200 hombres. Pero nuestra estructura política fue más amplia.

¿Cómo fue la negociación?

Arrancó dentro de la Coordinadora Guerillera Simón Bolívar después de la desmovilización del M-19. En la Coordinadora se venían haciendo reuniones para ver la posibilidad de hacer un acuerdo unidos, pero no se logró. El M-19 salió con su proceso y la Coordinadora Guerrillera hizo que nos agrupáramos el Epl, el Quintín Lame y el PRT, quienes nos encontramos con la misma decisión: transformar el acumulado militar que teníamos en fuerza política. El proceso del M-19 y la simpatía que consiguió en la población y el rechazo a la lucha armada nos impulsaron a hacer una reunión los tres grupos con Rafael Pardo Rueda y dimos inicio al proceso de paz. En esa declaración adherimos a la iniciativa de paz del gobierno de Virgilio Barco, expresamos nuestra decisión de dejar las armas y de concentrar los frentes en distintas zonas del país donde tenía influencia cada grupo. La decisión de dejar las armas y la promesa de una Asamblea Nacional constituyente permitieron que la negociación fuera rápida.

¿Qué se negoció en ese momento?

25 años después nos damos cuenta de que en ese proceso de paz no hubo temas sustantivos a las necesidades de cambio que tenía el país, a diferencia de lo que hoy ocurre con las Farc en La Habana. En la mesa llegamos al convencimiento de que esas exigencias debían ser llevadas a la Constituyente. Entonces el acuerdo se limitó a establecer las condiciones para la reintegración de los grupos a la vida política y social del país. Un primer componente del acuerdo fueron las condiciones de la desmovilización, otro de garantías de seguridad, garantías económicas para los guerrilleros y se le puso especial atención a engarzar ese proceso a las regiones donde teníamos arraigo. Allí se hicieron planes regionales de desarrollo y se creó la Comisión de Derechos Humanos en la costa Atlántica.

¿Cómo fue la participación del PRT en la Asamblea Nacional Constituyente?

Con el acuerdo se nos dio la participación en la constituyente con voz pero no voto. En ese momento se nos dijo que no nos daban voto porque se producía un desequilibrio en las fuerzas de la constituyente dado el fervor que estaba teniendo la Alianza M-19. Fue una actitud mezquina la del Gobierno en ese momento.

¿Cómo fue la desmovillización?

Lo primero fue un cese unilateral del fuego y hacer una declaración de nuestra voluntad de dejar las armas. Luego nos concentramos en un campamento en la Haya, en el municipio de San Juan de Nepomuceno, Bolívar. De ahí nos desplazamos al municipio de Ovejas, en el corregimiento de Don Gabriel, en Sucre. Ahí, en el casco urbano, se desarrolló todo el proceso de negociación. Establecimos un área en que no podía haber Fuerza Pública y había una vigilancia y unos protocolos de acceso y de salida del perímetro pactado.

¿Cómo se monitoreó la concentración?

Con un dispositivo del Ejército y dentro del casco urbano la policía. Ahí estuvimos seis meses. Luego vino la discusión sobre la dejación de las armas. Y se impuso el criterio de que las armas no se le iban a entregar al Estado. Que nosotros no estábamos derrotados, que había temas de dignidad de combatientes, que la gente debía entender que esto no era la derrota de la guerrilla, sino la transformación de una fuerza militar en una política. Y llegamos a la decisión de botar la armas al mar. Quemamos los uniformes y destruimos las municiones el 25 de enero de 1991, y al siguiente día nos llevamos las armas, que eran aproximadamente 100 fusiles, y las lanzamos al mar cerca de Cartagena. Lo hicimos en una ceremonia simbólica con invitados como Orlando Fals Borda, Eduardo Verano de la Rosa, Antonio Navarro Wolf, Gustavo Bell. Simbólicamente las armas ya no servían y las echamos al mar.

¿Y cómo fue la reinserción?

Bastante traumática. En esa época no había la institucionalidad que hay hoy ni los estándares internacionales. Nosotros fuimos la prehistoria de los modelos de DDR. Hubo muchos traumas por el incumplimiento. No estaban preparadas para reinsertar 200 hombres y se improvisó mucho. Desde el subsidio por combatiente hasta los proyectos productivos fueron muy difíciles. El programa de reinserción pasó por mil entidades del Estado y tenía principios de corresponsabilidad y cogobierno. Teníamos un comité de voceros de cada guerrilla, incluyendo al M-19. Entonces se empezaron a crear oficinas y ONG para mover los programas. El balance fue traumático. Nuestra proyección era que el proceso tardaría dos años y nos demoramos trece. De 1991 a 2003, cuando el ministro Londoño puso punto final a los acuerdos.

¿Qué rescata de ese modelo de reinserción?

En una primera, entre el 91 y el 94, se creó el Fondo de Paz, que permitió desarrollar foros de desarrollo y paz en los municipios que nos permitieron ubicar las necesidades territoriales. Creamos un Consejo de Normalización que actuaba como interlocutor entre el nivel municipal y el nacional. Pero la respuesta institucional era muy lenta. Todas las demandas que recibimos en ese momento aún están vigentes. Otro de los logros fue la creación de la primera empresa de salud regional y el proceso de vivienda. Eso nos empezó a proyectar política y en el fervor de la constituyente hubo una movilización social por llegar al poder político local. Entonces creamos los comités cívicos y a conquistar alcaldías. Conseguimos Corozal, Chalán y empezamos a emerger en el poder local. Pero entonces se vino la arremetida paramilitar.

¿Cómo fue eso?

Entre 1991 y 1994 tuvimos nuestra primavera política. Despertamos fervor y conseguimos apoyo, pero a partir de 1994 se produjo la alianza entre los sectores políticos locales que estaban perdiendo espacio y sectores oscuros del militarismo. Hoy ya se sabe, después de Justicia y Paz, que de esa alianza participaron El Gordo García, los Nule y Mancuso. Eso terminó en el exterminio del PRT. En 1995 empezaron a matar a nuestra dirigencia. Fueron asesinados cerca de 30 dirigentes y 40 militantes, es decir, 70 de 200. La alianza de políticos locales, paramilitares y Fuerza Pública tenía como objetivo aniquilar a la dirigencia social de los Montes de María, y no solo del PRT. De ahí viene esa tragedia de los Montes de María, que ha dejado 250 mil desplazados y más de 2.000 líderes asesinados. Ahí se truncó la paz. Esa fue la paz territorial que no fue posible. El Estado fue incapaz de garantizarnos la vida. Del PRT nos salvamos los que nos desplazamos.

¿Y qué pasó con la gente del PRT?

Precisamente estamos buscando hacer un balance detallado 25 años después de la firma del acuerdo de paz. Vamos a convocar a nuestros sobrevivientes, vamos a volver a nuestras regiones para recoger nuestra historia. Queremos reconstruir nuestra experiencia para que sea tenida en cuenta en este nuevo impulso de paz.

¿Cuáles son esas lecciones?

Hay que decir que una de las diferencias entre la paz de ese momento y la que se negocia hoy era un ambiente respaldo social. Hoy hay mucha polarización. Pero veo como ventaja la atención que se le ha prestado a la paz territorial. Es que si no se eliminan las causas sociales de la violencia, no va a haber paz. Se necesita desarrollo. Un tercer elemento es el peligro que significa para la paz el entronque entre poderes locales y poderes mafiosos. Hay que evitar la reacción paramilitar. Y lo último es que la institucionalidad tendrá que hacer un gran esfuerzo para recibir la paz.

Las Farc exigen el desmonte del paramilitarismo y usted me dice que una de las principales causas del fracaso del acuerdo de paz de ustedes fueron esas fuerzas oscuras. ¿Cómo hacerlo?

Hoy hay una alianza entre élites locales, factores criminales del narcotráfico y sectores corruptos de la Fuerza Pública. Esa es la alianza que hay que desarticular. Y atacar esa cultura de las élites políticas de aniquilar a sus oponentes. A nosotros nos mataron alcaldes, concejales y a nuestros mejores líderes. Y para lograr desarticular eso se necesitan dos cosas. La más importante: la verdad. Y la segunda: la justicia.

¿Cómo fue su relación con el Eln?

Con ellos configuramos la trilateral: PRT, Mir Patria Libre, PRT. Confluimos en el proceso de paz de Batancur que el gobierno buscaba derrotar por la vía legal a la guerrilla. Por eso dijimos no. Tuvimos muchas discusiones que impidieron la integración. Sobre todo, la manera como ellos tramitaban las diferencias internas. El caso de Ricardo Lara nos tocó mucho, porque terminó siendo asesinado por el mismo Eln.

Hoy que se busca una mesa con el Eln, ¿qué mensaje les manda?

El Eln puede jugar un papel muy importante en el proceso de paz. Es la fuerza que hace falta para concretar el cuadro. Ellos deben dejar sus temores y sincronizarse con lo que está ocurriendo en La Habana. La paz de Colombia necesita el Eln.

¿En qué quedaron las luchas del PRT por la transformación del campo?

La violencia cerró los espacios organizativos. Hoy se necesita retomar esos caminos organizativos de los campesinos. En los montes de María hay dos zonas de reserva campesinas, pero no han tenido desarrollo las propuestas. La economía campesina de la costa Atlántica ha retrocedido 90 %. Y uno de los problemas fue que se crearon expectativas que no se cumplieron. Y espero que no se vuelva a producir ese error de entregar beneficios solo a las guerrillas y sus desmovilzados, pues se necesita beneficiar a toda la población.

¿Qué va a pasar con los sobrevivientes del PRT?

Hoy nos reafirmamos en que fue una decisión política acertada dejar las armas, quien no ha cumplido ha sido el Estado. Los movimientos que dejamos las armas hemos cumplido y hemos puesto una alta cuota de sacrificio. Es el Estado el que no ha cumplido y ha dejado esa paz de los 90 inconclusa. El PRT ha está empezando un proceso de reagrupamiento y estamos reconstruyendo nuestra historia. Y lo primero será llevar nuestro caso a la CIDH, porque vivimos un exterminio y nadie nos ha contado ni qué pasó ni por qué.

@AlfredoMolanoJi / @luchoceliscnai

Artículo publicado en El Espectador


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Artículo por: Juan Diego Castro @castroyleon | Publicado: Hace 2 años

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