Un escándalo nacional llamado Parapolítica
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2 febrero, 2016

Un escándalo nacional llamado Parapolítica

Cuando el ex fiscal Mario Iguarán hizo su última rendición de cuentas,  en medio de su discurso declaró que según las investigaciones de la para política que se desarrollaron durante su período al frente de la entidad, se pudo constatar que no fueron los paramilitares quienes buscaron a la clase política en las regiones donde tenían sus operaciones, sino muy al contrario, como lo establecieron también los análisis y estudios del tema que desarrollaron el director de la Fundación Paz y Reconciliación  León Valencia y la senadora Claudia López,  fueron  las elites de la política regional quienes acudieron en su ayuda,[i] con el fin de resistir a la descentralización política y administrativa que trajo consigo, no solo la constituyente del 91, sino también la elección popular de alcaldes, aprobada en 1986.

Lo anterior lo explican León Valencia y Claudia López en su estudio, “Paramilitares y Políticos, La Ruta de la expansión paramilitar”, a través de  la tesis de  Eduard Gibson quien desarrolló un  trabajo comparativo en transiciones democráticas. Este investigador logra demostrar que cuando se produce un cambio político en el sistema democrático en determinado país, las elites regionales que vienen del antiguo régimen, se resisten a esos cambios  y organizan lo que se conoce con el nombre de autoritarismos subnacionales, constituyendo fuerzas locales  para impedir  el  surgimiento de una nueva clase política. Es entonces cuando se comienza a  tejer el  maridaje entre el paramilitarismo y las elites locales, llegando a consolidar acuerdos en el nivel regional hasta llegar al  nivel nacional.

En el año de 1991 se celebró la constitución que rige en la actualidad, en donde se promovió la separación de poderes, pero además mediante  el artículo 128 del capítulo II [ii], y el numeral 8 del  artículo 179[iii]  del capítulo IV,  puso a los representantes de la democracia y a todos los funcionarios públicos en Colombia, en un solo cargo,   eliminando  lo que sucedía en la constitución anterior, la que  permitía que un senador o representante ocupara al mismo tiempo el cargo de ministro, embajador, alcalde, gobernador o concejal, favoreciendo a los caciques regionales concentrar poder en sus lugares de orígenes, lo que facilitó  que se consolidaran aún más los  grupos o familias electorales en cada uno de los departamentos del país y concentraran poder territorial.

Era difícil imaginar que con la entrada en vigencia de una nueva carta política en Colombia,  la concentración del poder se iría extinguiendo con el paso de los años. Tal hecho nunca sucedió y muy por el contrario, evitó que nuevas fuerzas políticas surgieran en el mapa electoral.

¿Que pudo suceder para que el cambio no fuera realidad?

Una de las banderas democráticas que los movimientos populares y progresistas agitaban la década de los 80,   fue la de la elección popular de alcaldes, permitida por la ley 78 de 1986, con lo cual se abriría el paso a la descentralización político y administrativa del Estado y su posterior modernización, a la cual se opusieron Julio Cesar Turbay Ayala, Víctor Mosquera Chaux y el Conservatismo en pleno con excepción de Álvaro Gómez. El  proyecto fue  liderado por el entonces ministro del interior Jaime Castro, quien lo concibió como inicio de la descentralización política y administrativa que regía a Colombia con anterioridad a la constitución vigente.

Tal centralización permitía que los gobernadores, intendentes y comisarios fueran nombrados por el Presidente de la República y estos a su vez eligieran a los alcaldes municipales, los que en su mayoría hacían parte de acuerdos políticos a favor de quien los nombraba en el cargo. Estos en mayor cantidad representaban a los dos partidos mayoritarios en Colombia (liberal y conservador),  quienes fueron concentrando el poder en el nivel local gracias a que la anterior carta magna les permitía a sus miembros  la multiplicidad en los cargos. Es así como un senador podía ser nombrado ministro,   embajador, gobernador y alcalde,  y al tiempo ser elegido concejal y diputado.

Buena parte de las relaciones que existían entre los dirigentes políticos y los representantes del gobierno nacional y departamental,  tenían que ver con el tema de la concesión de ayudas o auxilios y el nombramiento de alcaldes. En efecto, los congresistas y diputados se veían obligados a hacerles antesala a los funcionarios de turno con el fin de obtener recursos o aprobación de obras en sus regiones. Esas decisiones dependían de la buena voluntad del funcionario quien se valía de la falta de normas o reglas de juego en la materia,  que estableciera derechos u obligaciones sobre el particular y  que definiera su conducta para el manejo de esa clase de relaciones. Era natural que los funcionarios buscaran precio para su generosidad y que lo consiguieran. Dicho precio no era otro que la hipoteca de la voluntad política de congresistas y diputados.

En el nuevo orden desaparecen los dos condicionamientos señalados: los alcaldes fueron elegidos popularmente y para la ejecución de obras y la prestación de servicios locales se dispusieron recursos a disposición de la comunidad.

La reforma que consagró la elección popular de alcaldes se propuso contribuir al proceso de paz  promovido por la administración del ex presidente Belisario Betancuort y así mismo propiciar el incremento de la participación política. La norma también se concibió como un instrumento capaz de ampliar el espectro de fuerzas y movimientos, más allá del esquema bipartidista.

Los resultados  que arroja esta primera elección plantean un fenómeno esencial: si bien es cierto que irrumpieron nuevos actores sociales y políticos en distintos municipios y regiones, la presencia y el arraigo local de los partidos tradicionales continúa siendo uno de esos rasgos esenciales del régimen político.  La votación por partido para elegir alcaldes en las 32 circunscripciones regionales del país indica, de manera clara, que la geografía política que conocemos de tiempo atrás no varió sustancialmente y  tampoco superó, ni mucho menos cumplió con  las expectativas que en tal sentido se había planteado con la reforma. Este suceso lo explica el ex ministro Jaime Castro como la muestra clara de la lucha que se dio entre la clase política regional para no dejarse quitar el poder en sus departamentos por su rival y tampoco permitir el asentamiento de uno nuevo.

Se estrenan las elecciones para alcaldes y se inicia una guerra sucia contra una nueva clase política:

Cuando se inicia la correría electoral de quienes ostentaban el poder regional, para hacerse electoralmente a los municipios de los departamentos que controlaban,   de forma paralela   desde finales de 1986, cuando se iniciaron las campañas electorales, un total de 140 alcaldes y concejales en ejercicio, candidatos a las alcaldías y concejos, consejeros intendenciales, comisariales y diputados, fueron asesinados. De ellos, 50 eran de filiación liberal, 46 pertenecían a la Unión Patriótica y 39 al Partido Conservador. A estas cifras debe sumarse la lista de muertes aún en la impunidad  de cerca de 500 activistas, dirigentes comunales y campesinos que también perdieron la vida en forma violenta.

La violencia política se recrudeció de manera significativa en los dos meses anteriores a los comicios de marzo. Aunque en términos globales,  la Unión Patriótica ha sido el movimiento más afectado por la escalada de crímenes políticos, todos los partidos fueron  víctimas de esta especie  de guerra sucia”. El número de candidatos a las alcaldías asesinados hasta diciembre de 1986, once en total -seis de la UP, cuatro del socialconservatismo y uno del Partido Liberal-, en marzo se elevaron a 21 con la eliminación de cinco más de la UP y cuatro liberales. Así lo señalan las cifras presentadas y los cálculos realizados por el Departamento de Derechos Humanos del CINEP (Cuadro No. l), con los cuales se da cuenta del número de atentados efectuados contra los distintos partidos políticos entre el 1 ° de enero y el 13 de marzo de 1988.

El clima de violencia que antecedió a la primera elección de mandatarios locales también se vio recrudecido por la barbarie de las masacres colectivas contra campesinos y trabajadores agrícolas en el Meta, Urabá y Córdoba. En estas regiones, el derecho a participar en las elecciones se convirtió en una temeraria osadía.

cuadro no 1

Dentro de las nuevas fuerzas que pretendían posicionarse en el mapa político  se encontraba la  Unión Patriótica (UP)  a quien Iván Cepeda en su documento “GENOCIDIO POLÍTICO: EL CASO DE LA UNIÓN PATRIÓTICA EN COLOMBIA*, define como  una convergencia de fuerzas políticas a raíz del proceso de negociación adelantado a mediados de la década de 1980,  entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC).

La UP fue el primer movimiento político al que claramente se le hacía oposición por la vía armada, generando así una especie de resistencia a través de un sabotaje promovido por fuerzas oscuras.

Surgimiento de la Unión Patriótica:

En 1984,   como fruto de los diálogos entre gobierno y Farc, las partes acordaron  varios compromisos sellados con la firma de los llamados “Acuerdos de La Uribe”. En ellos se estipuló el surgimiento de un movimiento de oposición como mecanismo para permitir que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal del país. Las condiciones que permitirían ese tránsito a la legalidad,  consistían en un compromiso oficial para garantizar plenamente los derechos políticos a los integrantes de la nueva formación, y la realización de una serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles[i].

Es entonces cuando miembros de la UP y algunos de sus simpatizantes son asesinados en forma violenta, de los cuales algunos  han sido reconocidos por los ex jefes de las AUC a través de las versiones dentro de la Ley de Justicia y Paz:  “HH conocido también como Carepollo o Mono, dijo ante el fiscal de Justicia y Paz que si bien hubo equivocaciones y  pudieron matar inocentes, los crímenes obedecieron a un plan especial para dejar a Urabá sin guerrilla y reconoció que bajo esa idea ordenó la muerte de varios simpatizantes de la UP. Por eso las autodefensas entrenaron a sus hombres en la finca El Tomate, de propiedad de Carlos Castaño, en San Pedro de Urabá, donde empezaron a llegar decenas de combatientes que tenían la misión de limpiar a la zona. El modus operandi, sostuvo el paramilitar, era con base en los señalamientos que hicieran algunos informantes”. [ii]

El ex constituyente y ex ministro Jaime Castro, define este fenómeno como crímenes políticos, por tratarse de actores con militancia y formación de izquierda, los que fueron perpetrados por actores armados de derecha extrema quienes para ese entonces se hicieron mostrar como fuerza contra insurgente que no estaban de acuerdo con   que un movimiento político inspirado por la guerrilla de los años 80  se tomara el poder en Colombia.

En su momento cumbre como  partido político, la UP logró elegir 16 alcaldes y 256 concejales, y eligió 16 representantes al Congreso de Colombia. Sin embargo, en dos décadas de ejercicio político más de 3 mil de sus militantes fueron asesinados, entre ellos dos candidatos presidenciales y 13 parlamentarios.

¿Porque atentar contra miembros de la UP?

Varios factores conspiraron para que el proceso de la UP no fuera exitoso. Por un lado, sectores del establecimiento (políticos y militares) así como empresarios y ganaderos nunca creyeron en la real voluntad política de la guerrilla y vieron al nuevo partido como una extensión de la lucha armada.

La incapacidad del Estado para  combatir a la insurgencia propició el surgimiento de grupos de extrema derecha financiados por ganaderos, comerciantes, parte del estamento político y un sector de las Fuerzas Militares que se supone quisieron contener el  accionar de la guerrilla, que se traducía en un orden público deteriorado por los secuestros, asesinatos y extorsiones, en zonas como el Urabá, Magdalena Medio y los Llanos Orientales. Es precisamente en estos lugares donde  la UP comenzó a hacer política y se convertían en los lugares donde más ganaba adeptos. El estadounidense Steven Dudley en su libro,  Armas y urnas – Historia de un genocidio político,  señala que “los enemigos del proceso no se detuvieron a escuchar la plataforma de la UP,  ni se preocuparon por comprender sus motivos, simplemente los igualaron con las FARC y procedieron a eliminarlos”.

En el corazón de Colombia, en Puerto Boyacá, ganaderos y comerciantes reaccionaron a estos acuerdos políticos con la insurgencia armada, mediante la creación de Acdegam, una asociación sin ánimo de lucro, que serviría como fachada a las autodefensas. Otro factor en esta historia es la alianza entre narcotraficantes y paramilitares. Como ejemplo está la creación del grupo Muerte a Secuestradores como retaliación al secuestro de   Martha Nieves Ochoa (hija del caballista Fabio Ochoa y hermana de los capos que lideraban el Cartel de las drogas de Medellín),  ejecutado por la guerrilla,

A finales de 1986, revela Dudley que “la UP envió a Salazar, jefe de propaganda del movimiento político, a negociar con Gonzalo Rodríguez Gacha para tratar de pactar una tregua. Gacha le propuso a las FARC que lo dejaran trabajar, ya que para este momento el grupo guerrillero empezaba a meterse en el multimillonario negocio de las drogas. No obstante, las FARC no aceptaron la tregua con el mexicano y este les  declaró la guerra, con lo que se recrudecieron los ataques a los miembros de la UP”.

Entre tanto, la guerrilla intensificó los ataques a la fuerza pública, lo que ocasionó que el gobierno Barco les diera un ultimátum: “Si las FARC no se desarman y no se desmovilizan, la única opción que tiene el Gobierno es exterminarlas militarmente”.

Como respuesta, las FARC dieron por terminado el proceso de paz y retiraron a sus líderes de la UP (Braulio Herrera e Iván Márquez) quienes volvieron a comandar frentes guerrilleros. El mexicano en retaliación ordenó el asesinato del senador de la UP, Pedro Nel Gómez.

Los paramilitares que ya contaban con 5 mil unidades realizaron una de sus primeras masacres en el municipio de El Castillo, en el corregimiento de Vista Hermosa, en el Meta, en donde asesinaron a 17 militantes de la UP.

Mientras que en esta misma línea, los hermanos Fidel y Carlos Castaño, empezaron a conformar grupos de autodefensas en la Zona bananera de Urabá, como reacción al asesinato de su padre y al control, extorsiones, asesinatos y secuestros que cometían  las FARC en la zona. La forma que optaron para causarle daño al grupo guerrillero fue precisamente atacar a la UP.

El naciente grupo de Autodefensas de Córdoba y Urabá inició el exterminio sistemático de los militantes de la UP, a quienes veían como la extensión política de las FARC. Dudley cuenta que desde 1983 el grupo de Fidel Castaño “mató gente sin piedad, en grupos de ocho y diez personas, algunos de ellos mujeres y niños, utilizando armas primitivas, como machetes. Los militares no solamente les permitieron actuar y hacer el trabajo sucio, sino que desde entonces les brindaron protección”. Es entonces cuando nace el  grupo de Los Tangueros, en referencia a la finca de Castaño llamada Las Tangas, en donde el grupo fue entrenado y al tiempo sometía a sus víctimas a interrogatorios y torturas, incluso muchas víctimas fueron enterradas en estas tierras.

En 1987, los paramilitares junto con dos narcotraficantes (Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha) financiaron la contratación de cinco mercenarios israelíes, entre ellos Yair Klein, para impartir un curso de contrainsurgencia a un grupo de 50 de sus mejores hombres. Entre los entrenados aparece el Negro Vladimir, un ex guerrillero de las FARC que se convertiría en uno de los más temibles y sanguinarios comandantes paramilitares del Magdalena Medio y quien después confesaría el asesinato de unos 800 militantes de la UP.

A finales de 1988, los paramilitares escogieron a la población de Segovia como su primera advertencia a las FARC y a la UP. Allí fueron asesinados 43 campesinos, con la complicidad de la  policía y el ejército, como fuera demostrado posteriormente por la justicia colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo que condenó al Estado Colombiano por acción y omisión.

Por esta misma época, en el Magdalena Medio, las Autodefensas comandadas por Henry Pérez habían “limpiado” a municipios como Puerto Boyacá. Además habían creado el movimiento Político Morena.

En 1987 se registró el asesinato de 111 miembros de la UP;  en 1988 fueron 276 y en 1989 la cifra bajó a 138. Todos estos asesinatos coincidieron con las zonas en las que la UP había logrado triunfos electorales.

Otro de los hitos en la historia política de la UP, fue el asesinato del candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, ejecutado por paramilitares. Ante la ya evidente campaña contra el movimiento político, su sucesor en la dirección del partido y candidato presidencial, Bernardo Jaramillo, solicitó mayores garantías al gobierno de Barco, al tiempo que se distanciaba de las FARC.

Para tratar de lograr una tregua con los paramilitares, el nuevo candidato a la presidencia por la UP se reúne con Pablo Escobar, a quien le solicita que medie con Gonzalo Rodríguez Gacha para terminar con el exterminio. Escobar le asegura que de su parte no tienen nada que temer; el problema era con El Mexicano y Fidel Castaño. El primero no era inconveniente para el capo, pero de Castaño no podía asegurar nada. Al final  Jaramillo no pudo establecer una tregua con los grupos paramilitares, encabezados, y más adelante sería asesinado por orden de Carlos Castaño.

En 1994, las autodefensas asesinan al último representante de la UP en el congreso de la República, el senador Manuel José Cepeda.

El epílogo de la UP sobrevendría en 2003, cuando el Consejo Nacional Electoral le quita la personería jurídica al movimiento que no pudo sacar más de 50 mil votos en las elecciones de 2002. Ese sería el final jurídico de este movimiento y el de uno de los capítulos más sangrientos de la historia del país[iii] [iv] [v].

cuadro no 2

Resultados electorales. Resumen comparativo 1986 -1988

cuadro no 3

La Constituyente de 1991 un segundo cambio al que era necesario resistir:

Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se permite  la elección popular de gobernadores,   se facilita la creación e institucionalización de nuevos partidos y movimientos políticos mediante la ley 130 de 1994;  se  pone fin a  la multiplicidad en los cargos gubernamentales y  se  transforman  los territorios nacionales (Intendencias y Comisarías) en departamentos.

En tales cambios políticos comienzan  a jugar los desmovilizados del M-19, desde 1991 y más adelante harían lo mismo quienes desde otros grupos armados dejarían las armas para regresar a la vida civil.

Durante la década de los noventa el panorama electoral estuvo regido por la Ley 130,  la que permitía que los  partidos y movimientos se conformaran luego de la recolección de un  determinado número de firmas. Elección tras elección, estos aparecían y desaparecían del panorama electoral, sin que las autoridades correspondientes se percataran de donde o como habían surgido. Tanto creció el número de movimientos políticos que en el año 2002 compitieron más de 60 partidos y movimientos políticos para las elecciones de cámara y senado.

Junto a esto la llamada operación avispa que hizo carrera en el liberalismo durante las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, se hizo extensiva a los demás partidos y movimientos políticos. Esa estrategia, que consistía en dividir listas al Senado y  Cámara para alcanzar el mayor número de curules, se tomó prácticamente la campaña electoral de 1994.

Como resultado de las fórmulas que adoptaron cada partido y movimiento que lanzó candidatos para congreso, los liberales y conservadores siguieron dominando el capitolio nacional,  mientras que la AD M19, después de colocar 9 parlamentarios en la Cámara Alta, no alcanzó ni uno. Entre los grupos religiosos, la Unión Cristiana, también vio reducido el número de votantes, al bajar de 67.882 votos en el 91 a 54.679.

En estas elecciones algunos caciques electorales que en un tiempo se jactaban de su alta votación, comenzaron a ver reducido su caudal electoral. Es así como Bernardo Guerra Serna, varón electoral de Antioquia, no superó los 35 mil votos. También fue  vertical la caída de Alberto Santofimio, quien después de haber obtenido 108 mil votos en las elecciones de 1986, pasó a 50 mil en 1991 y luego descendió a 29.701. Otros mediante alianzas y cambio de casas políticas aumentaron su caudal.

En 1994 cuando ya el Congreso de la República  se alistaba para iniciar su labor como ente de control legislativo y el presidente Ernesto Samper emprendía su trabajo como primer mandatario, el ex candidato presidencial y primer adversario político del ejecutivo, Andrés Pastrana,  da a conocer al país las cintas en audio que comprometerían al primer mandatario con el cartel del Cali y por el cual 9 políticos en su mayoría del Partido Liberal,  fueron condenados por la justicia.

Este suceso judicial  conocido con el nombre de proceso  8.000, marcó la historia política del país, por tratarse de la primera vinculación oficial de altos funcionarios del  Estado con un actor ilegal. Por este hecho el liberalismo ha sido castigado en las urnas por la opinión pública, por lo que hasta el momento no le ha sido posible su regreso a la silla presidencial, sumado al  escalonado desmembramiento de sus listas al congreso.

Al tiempo en que este fenómeno político sucedía, los paramilitares quienes desde el año 1988,  llevaban  a cabo una  escalada de violencia en algunos lugares del país, para este entonces acrecientan el número de acciones contra la población civil, coincidiendo además con la época en que se celebraba otro acercamiento de paz con las Farc, y  mediante las cuales inician su expansión a lo largo y ancho del Territorio nacional . (Ver cuadro No 4)

Cuadro No  4 masacres de los paramilitares:

Masacre Departamento Fecha
Honduras y la Negra zona bananera de Urabá marzo de 1988
Segovia Antioquia noviembre de 1988
La Rochela Santander  enero de 1989
La mejor esquina Córdoba marzo de 1988
Simacota Santander enero de  1989
Puerto Bello Antioquia enero de 1990
Paime Cundinamarca septiembre de 1990
Soacha Cundinamarca junio de 1993
Pichillín Sucre diciembre de 1996
Mapiripán Meta julio de 1997
Miraflores Guaviare octubre de 1997
El Aro Antioquia octubre de 1997
Tocaima Cundinamarca Noviembre de 1997
Puerto Alvira Meta Noviembre de 1998
Santo Domingo Arauca Diciembre de 1998
Curumaní Cesar enero de 1999
Apartadó Antioquia enero de 1999
La Hormiga Putumayo enero de 1999
Tibú Norte de Santander agosto de 1999
Catatumbo Norte de Santander agosto de 1999
Astrea Cesar enero de 2000
El salado Bolívar febrero de 2000
El Tarra Norte de Santander febrero de 2000
Macayepo Bolívar octubre de 2000
Granada Antioquia noviembre de 2000
Sitio Nuevo Magdalena noviembre de 2000
Ciénaga Grande Magdalena noviembre de 2000
Carmen de Bolívar Bolívar abril de 2000
Coloso Sucre marzo de 2000
Trojas Cataca Magdalena noviembre de 2000
El Peñol Antioquia enero de 2001
Chengue Sucre enero de 2001
Calima Valle del Cauca agosto de 2001
Buga Valle del Cauca octubre de 2001
Bojayá Chocó mayo de 2002
Segovia Antioquia agosto de 2002
Valledupar Cesar diciembre de 2002
Tierralta Córdoba mayo de 2003
Buenaventura Valle del Cauca junio de 2003

Mediante estas acciones violentas los paramilitares se acentúan en estos lugares como la primera autoridad militar y civil, por lo que no es de extrañar que cualquier asunto debiera pasar por sus manos, pero además toda persona que tenía intenciones de realizar actividades proselitistas a su favor debía contar su aval.  Es así como a partir de  1998 quienes tenían aspiraciones políticas se dan a la tarea de tejer acuerdos con el fin de verse favorecidos por la intimidación armada que llevaban estos a cabo,  estableciendo pactos, algunos de los cuales quedaron escritos, más sin embargo a pesar de que en todos se buscaba el apoyo del proselitismo armado de las AUC, la contraprestación política era distinta.

Establecimiento de acuerdos entre el paramilitarismo y la clase política:

En noviembre de 2005, a través de un estudio realizado por Claudia López, publicado en  la Revista  Semana, Colombia supo que los paramilitares en el 2002, luego de sembrar el terror en algunas zonas del país, a través de incursiones armadas en su mayoría en los lugares mencionados en el cuadro anterior,  realizaron una estrategia que les permitió apoyar y  elegir no menos de la tercera parte de los congresistas.

Mediante este trabajo se  observó que en los sitios donde las autodefensas colombianas cometieron masacres, hubo  candidatos que en algunos casos se presentaban por primera vez a unas elecciones para congreso  obteniendo votaciones atípicas y algunos de los que repetían campaña crecían exageradamente en número de votos.

Con el estudio se comprobó lo que hasta el momento había sido un rumor que desde el año 2002 iba y venía en los medios de comunicación: “Los paramilitares estaban apoyando candidatos en las elecciones para senado y cámara”, y que tales apoyos los otorgaban luego de establecer acuerdos de los cuales el primero en conocerse fue el que se llevó a cabo en Santa Fe de Ralito.

El Pacto de Ralito  no fue el único que se llevó a cabo entre el paramilitarismo y algunos políticos locales y nacionales, con anterioridad se habían firmado otros en el nivel regional que les permitió capturar el poder local y entrelazarse con las elites regionales que se resistían a compartir el poder con una clase emergente. Estos hechos se fueron  conociendo en la medida en que se fueron dando las versiones libres y los organismos de seguridad e investigación realizaron algunas incautaciones como el computador de Jorge 40 y Don Antonio, en los que  encontraron información que permitió comprobar la penetración del paramilitarismo en el poder público local, la captura de las rentas regionales y su estrecha relación con el narcotráfico.

Ahora se sabe que estos pactos significaron mucho más que una estrategia de constreñimiento al elector y un cambio del mapa político. En las versiones libres de los jefes paramilitares en el marco de la ley de justicia y paz se ha dibujado un cuadro macabro: más de 21.000 asesinatos y desapariciones, cientos de secuestros y reclutamiento de menores, más de 3.200 fosas comunes identificadas, millones de desplazados. Es decir,  la captura del Estado en las regiones y la gran influencia en la política nacional,  se hizo sobre la base de una crisis humanitaria de proporciones gigantescas.  Ni las dictaduras del Cono Sur ni las guerras centroamericanas registran tamaña tragedia.

Los siguientes son algunos pactos entre políticos y paramilitares  que se han dado a conocer a la opinión pública:

  1. Pacto de Ralito:

El Pacto de Ralito, es el nombre con el que se le conoce al pacto secreto, firmado en el año 2001 entre jefes de grupos paramilitares colombianos y más de cincuenta políticos de diferentes regiones del país, entre Senadores, Representantes, Concejales y Alcaldes para un proyecto político que prometía “refundar al país”. La revelación de la existencia del documento constituyó uno de los episodios más sonados dentro del llamado escándalo de la Parapolítica.

El acuerdo se firmó en Córdoba en el 2001, por fuera del marco legal del proceso de paz que adelantaba el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Al darse a conocer en el 2006, se produjo un escándalo nacional que dejó como protagonistas a congresistas, en su mayoría uribistas, y permitió tener una prueba documental del alcance y penetración política de las AUC en las distintas instancias de la vida nacional y regional

Según investigaciones del diario “El Espectador”, el pacto estaba enmarcado dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley bajo la financiación del narcotráfico.

Los políticos fueron convocados por Salvatore Mancuso, jefe del Estado Mayor de las AUC; ‘Don Berna’, inspector general de las AUC, y ‘Jorge 40’, comandante del Bloque Norte de esa organización, para sellar un acuerdo que buscaba “refundar nuestra patria” y hacer “un nuevo contrato social”.

La mayor parte de los políticos firmantes del documento y de los demás involucrados en el escándalo de la para-política son de departamentos que han sido azotados por la violencia, en los cuales algunos  luego de establecer dicho acuerdo logran un buen caudal electoral, mientras otros lo reafirmaron.

El 20 de marzo de 2007 el Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, llamó a indagatoria a 20 políticos y un periodista firmantes del pacto. La Corte Suprema por su parte llamó a indagatoria a los  congresistas: José de los Santos Negrete, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, William Montes y Miguel de la Espriella, por el delito de concierto para delinquir. El 14 de mayo de 2007 la Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra esos congresistas y la Fiscalía contra la ex representante Eleonora Pineda. Todos fueron acusados del delito de concierto para delinquir agravado, ya que existían indicios y pruebas sólidas que demostraban  que los firmantes se habían beneficiado políticamente del acuerdo y que lo habían suscrito voluntariamente.

Hasta el momento las decisiones judiciales respecto a los firmantes del Pacto de Ralito han dejado un rastro de incoherencia y casuística. Las investigaciones de William Montes y José de los Santos Negrette fueron precluidas con el argumento de que la sola firma no constituye delito alguno. Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda fueron condenados porque se comprobó que no sólo con la firma del pacto sino de otras maneras se beneficiaron electoralmente del accionar paramilitar. Reginaldo Montes y Juan Manuel López Cabrales se encuentran en la etapa de juicio. Es política y jurídicamente dudoso, además de grave, que se descarte como delito la suscripción de pactos y documentos, de manera clandestina, con una organización responsable de crímenes de narcotráfico y de lesa humanidad, con fines que interfieren la acción política y constitucional del Estado. El debate al respecto continúa en instancias nacionales y no se descarta que llegue hasta instancias internacionales.

  1. Pacto de Chivolo:

En un allanamiento a una de las fincas de alias Jorge 40, comandante paramilitar del Bloque Norte, se encontraron varios documentos suscritos por éste con políticos locales y regionales. Uno de ellos fue el llamado Pacto de Chivolo, que se habría realizado el 28 de septiembre del 2000, al que asistieron 13 candidatos a alcaldías y 395 personas, entre aspirantes a concejos y a asambleas.

La reunión, realizada en el municipio de Chivolo en Magdalena, fue al parecer una ‘gran convención’ del movimiento regional ‘ Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida’, impulsado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. En el pacto quedó establecido que  ‘Provincia Unida’ apoyaría para la gobernación del Magdalena, en las elecciones locales del año 2000, al liberal y ex alcalde de Santa Marta, José Domingo Dávila Armenta. A la decisión se llegó mediante una votación de los participantes y candidatos del proyecto “Provincia Unida” en la que Dávila Armentó obtuvo 266 sufragios, el candidato José Alfredo Ordoñez 138 y 6 votos fueron anulados.

El manuscrito sirvió de base para la elaboración de un comunicado a la opinión pública del Magdalena, confirmando la creación del movimiento regional hecho por una ‘convención’ de representantes de 15 municipios. Uno de los compromisos adquiridos fue luchar porque la capital del departamento se traslade a uno de esos municipios.

Dávila Armenta fue electo gobernador del Magdalena en el 2000. Además del ganador a la gobernación de Magdalena, el Pacto de Chivolo escogió candidatos a la Asamblea Departamental y las Alcaldías y Concejos municipales de los municipios de Plato, Tenerife, Pedraza, Chivolo, Nueva Granada, Ariguaní, Remolino, Sabanas de San Ángel, Zapayán, Salamina, Pivijay, Concordia, Cerro de San Antonio, Algarrobo y El Piñón, que conforman más de la mitad de los municipios del departamento del Magdalena.  El experimento  electoral estaba tan bien conformado y organizado, que en esa fecha, septiembre de 2000, escogieron candidato a la alcaldía de Zapayán, municipio que fue creado después de suscrito el pacto.

De los 410 dirigentes políticos que suscribieron el acuerdo, a la fecha se adelanta investigación penal contra menos de 10, entre los cuales se encuentra Ricaurte José Ternera, entonces candidato al concejo de Sabanas de San Ángel y los ex diputados Edgar Manuel Castro, Fernando Jesús Mozo, Franklin Lozano y Jorge Vega Barrios.

  1. Pacto del Magdalena o San Ángel:

En una operación del Gaula del Ejército en la finca Nueva Roma, en San Ángel, Magdalena entre los elementos personales de Darío Alberto Laíno Escopeta,  aliado de Jorge 40, se incautó un computador portátil y algunos documentos, entre los cuales, hallaron el original de un acuerdo político firmado en 2002 por aspirantes al Congreso con diputados y alcaldes del Magdalena, para hacer una “parcelación electoral” que les garantizaría una curul a por lo menos tres caciques de la Costa. En uno de los puntos, Castro se compromete a entregar 100 millones de pesos para la campaña de Maloof al Senado en el 2002.Como contraprestación, Maloof pediría una licencia y, así, le daría a Castro una ‘palomita’ de un año.

  1. Pacto de Granada:

En marzo del año 2000 el Colegio La Inmaculada-Carrisola, de la vereda Nueva Granada, jurisdicción de Tierralta sirvió como escenario para lo que algún día se conocería como el Pacto de Granada mediante el cual Salvatore Mancuso decidiría quienes serían los tres próximos alcaldes del municipio de Tierralta.

  1. Cumbre de Caramelo:

De este encuentro poco se sabe, la opinión pública pudo conocerlo mediante la publicación  del 24 de marzo de 2008 de la Revista Semana.com, en el que dice que  este encuentro se dio entre jefes de las AUC con políticos que ya tienen procesos judiciales por parapolítica, bien sea de manera preliminar o formal.

Con el titular La cumbre de Caramelo, la revista semana,  da cuenta de lo dicho por Rocío Arias, quien dio a conocer los pormenores de esta reunión de la que no quedó documento firmado.[1]

  1. Pacto de Puerto Berrio:

La Fiscalía concluyó que existen evidencias del pacto político que selló el grupo de senador de Convergencia Ciudadana, Luis Alberto  Gil,  con las autodefensas en el departamento de Santander. Testimonios relacionan a Gil en reuniones con jefes paramilitares. La primera se efectuó en diciembre de 2001 en un conocido restaurante de Medellín, en El Poblado, y a ésta asistió Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. La Fiscalía documentó un segundo encuentro, en enero de 2002, entre Gil y los ‘paras’ Báez y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. A la reunión, llevada a cabo en Puerto Berrío, Antioquia, también acudieron varios concejales de Barrancabermeja que fueron convocados, según declararon al ente acusador, para que el Movimiento Alternativo Regional (MAR) apoyara a Nelson Naranjo, segundo renglón de José Manuel Herrera a la Cámara de Representantes. Así lo testimoniaron ex concejales como Morgan Egea Sánchez, Jesús Sanabria y José Agustín Quecho. [2]

  1. Reunión de Coordinación:

En el documento de 17 puntos, denominado ‘Reunión de Coordinación’,  seis  candidatos a alcaldías se obligan, explícitamente, a seguir las directrices del jefe paramilitar del Casanare, uno de los que no se acogieron al proceso de paz. Entre los compromisos acordados  con las autodefensas, se encuentra  el plan de Gobierno y permitir que “la organización fiscalice los proyectos de inversión”. ‘Martín Llanos’ también exigió “destinar tres cargos para gente seleccionada por la organización y disponer de una persona como oficial de enlace con las ACC”. El documento, según confirmaron investigadores, corresponde a una reunión realizada el 23 de agosto del 2000 en algún lugar del Casanare. [3]

  1. Pacto de la Lorena:

Los paramilitares Juan David Betancourth, alias ‘Walter’, Ricaurte Soria, alias ‘Orlando Carlos’, Jhon Freddy Rubio, ‘Mono Miguel’ y José Bedoya, ‘Moisés’, aseguran que en la mítica finca La Lorena, en la vereda Luisa García,  el ex congresista Emilio Martínez,  hizo un pacto con el Bloque Tolima para que protegiera y respaldara a sus candidatos.

“La reunión, en la que se trataron temas políticos, se realizó unos días después de la masacre de La Chamba (14 de noviembre de 2000). [4]

  1. Pacto del Chocó

El reconocido ex jefe de las Auc, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, entregó a la Corte Suprema de Justicia una lista de nombres de 23 políticos que presuntamente fueron financiados y apoyados políticamente por las Autodefensas.

Según la información presentada por la FM,  existió un plan del bloque Élmer Cardenas de las AUC encaminado a crear proyectos políticos en Antioquía, Córdoba y Chocó con el fin de tener un respaldo completo en el Congreso, gobernaciones, alcaldías y asambleas.[5] Dentro de ese grupo de mencionados de Rendón se encuentran el Gobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez,  los representantes a la Cámara por el Chocó,  Odín Sanchez  Edgar Ulises Torres, Julio Ibargúen;  el  ex gobernador. Carlos Escobar, y  el candidato a la gobernación. Iginio Mosquera.

  1. El Sindicato:

Salvatore Mancuso habló del tema a mediados de 2007, revelando a la Fiscalía que en la época de elección de gobernadores del 2003, seis congresistas conformaron un grupo denominado “el sindicato” y lo buscaron a él con el objetivo de proponerle que apoyara a un candidato de ellos en Córdoba y así acabar con el dominio tradicional de la familia López Cabrales, cuyo candidato era Libardo López. Mancuso afirmó que los seis congresistas que integraban el ‘sindicato’ eran Zulema Jattin, Julio Manzur,  Miguel de la Espriella y  Eleonora Pineda. [6]

  1. Urabá:

El político de Urabá  Dagoberto Tordecilla denunció que Rubén Darío Quintero y Humberto Builes hicieron parte de un pacto político con el comandante paramilitar Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, del que él mismo sacó provecho, al recibir un contrato como asesor en el Congreso.

El denunciante dijo además que en ese pacto habían participado también los ex alcaldes  Estanislao Ortiz Lara de Turbo, Edison Yanez Tirado de Necoclí, Gustavo Germán Guerra de Arboletes y Hugo Caballero Ballesteros de San Pedro de Urabá. De ellos, aseguró que participaron en la reunión realizada en el 2001, en la escuela de Pueblo Nuevo, Necoclí,  en la que se acordó que los paramilitares apoyarían una lista al Congreso para el periodo 2002-2006. Según Tordecilla, en esa misma reunión estuvo presente alias ‘El Alemán’ quien avaló los nombres de Manuel Darío Ávila Peralta, Jesús Doval, Estanislao Ortiz  y Cesar Augusto Andrade para la lista a la Cámara, con el acuerdo de que cada uno se rotaría un año, como en efecto ocurrió. Según documentos en poder de las autoridades, los hermanos de  alias ‘el Alemán’, hicieron parte del convenio. La lista de Cámara salió electa y apoyó al Senado a la lista encabezada por Rubén Darío Quintero, quien también resultó electo. Todos los participantes de este pacto están siendo investigados.

  1. Pivijay:

El 20 de septiembre de 2001, en  Monterrubio, zona rural de Pivijay, Magdalena, se dio la primera reunión a la que llegaron una serie de personas entre quienes se encontraba Neyla Alfredina Soto Ruiz, conocida como ‘Sonia’.  La reunión, de la que también participaron concejales y políticos locales, tenía como propósito, según consta en la providencia de 17 páginas, divulgar el mensaje y los objetivos perseguidos por ‘La Provincia Única’ movimiento impulsado por Jorge 40, además de apoyar de manera incondicional la gestión de Karelly Lara Vence, quien para ese entonces se desempeñaba como alcaldesa del municipio de Fundación, Magdalena, (2001 – 2003).[7]

  1. Eje Cafetero – Caldas:

En el mes de septiembre de 2008, mediante el titular “Así se repartieron Caldas”,  el Espectador habló sobre la manera como Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, dividió el departamento en distritos electorales,  para apoyar candidatos a las distintas corporaciones en el departamento y tejer una red que respaldara aspiraciones tanto a Cámara como a Senado,  al mejor estilo de Jorge 40 con la Guajira, Cesar y Magdalena, según la sentencia judicial conocida por el diario.[8]

Estas investigaciones en Caldas dejan, hasta ahora, como principales involucrados a los ex congresistas Dixon Ferney Tapasco y Emilio Enrique Ángel. Otra de las personas investigadas es la senadora Adriana Gutiérrez, pupila del hoy Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, quien ocupó el cargo de senador en el periodo 2002 -2006 por el movimiento Convergencia Popular Cívica, promovido  por alias “Ernesto Báez” y por el cual aspiró y ejerció como senador Carlos Clavijo, condenado por parapolítica.  El Ministro fue investigado por su presunta vinculación política con la red política paramilitar del Magdalena Medio. El 9 de julio de 2008 la Fiscalía General de la Nación mediante el Auto Inhibitorio No 1135-10 señaló que luego de escuchar varios testimonios, entre otros los de Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; Ramón Isaza Arango y la ex parlamentaria Rocío Arias, no encontró ningún tipo de vinculación política o personal del Ministro de Hacienda con las mencionadas personas.

  1. Reunión de las Canarias

Según las investigaciones de la Fiscalía, Salvatore Mancuso lideró un primer pacto con empresarios, ganaderos y políticos de Sucre y Antioquia, al cual  le llamó la reunión de las Canarias.

Esta cita contó con la presencia de sesenta personalidades de los municipios de Antioquia y Sucre,  entre las cuales se encontraba Miguel Nule Amín, Joaquín García, Humberto Vergara Tamara, Jaime Isaac, Rodrigo Montes, Juan Diaz Yepes, Alfonso Olivares, Ramón Villegas, Eduard Cobos, Javier Piedrahita, Elías Valdez, Ángel Villareal, Luís Eduardo Martinez, Arutro Cumplido, Armando Seguera, Victor Guerra de la Espriella, etc.

En la reunión se acordó, según la versión libre de Salvatore Mancuso,  la financiación y operación de las AUC en los departamentos de Sucre y Antioquia y la manera en que se convertirían en  confederación. En el encuentro Ernesto Báez, propone aprovechar la presencia ganada en el territorio nacional para buscar el estatus político, para lo cual idearon el plan de infiltración de los poderes políticos en sus regiones.

Las Contraprestaciones que se lograron a través de estos pactos:

Los diferentes pactos evidencian que por parte de los paramilitares la imposición de candidatos a todos los cargos y corporaciones de elección popular tenían como objetivo  ganar la  representatividad política y   capturar las funciones del gobierno que tendrían los candidatos que resultaran elegidos. De una parte, al conquistar posiciones locales y regionales podrían ascender más fácilmente a instancias nacionales, como en efecto lo lograron masivamente en el 2002 y 2006. De otro lado, podrían hacerse a varios negocios públicos y privados que diversificarían sus fuentes de ingreso y, en algunos casos, incluso lavar más fácilmente los ingresos de negocios ilícitos.

Salvatore Mancuso a través de las versiones libres reconoció  que promovió por lo menos 3 candidatos a Congreso, alcaldes y concejales, influyó en la designación  del personal directivo y administrativo de  la Universidad de Córdoba. Otro tanto logró en la gobernación del Departamento, en donde  impuso al menos a dos secretarios de despecho, entre ellos el de salud y, aunque no ha dado nombres específicos, reconoció sobornar a miembros de la fuerza pública y afirmó genéricamente que por cada kilo de coca invertían al menos un millón de pesos en sobornos.

Lo mismo  puede decirse de alias “Jorge 40” en Cesar y Magdalena. Aunque “Jorge 40” prácticamente no confesó nada en sus declaraciones, la incautación de material documental y de computadores de su pertenencia o de algunos de sus más cercanos lugartenientes, dejaron al descubierto su impresionante penetración en la Costa Atlántica. Esas incautaciones sirvieron de prueba reina para demostrar hasta donde los paramilitares se repartieron la administración y el presupuesto del municipio de Soledad en el Atlántico, lo que terminó por hundir a los  ex alcaldes Rosa Stella Ibáñez y Alfredo Arraut Valero, con quienes trabajaron en conjunto para hacerse a la contratación de obras públicas, educación, los hospitales, los servicios públicos, entre otros. Lo mismo sucedió en los departamentos del  Cesar, Magdalena y la Guajira. Los famosos computadores también pusieron en evidencia la infiltración paramilitar en negocios privados, como el caso de la cooperativa distribuidora de leche en la región-Coolechera , la que por su tamaño y rendimiento financiero era de gran importancia en departamentos como Bolívar, Magdalena, Sucre, Cesar y Atlántico[9] .

Se inician las investigaciones judiciales:

La Corte Suprema de Justicia empezó las investigaciones de parapolítica en junio de 2006, ordenando la detención de tres congresistas por concierto para delinquir agravado y en el caso de Álvaro García  por presunta  participación en crímenes de lesa humanidad.  .

Ante una posible apertura de investigación judicial y su posterior juzgamiento, los congresistas optaron por diferentes estrategias.  En el caso  del Representante a la Cámara por el Magdalena Jorge Caballero, huyó del país antes de que la Corte dictara orden de captura en su contra y más adelante se entregó a la justicia. Otros, como los senadores Luis Eduardo Vives,  Mauricio Pimiento y Juan Manuel López Cabrales, acataron  la decisión de la Corte. En cambio  Álvaro Araujo, Carlos García,  Zulema Jattin, entre otros,   optaron por renunciar a su curul, aduciendo que como ciudadano del común tenía más garantías, dado que podía optar por una instancia de investigación en cabeza de la Fiscalía, y otra instancia de juzgamiento en cabeza de un juez y que además tendría recurso de segunda instancia a la decisión del juez e incluso recurso de casación ante la Corte Suprema, en tanto que como congresistas la misma Corte actuaría como investigador y juez y además sus decisiones no tenían segunda instancia.

Esta última decisión abrió el debate de si renunciando a la curul, un congresista podía a su vez renunciar al fuero y la Corte perdía competencia para investigarlo, ó sí podía renunciar a la curul, pero no al fuero y por lo tanto la Corte no perdía competencia. La propia Corte Suprema se pronunció al respecto en dos oportunidades, estableciendo que al renunciar a la curul, el congresista perdía el fuero y por tanto la Corte la competencia. Desde entonces los congresistas tuvieron claro que contaban con la opción de renunciar, evadir la Corte y acudir a la Fiscalía, en caso de que ésta les abriera investigación.

La Fiscalía General de la Nación se da también a la tarea de asumir los casos de los congresistas que renunciaran  a su curul, muy a pesar de que en comparación con la Corte Suprema de Justicia se encontraba en desventaja porque mientras que en la primera  hay una investigación colectiva de la sala penal, para mitigar las presiones sobre un magistrado, en la Fiscalía la investigación queda a cargo de un solo fiscal, mucho más vulnerable a la presión externa. En segundo lugar la sala penal de la Corte cuenta con un equipo de fiscales de muy alto nivel con dedicación casi exclusiva, que apoya la labor de la sala penal; en la Fiscalía la investigación queda a cargo de fiscales y agentes del CTI que tienen una altísima carga laboral y apenas una dedicación parcial a los casos de parapolítica. En tercer lugar, la Corte cuenta con un coordinador de las investigaciones de parapolítica que conoce el detalle de los casos y orienta jurídicamente las investigaciones a cargo de la Corte; la Fiscalía en cambio no tiene una real coordinación jurídica de las investigaciones de parapolítica, que además están desperdigadas en varias dependencias. En cuarto lugar, la Fiscalía recibe los casos con términos más reducidos, dado que los plazos empiezan a correr desde que se abre la investigación en la Corte; los congresistas saben que la Fiscalía está contra el tiempo. En quinto lugar, los congresistas tienen mayor grado de influencia en la Fiscalía, donde han tenido desde su creación influencia en la designación de cuotas burocráticas, que a la postre pueden influir a su favor en el trámite de sus investigaciones.  En sexto lugar, mientras que los recursos en la Corte se hacen ante la misma sala penal que adelanta la investigación, en la Fiscalía algunos recursos los ha resuelto el Vicefiscal, quien en varias oportunidades ha decidido en favor de los congresistas investigados, como en los casos de William Montes  y Mario Uribe.

En el caso de Mario Uribe, a través de un polémico fallo del entonces vice fiscal y hoy Fiscal General Interino,  Guillermo Mendoza Diago, se ordenó la libertad del ex senador por considerar  que las pruebas finales no tenían la suficiente contundencia. [10] La decisión de la Fiscalía de ordenar su captura estuvo sustentada en que Uribe Escobar obtuvo una votación considerable en zonas de influencia paramilitar de Córdoba, y en las declaraciones de Mancuso, según las cuales les pidió a personas que vivían en zonas dominadas por las autodefensas que votaran por Mario Uribe[11]. El entonces vicefiscal, Mendoza Diago, dijo que la excarcelación de Uribe ”no significaba una absolución” y explicó que el ex parlamentario sigue siendo investigado[12]. El pasado 8 de julio, la Procuraduría General de la Nación pidió  a la Fiscalía General de la Nación llamarlo a juicio  por sus presuntos vínculos con paramilitares. De acuerdo con el Ministerio Público, hay razones suficientes para demostrar que el ex congresista tuvo vínculos con las Autodefensas, de manera que éste podría ser objeto de una resolución de acusación por el delito de concierto para delinquir agravado[13] .

Mientras el hoy Fiscal Mendoza Diago ordenaba la libertad de Uribe Escobar, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, a cargo de Julio Roberto Ballén Silva, consideró que no había méritos para condenar al ex congresista William Alfonso Montes Medina, pese a haber firmado el Pacto de Ralito y asistido a otra reunión en el Caramelo (Córdoba) con varios comandantes de las Auc y a muy a pesar de que la Fiscalía pidió que fuera condenado por el delito de concierto para delinquir, porque aseguró que Montes tuvo contactos desde el año 2001 con las autodefensas, de lo que se infería que su campaña fue avalada y patrocinada por dicho grupo al margen de la ley [14].

Estas decisiones junto con otras más como la de Luis Humberto Gómez Gallo, a quien se le dictó absolución unos días antes de que su caso precluyera, generó suspicacias en el círculo de juristas, quienes fueron  consultados por El Espectador, y aseguraron al diario: “existen suspicacias sobre algunos expedientes de parapolíticos que fueron favorecidos con fallos controvertidos o en los que no existió un análisis juicioso de sus procesos”[15], por lo que la Corte Suprema de Justicia  en un cambio de jurisprudencia, anunció que seguirá con los procesos de los congresistas vinculados a la parapolítica y en el escándalo de las notarias, así renuncien a su curul. Este cambio fue hecho tras la ponencia del presidente de la Corte Augusto Ibáñez.

El magistrado Ibáñez contempla que los congresistas investigados son funcionarios con fuero, y que, en el caso de la parapolítica, se aliaron con grupos ilegales al margen de la ley para que les ayudaran en las elecciones y se reunieron con ellos para delinquir y cambiar leyes a su favor, también señala que en algunas de las normas que aprobaron en el Congreso pudieron haber influido estos grupos al margen de la ley.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de retener el fuero a los congresistas deja a la Fiscalía con la tarea de investigar a congresistas de períodos anteriores, no reelectos, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y funcionarios públicos inmersos en la parapolítica.

El aporte de la ley de justicia y paz al proceso de la parapolítica:

Luego de las precisiones que le hizo la Corte Constitucional a la ley 975, cuando pasó a sus manos para revisión, después de ser aprobada por el Congreso de la República, contempló penas alternativas de ocho años  de cárcel para aquellos paramilitares  que confesaran sus crímenes, ayudaran a esclarecer la verdad de lo sucedido e hicieran la devolución de los bienes robados y contribuyeran a la reparación de las víctimas.

Con el fin de darle cumplimiento a lo establecido por ley,  la Fiscalía General de la Nación creó la Unidad de Justicia y Paz que hoy tiene 58 fiscales. Su tarea ha sido conducir el proceso jurídico de los desmovilizados de las Auc, que incluyen una confesión o versión libre del postulado. Cada fiscal tiene a cargo investigar uno o varios bloques o estructuras de las Auc y organizar las versiones libres de cada postulado en tres etapas:

  1. El desmovilizado cuenta su rol y la estructura del grupo paramilitar, el mando, las funciones, finanzas, cómo fueron utilizados los recursos, los bienes a nombre de los jefes o sus integrantes y anuncian los hechos que va a confesar.
  2. La Fiscalía lo interroga sobre los hechos delictivos en los que estuvo involucrado, los lugares, las víctimas y sus cómplices (otros paramilitares, civiles, militares y funcionarios públicos). La Fiscalía recopila la información para después confirmar los hechos. Durante las versiones que sean necesarias responde cuestionamientos de las víctimas o sus familiares.
  3. La Fiscalía le pregunta sobre crímenes que han sido investigados, en los que supuestamente participó y sobre los que el paramilitar no se ha auto inculpado. En esta etapa se le da la posibilidad de confesar. Las víctimas también tienen la oportunidad de preguntar sobre crímenes no confesados.

La Fiscalía investiga los hechos confesados y formula los cargos (imputación) contra el versionado ante el Magistrado de control de garantías de Justicia y Paz. En audiencia pública éste, vigila que no se haya violado el debido proceso y, si el desmovilizado acepta los cargos, el magistrado abre un incidente de reparación integral en el que las víctimas o sus representantes legales o el Ministerio Público debe expresar qué tipo de reparación pretenden.

Pueden conciliar esta reparación con el desmovilizado, y luego de que el  juez falle o dictamine la manera cómo se ha de reparar a las víctimas, y le fija una condena al procesado. Ésta pena se suspende si se considera que el desmovilizado ha cumplido los postulados de la ley y merece la pena accesoria, entre cinco y ocho años. Si no lo considera apto para el beneficio, su caso pasará a la justicia ordinaria.

Cuando el fiscal encargado de indagar lo que determinado desmovilizado confiese en su versión libre, encuentra meritos en su versión libre para investigar si hubo algún tipo de vinculación con la función pública o la clase política, compulsa copias a la Corte Suprema de Justicia si el involucrado es algún congresista o ministro, para que inicie la respectiva investigación preliminar o si de trata de otro clase de funcionario público o político, lo hace la misma Fiscalía.

Es así como a través de las versiones libres se han iniciado la mayoría de vinculaciones judiciales por parapolítica, las que de encontrarse con pruebas lo suficientemente contundentes, se les abre la respectiva investigación formal o instrucción.

Es ahí   cuando se comenzaron a conocer de manera oficial las vinculaciones de funcionarios públicos de distintos órganos del Estado con los paramilitares. Salvatore Mancuso por ejemplo en su primera versión libre de más de ocho horas ante los tribunales de justicia y paz reveló como el mayor Walter Fratini, un oficial del Batallón Junín que falleció en un combate con el Epl en 1993,  les dio a las nacientes autodefensas armas cortas y largas con salvoconductos. También se le escuchó decir que los ‘paras’ daban información a los militares sobre presuntos auxiliadores de la guerrilla que luego aparecían muertos.

Esta revelación sobre vínculos con algunos miembros de la Fuerza Pública ya fallecidos va en la línea con  otras declaraciones de jefes ‘paras”, como la de  Ramón Isaza, quien  aseguró que su grupo coordinaba operaciones con el desaparecido general Alfonso Manosalva, ex comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, y con el mayor David Hernández, quien murió siendo conocido como el jefe paramilitar ’39’ [16]. Justamente en esa versión libre el ex líder paramilitar justificó su accionar en las zonas en donde operaron el y sus hombres “Mancuso empezó a usar el computador en el que viene preparando su defensa. En él leyó páginas enteras sobre el abandono del Estado y la desprotección de los ganaderos de Córdoba frente a las Farc y el Epl. Recordó la carta que en los 90 le envió al ex ministro de Defensa Fernando Botero pidiendo protección, dijo que había sido policía cívico y que estuvo en las Convivir. También mencionó centenares de cabezas de ganado que supuestamente le robó la guerrilla. Después hizo referencia a analistas y columnistas de periódicos y revistas para apoyar su tesis de que fue el abandono del Estado lo que llevó al surgimiento del paramilitarismo”. [17]

Pero si la primera versión de Salvatore Mancuso fue explosiva, la segunda en mayo de 2007, lo fue aún más. En esa ocasión el ex jefe paramilitar no solamente salpicó a los  senadores Mario Uribe, Armando Benedetti, Zulema Jattin, Julio Manzur,   Reginaldo Montes, Javier Cáceres,  el ex alcalde de Cúcuta Ramiro Suarez Corzo, sino también al hoy Presidente de la República  Juan Manuel Santos,  de quien aseguró que había buscado a Carlos Castaño para pactar un acuerdo con el fin de sacar del poder al ex presidente Ernesto Samper en 1997. Ese mismo día, Mancuso  aseguró que el ex vicepresidente Francisco Santos les pidió su ayuda para crear el bloque capital en Bogotá.[18]

Otra de las versiones libres que ha servido para destapar la parapolítica en los distintos departamentos son las de  Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, Eugenio Reyes “Geño’ y Alexis Mancilla García, alias ‘Zambrano’, las que le han dado impulso a la Fiscalía para investigar a más políticos en el departamento de Bolívar. El desmovilizado Eugenio Reyes “Geño’ por ejemplo,  denunció a la Fiscalía General que por presión de la empresaria Enilse López decidió apoyar al Gobernador del Partido Liberal Libardo Simancas en su campaña a la gobernación en 2003.

Por el mismo conducto los ex paramilitares Uber Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, y Alexis Mancilla García, alias ‘Zambrano’ señalaron al empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca, el gran financiador de campañas en ese departamento y  de colaborar con las Auc. Lo mismo han hecho con políticos locales en Bolívar.

Por su  parte Hernán Giraldo,  ex jefe conocido como ´el Patrón´, jefe de los grupos paramilitares que operaron en la Sierra Nevada de Santa Marta, había dicho ante la fiscalía, en la audiencia correspondiente al procedimiento previsto en la ley de Justicia y paz, que trece de los políticos más destacados del departamento del Magdalena hicieron acuerdos con él para lograr su apoyo en los procesos electorales. Dentro de las personas citadas por Giraldo se encontraba el alcalde de la capital José Francisco Zuñiga, a quien la  Fiscalía General de la Nación ordenó su detención por vínculos con las AUC que operaban en el departamento del Magdalena.[19]

Ever Veloza García, alias ‘HH’, ex jefe paramilitar de los bloques Bananero y Calima de las AUC reveló en los tribunales de Justicia y Paz que los narcotraficantes Huber González Rivas, Dagoberto González Rivas y Holmes Durán Ibargüen le solicitaron a él, apoyo político para el senador Juan Carlos  Martínez en su aspiración al legislativo[20].

En otra de las versiones libres, ex paramilitares entre los que se encontraban José Wilton Bedoya Rayo, alias ‘Moisés’, del bloque Tolima de las Auc, señalaron al ex senador Luís Humberto Gómez Gallo de realizar  aportes económicos a los paramilitares con recursos del presupuesto del municipio. ‘Moisés’ le dijo a magistrados de la Corte que el senador participó en un plan para asesinar al representante a la Cámara Pompilio de Jesús Avendaño, cuando corría el año 2001.[21]

De la misma manera ha sucedido con la mayoría de los funcionarios públicos y miembros de las fuerzas militares y de la policía  que tienen investigación por parapolítica. En otros casos las pruebas más dicientes salen de los computadores incautados por las autoridades como el de Jorge 40,  en donde se ha encontrado información valiosa para los  casos como los de   Zulema Jattin, senadora del Partido de La U; Dieb Maloof, senador de Colombia Viva; David Char, senador de Cambio Radical y quien aparece como receptor de beneficios económicos del Bloque Norte de las AUC, es decir el brazo militar de ‘Jorge 40’. [22]

Tropiezos en el proceso judicial:

Desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia se toma en serio la labor de investigar a los congresistas elegidos para el período 2006 -2010 y lo mismo haría la Fiscalía con el resto de personas implicadas, comenzaron los enfrentamientos con el ejecutivo quien primero  los tildó de hacer justicia selectiva y desde entonces ha puesto como blanco favorito de sus dardos al  ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia  Iván Velázquez, a quien el país entero le reconoce su coraje y valor para asumir la labor de investigación para este tipo de casos.

  1. Proyecto de Sedición, primera manzana de la discordia:

El gobierno nacional ha demostrado un interés particular por darle una mano a los parlamentarios que se han  visto procesados por parapolítica en la medida en que no solo se ha enfrentado verbalmente con la Corte Suprema de Justicia, sino que a través de su ministro del Interior y del entonces Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo les hizo propuestas encaminadas a esos fines.

En junio de 2007 a través del entonces ministro del Interior Carlos Holguín Sardi presenta a consideración el proyecto de ley con el que buscaba solucionar la situación que se presentaba  con 18 mil desmovilizados de las autodefensas que se acogieron al proceso de paz con el Gobierno,  mediante el cual  se reformaba el artículo 468 del Código Penal, cambiando el concepto de Sedición, el que de haber sido aprobado hubiese quedado así: “Los que mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional y legal vigentes, incurrirán en prisión de seis (6) a nueve (9) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incrementados en los términos de la ley 890 de 2004. Incurrirán en las mismas penas quienes, mediante el empleo de las armas, constituyan grupos ilegales con la pretensión de sustituir a la fuerza pública para resistir o confrontar a grupos armados organizados al margen de la ley que realizan conductas constitutivas de rebelión”.[23]

En otras palabras el proyecto ponía en el  mismo nivel a paramilitares y guerrilleros por lo que la Corte Suprema de Justicia se pronunció diciendo que:  “aceptar que en lugar de concierto para delinquir el delito ejecutado por los grupos paramilitares constituye la infracción punible denominada sedición, no sólo equivale a suponer que los mismos actuaron con fines altruistas y en busca del bienestar colectivo, sino, también, burlar el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se haga justicia y que se conozca la verdad”.[24]

A tal posición de la Corte Suprema de Justicia en declaraciones a Caracol Radio, el presidente Uribe respondió diciendo que: “Las Cortes tienen una independencia relativa”, argumentando además  que para él no es lógico que se le dé a la guerrilla un tratamiento político,  pero no se haga lo mismo con los ex ‘paras’ que están en un proceso de paz. De hecho, insistió en la tesis de que el delito político no debe existir en Colombia[25]. Sorpresivamente la posición del gobierno encontró un aliado: El ex fiscal general de la nación, Mario Iguarán, quien confirmó que hay un problema jurídico para resolver la situación de casi 18 mil desmovilizados. “En algunos casos no se puede descartar que sean considerados como tales (delincuentes políticos), pero cada caso debe ser estudiado a la luz de las leyes”[26]

La oposición al gobierno de Uribe se manifestó en contra de la propuesta porque según ellos, la idea obedecía a las presiones de los ex paras, pero que además a futuro podría convertirse en una especie de salvavidas para los parapolíticos.

Finalmente en agosto de 2007, el entonces ministro del interior Carlos Holguin retiró la propuesta argumentando que en adelante se la jugaría por el concierto para delinquir simple, mediante la cual pretende definirles la situación jurídica a unos 19 mil ‘paras’ desmovilizados que no han sido acusados de delitos atroces.

  1. El complot de alias Tasmania:

La edición no 14 de la Revista Arcanos en donde la Corporación Nuevo Arco Iris hace un  el balance del conflicto armado  a 2008, en el que realiza un habla de los sucesos que rodearon la parapolítica en ese año, resume la manera como el  país entero se sorprendió cuando el 9 de octubre de 2007, el presidente Uribe públicamente aseguró que había recibido una carta del ex paramilitar José Orlando Moncada, alias ‘Tasmania’, según la cual el magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, le había ofrecido beneficios jurídicos a cambio de que involucrara al Presidente Uribe en relaciones con los paramilitares. Esa denuncia se hizo poco después de que la Corte abriera investigación contra al primo del Presidente, el senador Mario Uribe, por supuestos vínculos con paramilitares.  La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación de la denuncia del Presidente.

Ante tales acusaciones de parte del primer mandatario la Corte en su conjunto respaldaron la labor del magistrado auxiliar Iván Velásquez y a través de un comunicado de ocho puntos, aseguró que todas sus decisiones son fruto de un estudio colegiado y no de la labor de un solo funcionario. También desaprobó cualquier acto de injerencia en sus investigaciones que lleve a desconocer la independencia de los administradores de justicia y expresó su preocupación porque las recientes declaraciones del mandatario generen en la opinión pública un “errado entendimiento de la función” de la Corte.

Meses después, el paramilitar denunciante, “alias Tasmania”, se retractó de lo dicho en la carta y declaró que la carta la había firmado sin leerla, por recomendación de su abogado, Sergio González, quien le prometió que los señores Santiago y Mario Uribe lo ayudarían y que “alias el tuso”, narcotraficante del que también era abogado, lo recompensaría con una casa. En declaraciones públicas, Santiago Uribe, hermano del Presidente, reconoció que Mario Uribe, el senador y primo del Presidente, le manifestó que lo de la carta era muy importante y aceptó que él le entregó la carta al Presidente, es decir, la famosa carta fue redactada supuestamente por el abogado González, promovida por “alias el tuso”, fue conocida por Mario Uribe, entregada por Santiago Uribe y divulgada por Álvaro Uribe. La Fiscalía precluyó la investigación contra el magistrado Iván Velásquez y dijo que se trató de un complot en su contra y que el Presidente fue engañado. Lo que nunca estableció la Fiscalía es quién engañó al Presidente: ¿su hermano?, ¿su primo?, ¿alias el tuso?, ¿el abogado González, que prestaba sus servicios tanto a “alias el Tuso” como a “alias Tasmania”? ¿todos al tiempo?.  Alias el tuso” fue extraditado  a  los Estados Unidos, hecho que dejó en ascuas estos interrogantes.[27] Sin embargo en este enfrentamiento el presidente Uribe ripostó asegurando que  magistrados que eran unos clientelistas, se quejó de que se creyeran “intocables” y recordó que el magistrado Sigifredo Espinosa, “que ahora sale a quejarse de que yo estoy obstruyendo a la justicia”, fue a visitarlo a Palacio para pedirle favores para un pariente suyo.[28]

  1. Uribe denuncia al presidente de la Corte Suprema de Justicia Cesar Julio Valencia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes:

El 26 de septiembre de 2007, cuando el presidente Uribe se encontraba en la Asamblea General de la Naciones Unidas, la Corte Suprema de Justicia vinculo judicialmente al senador Mario Uribe, quien es además familiar  del primer mandatario. Este desde Nueva York donde se encontraba,  llamó al entonces presidente del alto organismo judicial Cesar Julio Valencia, quien en entrevista al diario El Espectador, aseguró que Uribe cuando le hablo le pregunto por el caso de su primo. El Presidente montó en cólera, negó tales hechos, asegurando que el motivo de la llamada fue  para conocer la evolución del caso de alias Tasmania. El rifirrafe pasó entonces  a los estrados judiciales. Uribe lo denunció por calumnia e injuria en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y quién dijo miedo. Valencia contrató tres prestigiosos abogados y se ratificó. Poco tiempo después, la Corte Suprema le pidió información a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sobre denuncias contra Uribe Vélez “por sus supuestos vínculos con paramilitares o financiación del terrorismo, a lo cual funcionarios del gobierno contestaron que tal requerimiento era  una clara intromisión de la Corte en las funciones del órgano investigador.  [29]

  1. La oposición al gobierno de Álvaro Uribe pide reformar la comisión de acusación de la Cámara de Representantes:

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, juez natural tanto del presidente Uribe como de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la actualidad está integrada en su mayoría por congresistas que apoyan la gestión del actual mandatario, por lo los resultados de la denuncia interpuesta por el Jefe de Estado por las declaraciones del magistrado Cesar Julio Valencia en entrevista con el Espectador con seguridad sería a favor del Álvaro Uribe, motivo por el cual la oposición al gobierno propuso que su composición fuera reformada.

  1. A través de un comunicado de la Casa de Nariño el Presidente de la República mostró su inconformidad por la forma como asumió su cago el nuevo magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Castillo Rugeles quien asumió  ante cuatro testigos en la Corte Suprema de Justicia. Esto fue interpretado al seno del Ejecutivo como una forma de retar al mismo Jefe de Estado Nacional.  En el comunicado del Gobierno se recordó a la Corte que: “el artículo 78 de la Ley Estatutaria de la Justicia señala que los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura tomarán posesión de sus cargos ante el Presidente de la República y permanecerán en el ejercicio de aquellos durante el tiempo para el cual fueron elegidos, mientras observen buena conducta y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso”. En el momento de asumir sus funciones como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Castillo Rugeles tiene más de 65 años de edad, por lo cual el Ministro de Interior y de Justicia y el Secretario Jurídico de la Casa de Nariño se reunieron con el para plantearle que pospusiera  su posesión mientras se efectuaban las consultas jurídicas pertinentes.  A pesar de todo el magistrado asumió su cargo.[30]
  1. Gobierno filtra informe sobre fiesta para Yesid Ramírez organizada por Ascencio Reyes:

A José Obdulio Gaviria, para entonces Consejero Presidencial, se le atribuyó la filtración a la revista Semana de una información sobre la relación entre el recién nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Yesid Ramírez, y su coterráneo huilense el empresario Ascencio Reyes. El artículo enlodaba el nombre del Magistrado, vinculándolos a él y al resto de la Corte con un hombre poco conocido pero con estrechas relaciones con el mundo judicial y la Fiscalía. Ascencio Reyes es un empresario de Neiva, dueño de una agencia de viajes, que organiza excursiones turísticas para ver al Atlético Huila. También organiza agasajos. Fue el financiador de una lujosa fiesta en Neiva a la cual fueron invitados, con todos los gastos pagos, los magistrados de la Corte para celebrar el nombramiento de Ramírez como Presidente de la Corte. Ascencio Reyes, que no está judicializado, era amigo de Giorgio Sale, actualmente preso por ser un supuesto testaferro de Mancuso. Sale le regaló un reloj Rolex a Yesid Ramírez. El DAS ha dicho que a raíz de su relación con Sale y Ascencio Reyes, comenzó a investigar al magistrado Ramírez.[31]

  1. Gobierno autoriza la extradición a los Estados Unidos de 13 ex jefes de las Auc:

Cuando los ex jefes de las Auc se alistaban para entregar información sobre sus nexos con  funcionarios del Estado, políticos, empresarios y militares,  el Presidente Álvaro Uribe Vélez autorizó esta madrugada la extradición a EE.UU de Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Diego Fernando Murillo (alias ‘Don Berna), Hernán Giraldo, alias ‘Pablo Sevillano’ y Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, quienes fueron pedidos por el gobierno norteamericano por delitos relacionados con el narcotráfico. La Corte Suprema colombiana ya había autorizado la extradición de estos líderes, pero su entrega fue suspendida porque se encontraban negociando el proceso de Justicia y Paz con el Gobierno. Fuentes cercanas a la Casa de Nariño  citadas por el diario El Tiempo relataron  que todos los trasladados incumplieron los compromisos de la Ley de Justicia y Paz, en particular la entrega de bienes para la reparación de sus víctimas. Además, sostuvieron  que han mentido en sus declaraciones ante las autoridades. El pasado 7 de mayo del mismo año  fue extraditado Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, al parecer tras conocer que seguía delinquiendo desde prisión.[32]

  1. Visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional y el juez Baltazar Garzón a Colombia:

Cuando los enfrentamientos verbales entre el presidente y las altas Cortes se encontraban un punto álgido, se presentó la visita Luís Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional  quien junto al juez español Baltazar Garzón preguntaron por las extradiciones de los 15 ex jefes paramilitares a los Estados Unidos y conocer más de cerca los procesos judiciales que se seguían por  crímenes de lesa humanidad y a políticos por nexos con algunos ex jefes de las Auc. En entrevista con el diario el Tiempo, el fiscal Moreno dijo: “Sabemos que, en buena medida por las versiones libres de los desmovilizados, surgió información que comprometía a otras personas que están siendo procesadas”, “Estas personas también pueden tener más responsabilidad en los crímenes, por lo que a nosotros nos interesa. Seguimos cómo la justicia de Colombia procesa ese tipo de casos. Nosotros estamos chequeando. También recibimos listados de investigaciones sobre las Farc y los otros grupos guerrilleros. Estamos buscando información de muchas clases de delitos”.[33]

  1. Reunión en la Casa de Nari:

Justo cuando el Fiscal de la Corte Penal Internacional inicia su visita a Colombia, para observar el estado de los procesos judiciales al paramilitarismo y la ‘parapolítica’, los colombianos se enteran de que funcionarios cercanos al Presidente Uribe  recibieron visitas del abogado de alias ‘don Berna’ y de un desmovilizado (que, a pesar de ser uno de los jefes del Cacique Nutibara, nunca fue postulado a Justicia y Paz) que entregarían información que comprometería a la Corte Suprema de Justicia en una conspiración contra el presidente Uribe. La Revista Semana.com en su edición del 23 de agosto de 2008 publicó los audios y videos que fueron entregados al jefe  de prensa y el secretario jurídico de la presidencia que revelan cómo el jefe paramilitar ‘Don Berna’ y sus hombres de confianza diseñaron un maquiavélico plan que consistió en grabar clandestinamente a miembros de la Corte -y otras personas- con el fin de llevarle las grabaciones al gobierno a cambio de beneficios[34].

La Corte Suprema denunció un presunto complot de paramilitares y un sector del Gobierno para afectar su funcionamiento y anunció que acudiría a estrados internacionales para defender su institucionalidad. El presidente Álvaro Uribe en rueda de prensa respondió  que la reunión que sostuvieron sus secretarios de Prensa y Jurídico con emisarios de “alias Don Berna” buscaba recibir información sobre el manejo de orden público y sobre supuestos complots contra el Presidente, y que la reunión no fue clandestina, para lo cual  mostró como prueba los registros de seguridad de la Casa de Nariño, los que mostraron que alias Job ingresó por el sótano del Palacio de Nariño, pero curiosamente sin registrarse como lo exigen las normas de seguridad de la Presidencia.

  1. La senadora Nancy Patricia Gutiérrez graba de manera clandestina a un ex funcionario de la Corte Suprema de Justicia:

La Senadora Nancy Patricia Gutiérrez, en su afán por demostrar su inocencia en la investigación preliminar por parapolítica que le adelanta la Corte Suprema, hizo una grabación clandestina a Juan Carlos Díaz Rayo, ex miembro del grupo de investigador  de la Corte Suprema sobre el proceso judicial, quien dice que existe un proceso llamado 26.625, a través del cual se llevan a cabo pruebas generales, sin que se adelante algo contra alguien en particular. La senadora dijo en La FM de RCN que el proceso “26.625” es alterno a las investigaciones que se conocen por el escándalo de la parapolítica y que no se permite el acceso a los abogados ni a los congresistas y que violaba el debido proceso; además ratificó supuestas denuncias de abuso de poder el magistrado Iván Velásquez”, de quien sin mencionar su nombre asegura que la estaba chantajeando, lo cual es reafirmado por el presidente Uribe quien públicamente dice que le aconsejo denunciarlo. La Corte Suprema defendió nuevamente a su magistrado y demostró que en la Corte no existen investigaciones fantasmas de ningún tipo, ni violaciones al debido proceso y le pide al primer mandatario  respetar las labores judiciales.

  1. El gobierno nacional presenta a consideración del Congreso de la República un proyecto de Reforma a la Justicia:

El presidente Uribe nombra en su gabinete ministerial a Fabio Valencia Cossio como ministro del Interior y de la Justicia a quien le encarga labor de presentar a consideración del Congreso un proyecto de reforma judicial en el que proponía la reforma  a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con el argumento de que “hoy el problema es que elegidos los magistrados de esta Sala hay un divorcio, debido a que no interpreta el querer ni las necesidades de las Cortes en materia de recursos para la rama judicial“; aumentar la edad para poder ser magistrado y que pase de 35 años a 45 y contar con 20 años de trayectoria en el ejercicio del derecho, la docencia o en la carrera judicial.

Además de lo anterior,  el retiro forzoso sería a los 70 años y no a los 65; las Cortes dejarían de participar en la elección del Contralor y el Procurador, lo que a juicio de Valencia “se busca fortalecer esta decisión en manos del Congreso”;  aumentaba el periodo del Fiscal, Procurador y Contralor a ocho años y no cuatro años como se encuentra en la actualidad; el Auditor General de la Nación debía ser elegido por la Cámara de Representantes y no por el Consejo de Estado como funciona con la legislación vigente; la implementación de la doble instancia para los congresistas, tanto para procesos penales como para la pérdida de investidura.

Según dijo el ministro del interior,  “lo que se debe hacer es respetar el fuero de congresista que es otorgado por la voluntad popular” Para ello explicó que:  “la primera instancia, para los casos penales, estará en manos del Tribunal Superior de Bogotá y la segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia“.  En el caso de la pérdida de investidura: “La primera instancia estaría  bajo la responsabilidad del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, la segunda, la Sala Plena del Consejo de Estado”.[35]

  1. Relator de la ONU para la independencia de la Justicia llega a Colombia:

La Corte Suprema de Justicia solicitó la presencia de un relator de la ONU para la Independencia de la Justicia por la creciente tensión entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.  El organismo internacional atendió la solicitud y envió  a Leandro Despouy. Durante la visita el presidente Uribe dijo que: “Quiero que el delegado de Naciones Unidas antes de dar declaraciones que creen suspicacias sobre el país, estudie bien los temas”, tales afirmaciones las hizo  por las criticas de magistrados de la Corte Suprema a un proyecto de reforma judicial que acababa de presentar el Gobierno.[36]

  1. La Revista Semana revela que el Das chuzaba a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y les hacía seguimientos:

Tras varias semanas de incertidumbre, de informes periodísticos y reportes parciales de investigaciones de la Fiscalía que daban cuenta de graves irregularidades cometidas por funcionarios del DAS en contra de magistrados, periodistas y miembros de la oposición, aparecieron interceptaciones telefónicas y más registros de seguimientos que de manera ilegal se realizaron durante al menos las últimas cuatro administraciones en esa institución. Pero las revelaciones iniciales se quedaron cortas y todo parece conducir a un orquestado plan sistemático que se desplegó con amplitud durante la campaña presidencial y que, según el ex director de inteligencia del DAS, vincularía a dos altos funcionarios de la Presidencia de la República de Álvaro Uribe.

Varias grabaciones divulgadas por la FM de RCN constituyen la punta del iceberg de este escándalo. De acuerdo con la emisora, más de 100 personajes de la vida nacional fueron ‘chuzados’ entre abril y mayo de 2006, ad portas de las elecciones presidenciales y en momentos en que el ajedrez político movía sus fichas de manera estratégica, bien para apoyar la reelección del Jefe de Estado, o bien para tratar de impedirla.

El personaje que más fue chuzado fue el magistrado auxiliar Iván Velásquez a quien le apareció un rastreo a más de  2.000  llamadas y decenas de reuniones. La Corte Suprema de Justicia pidió entonces el respectivo pronunciamiento de presidente Uribe sobre el suceso, hecho que nunca se dio y en cambio cuando el escándalo se había apabullado, la Revista Semana, en su edición del 21 de febrero denuncia que las interceptaciones en el organismo de inteligencia continuaban, pero además sacó a la luz pública la manera como los trabajos de seguimientos fueron puestos al servicio de  narcos, paras y guerrilleros, por el que el órgano pidió al gobierno resultados de las investigaciones por las interceptaciones ilegales que el DAS hizo a magistrados, periodistas e integrantes de la oposición. [37]

  1. Seguimiento a los magistrados de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UIAF)

A las chuzadas del Das se suman la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UIAF), quien  le envió a la Fiscalía el 16 de mayo de 2008, un informe sobre el que pesan serios cuestionamientos, no solamente por las dudas que tenía  dicha unidad para escarbar las cuentas de los magistrados sin orden judicial previa sino también por el uso que presuntamente ha venido haciendo el Gobierno del mismo para debilitar las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia que le afectan directa o indirectamente. Ante este hecho las altas cortes se declaran insatisfechas con los documentos que le envió el Gobierno sobre los seguimientos de la Uiaf a los movimientos financieros de algunos magistrados. Ellos pedían conocer las órdenes jurídicas que permitían los seguimientos. En sus últimas declaraciones sobre el tema el presidente Uribe aseguró que  las acusaciones de interceptaciones y seguimientos ilegales solo buscaban desacreditar su administración y las instituciones nacionales Sus últimos cuatro directores están siendo investigados por presuntos vínculos con paramilitares y por las escuchas ilegales a distintas personalidades, entre ellas varios aspirantes a la presidencia, magistrados de la Corte Suprema, periodistas, líderes sindicales y defensores de los derechos humanos.

  1. Se desata la Yidispolítica:

En mayo de 2008 la ex representante Yidis Medina denuncia en entrevista con Daniel Coronell en Noticias Uno, que el gobierno del presidente Uribe le ofreció dadivas a cambio de su voto favorable para la primera reelección del primer mandatario. A raíz de esta revelación la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y la Fiscalía inician las respectivas investigaciones de las cuales el primer de estos dicta fallo en contra de la ex parlamentaria y pide a la Corte Constitucional revisar el acto que permitió el segundo mandato del Uribe por considerar que su trámite estuvo viciado.

  1. El Comisionado de Paz denuncia a algunos magistrados por nexos con grupos ilegales:

Luego del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia por la Yidispolítica, el primer mandatario monto en cólera, citó a los medios de comunicación y entrevistó directamente la ministro de salud Diego Palacios quien no dudó en hacer acusaciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en acto seguido el entonces Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo en ánimo revanchista denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes presuntos nexos de algunos miembros del alto organismo judicial con grupos ilegales. Finalmente el pronunciamiento de la Corte Constitucional fue a favor del acto que permitió la reelección argumentando que ya era cosa fallada por lo que los ánimos en el Palacio de Nariño volvieron a calmarse.

  1. Se inicia la cuellopolítica:

Cuando se presentó nuevamente un proyecto de reforma  que permitía una segunda reelección que fue aprobado por el senado y posteriormente por la Cámara de Representantes, los ánimos volvieron a calentarse luego de las denuncias esta vez por cuenta de la denuncia hecha ante la Corte, en julio pasado, por el ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute. El ex funcionario, como lo reveló la Revista Semana, contó los pormenores que rodearon la entrega de notarías a por lo menos 30 congresistas como ‘pago’ por haber votado la reforma para la reelección. Para sorpresa de los investigadores, la que parecía una diligencia de rutina terminó siendo extremadamente reveladora.

Debido a  las declaraciones, los investigadores de la Corte solicitaron las órdenes judiciales respectivas y allanaron la casa del senador Alirio Villamizar en un exclusivo barrio de Bucaramanga,  en donde  encontraron una caja fuerte en donde estaban guardados 730 millones de pesos y 13.000 dólares. Villamizar no logró explicar a los investigadores el origen del dinero, ni las razones para guardar semejante suma en efectivo en su vivienda.

Por esta razón la plata fue incautada, al igual que dos computadores y tres agendas. Lo encontrado por los investigadores de la Corte les da credibilidad a las denuncias de Cuello y deja en serios aprietos no sólo a por lo menos otros 30 políticos que aparecen en la lista de los beneficiados con notarías, sino que también compromete a altos funcionarios del gobierno.[38] Ante este hecho y en medio de la discusión por una posible aprobación del referendo que permitiría la segunda reelección del presidente Uribe,  el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Germán Navas Talero instaura una demanda en la Corte Suprema de Justicia  contra 86 de sus colegas  con el argumento de  que los políticos incurrieron en prevaricato al aprobar un proyecto que no contaba con el visto bueno de la organización electoral que aún revisa la legalidad de la recolección de las firmas, la que al parecer fue financiada por la captadora ilegal DMG.

El organismo judicial da credibilidad a la denuncia e inicia la respectiva investigación preliminar contra 86 congresistas, quienes fueron animados por el gobierno nacional para que hicieran caso omiso a la advertencia judicial y dieran el visto bueno para que Uribe pudiera  presentarse a una segunda reelección.

  1. El partido de la U propone un alto tribunal para juzgar a los congresistas:

Luego de lo anterior el partido de la U, a través del senador Hernán Manrique Rosero y la vocería de su director, el ex comisionado Luis Carlos Restrepo propuso la creación de un nuevo tribunal que siguiera los procesos de los legisladores indagados, con el argumento de evitar un choque de trenes entre el Congreso y la Corte que se juzgan mutuamente. Dicha Corte, estaría conformada “por juristas del más alto nivel”, resaltó el jefe de la bancada uribista. “Se sugiere en principio que sean nombrados por una instancia como el Consejo Superior de la Judicatura.”.[39] Al final del mes de septiembre la propuesta fue retirada del congreso y el ministro del interior Fabio Valencia Cossio anuncio ante las cámaras de televisión el 1 de octubre de 2009, que el gobierno discutiría en compañía de la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de una segunda instancia para los congresistas, pero además, que esto sería  luego de una reunión entre Uribe y el entonces presidente de la Corte Suprema Augusto Ibáñez.

  1. En que terminó la parapolítica:

La Corte Suprema de Justicia en cabeza del magistrado Augusto Ibáñez dio un giro al procedimiento que se le seguía al proceso de la parapolítica, primero con el cambio de jurisprudencia mediante el cual les retiene la facultad de investigar y juzgar a los congresistas que renuncien a su curul y segundo al determinar a quienes se les encuentren vínculos con el paramilitarismo podrían ser procesados por delitos de lesa humanidad.

En el segundo caso el Alto Tribunal, a través de su presidente, el magistrado Augusto Ibañez, informó que durante la última reunión de la Sala Penal, la mayoría de los integrantes de esa colegiatura optaron por adaptar los parámetros de juzgamiento de la corporación a los estándares internacionales, al considerar que quienes establecieron alianzas con grupos armados ilegales hacen parte del aparato de guerra de tales organizaciones.

Con la parapolítica cada quien ha cumplido con el papel que le corresponde, es decir, las ONG’S y la academia, cumplieron con la tarea de estudiar y analizar el caso, los medios de comunicación con denunciar los hechos, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia con iniciar los procesos judiciales. Sin embargo,  para asegurar una no repetición de estos hechos, faltó  la ayuda de la sociedad colombiana, quien muy poco cumplió con la responsabilidad que en adelante le correspondía.

Esta responsabilidad consistiría en castigar electoralmente a quienes tejieron este tipo de alianza en las elecciones que en adelante se harían, no elegiendo a los familiares y amigos de quienes  acordaron tratos con los paramilitares valiéndose de sus acciones. Actualmente se tiene no solamente a senadores y representantes cuotas de estos personajes, sino además, familiares y amigos en los cargos de alcaldes y gobernadores, configurando unas “Redes de Corrupción”, difícil de expulsar de las administraciones locales y de los aparatos de control político y fiscal.

Oscar Fernando Sevillano

 

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[1] La Cumbre  de Caramelo, www.semana.com, 24 de abril de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=111234

[2] Las ‘vueltas’ de Gil con las Auc, www.elespectador.com, 25 de noviembre de 2008 http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso93534-vueltas-de-gil-auc

[3] Investigan Otra Cita De Políticos De Casanare Con ‘Paras’ De ‘Martín Llanos’, www.eltiempo.com, 7 de marzo de 2007. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2408531

[4] Cuatro ex jefes ‘paras’ dicen que ex representante Emilio Martínez hizo acuerdos con Autodefensas, www.eltiempo.com, 16 de octubre de 2007. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3768302.

[6] Supuesto pacto entre Mancuso y políticos para ganar gobernación de Córdoba enreda a Zulema Jattin, www.eltiempo.com, 12 de mayo de 2009. http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/supuesto-pacto-entre-mancuso-y-politicos-para-ganar-gobernacion-de-cordoba-enreda-a-zulema-jattin-_5179297-1

[7] Chivolo y Pivijay, los otros pactos, www.elespectador.com, 15 de julio de 2008. http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-chivolo-y-pivijay-los-otros-pactos

[8] Así se repartieron Caldas, http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-asi-se-repartieron-caldas, 23 de septiembre de 2008.

[9] La ordeñada de los paras, www.semana.com, 14 de octubre de 2006.

[10] Fiscal Iguarán acepta renuncia del encargado de la investigación contra, 1 de septiembre de 2008. www.terra.com.co, http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu14563.htm

[11] Mario Uribe y William Montes, en libertad, www.elespectador.com, http://www.elespectador.com/impreso/tema-del-dia/articuloimpreso-mario-uribe-y-william-montes-libertad

[12] Ordenan libertad para Mario Uribe, investigado por ‘parapolítica’, www.terra.com.co, 20 de agosto de 2009. http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu14215.htm

[13] Procuraduría pide enjuiciar a Mario Uribe, www.elespectador.com, 8 de julio de 2009. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo149633-procuraduria-pide-enjuiciar-mario-uribe

[14] Mario Uribe y William Montes, en libertad, www.elespectador.com, http://www.elespectador.com/impreso/tema-del-dia/articuloimpreso-mario-uribe-y-william-montes-libertad

[15] Quienes se van, www.nuevoarcoiris.org.co, http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/?q=es/node/513

[16] Versión libre de Salvatore Mancuso ante fiscales de justicia y paz se reiniciará el 15 de enero, 20 de diciembre de 2006. www.eltiempo.com. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3373052#

[17] Versión libre de Salvatore Mancuso ante fiscales de justicia y paz se reiniciará el 15 de enero, 15 de enero de 2006. www.eltiempo.com, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3373052#

[18] Salvatore Mancuso vincula a más políticos con las autodefensas, www.semana.com, 16 de mayo de 2007. http://www.semana.com/noticias-on-line/salvatore-mancuso-vincula-politicos-autodefensas/103672.aspx

[19] Detenido ex-alcalde de Santa Marta por “parapolítica”, www.lapalabradigital.com , http://www.lapalabradigital.com/inicio/index.php?Itemid=47&id=1799&option=com_content&task=view

[20] ‘HH’ asegura que el senador Martínez se benefició del paramilitarismo , www.elpais.com.co http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Julio112008/hhsalpi.html

[21] Capturado Luis Humberto Gómez Gallo, ex presidente del Congreso, por ‘parapolítica’, www.eltiempo.com, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3854398

[22] “El computador de ‘Jorge 40’ puede ser el inicio de un nuevo proceso 8.000”, www.semana.com, 10 de octubre de 2006, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=97456

[23] http://web.presidencia.gov.co/especial/sedicion/index.htm

[24] Corte aclara sobre el delito de sedición, www.elpais.com.co, http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Diciembre122007/nac02.html

[25] Se calienta el pulso por sedición, www.eltiempo.com, 28 de julio de 2007. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2591024

[26] Se calienta el pulso por sedición, www.eltiempo.com, 28 de julio de 2007. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2591024

[27]  2008 En que está la Guerra. Otras tácticas de defensa de la parapolítica: Los  complots y las amenazas. El Complot de alias Tasmania: Los Uribe vs Iván Velásquez. Balance Político de la Parapolítica, Revista Arcanos, Página  78

[28] Pulso Corte-Gobierno puso en crisis institucionalidad del país, Cronología del enfrentamiento www.elespectador.com, 28 de junio de 2008. http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-cronologia-del-enfrentamiento?page=0,2

[29] Pulso Corte-Gobierno puso en crisis institucionalidad del país, Cronología del enfrentamiento. www.elespectador.com, 28 de junio de 2008. http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-cronologia-del-enfrentamiento?page=0,2

[30] Puja entre Gobierno y Altas Cortes por posesión de magistrado Castillo Rugeles, www.elespectador.com, 1 de abril de 2008. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-puja-entre-gobierno-y-altas-cortes-posesion-de-magistrado-castillo-rugele

[31] El último incidente entre la UIAF y la Corte Suprema es solo el capítulo más reciente de una pelea que arrancó en 2006, Gobierno filtra informe sobre fiesta para Yesid Ramírez organizada por Ascencio Reyes.

www.lasillavacia.com, http://www.lasillavacia.com/historia/2379

[32] Uribe ordena la extradición a EE UU de varios jefes paramilitares presos, www.elpais.com, 13 de mayo de 2008 http://www.elpais.com/articulo/internacional/Uribe/ordena/extradicion/EE/UU/varios/jefes/paramilitares/presos/elpepuint/20080513elpepuint_11/Tes

[33] Corte Penal Internacional sigue pista a la parapolítica, asegura su fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo, www.eltiempo.com, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3776563, 22 de octubre de 2007.

[34] El complot de los paras, www.semana.com 23 de agosto de 2008. http://www.semana.com/noticias-nacion/complot-paras/114756.aspx

[35] Detalles del proyecto de reforma a la justicia reveló Mininterior a Comisión Primera del Senado, www.eltiempo.com , http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-07-29/detalles-del-proyecto-de-reforma-a-la-justicia-revelo-mininterior-a-comision-primera-del-senado_4415957-1

[36] El último incidente entre la UIAF y la Corte Suprema es solo el capítulo más reciente de una pelea que arrancó en 2006, Relator de la ONU para la independencia de la Justicia llega a Colombia, www.lasillavacia.com, 10 de junio de 2009. http://www.lasillavacia.com/historia/2379

[37] El DAS sigue grabando, www.semana.com, 21 de febrero de 2009. http://www.semana.com/noticias-nacion/das-sigue-grabando/120991.aspx

[38] Empieza la ‘cuello-política’, www.semana.com , 22 de agosto de 2009. http://www.semana.com/noticias-nacion/empieza-cuellopolitica/127671.aspx

[39] Proyecto de ley le quitaría facultad a Corte Suprema de investigar , www.caracoltv.com, 9 de septiembre de 2009, congresistashttp://www.caracoltv.com/noticias/politica/articulo151874-proyecto-de-ley-le-quitaria-facultad-a-corte-suprema-de-investigar-congresistas

[i] http://www.desaparecidos.org/colombia/fmcepeda/genocidio-up/cepeda.html.

[ii] El exterminio, www.revistacambio.com. http://www.cambio.com.co/paiscambio/750/3814991-pag-2_2.html

[iii] El saldo rojo de la Unión Patriótica , www.verdadabierta.com, http://www.verdadabierta.com/web3/nunca-mas/asesinatos/union-patriotica

[iv] Citado por Medina Gallego, Carlos (1990), Autodefensas, Paramilitares y Narcotraficantes en Colombia, Documentos Periodísticos.

[v] Datos tomados de N.C.O.S –SAGO – (1995) Tras los pasos perdidos de la guerra sucia. Paramilitares y operaciones encubiertas en Colombia.

[i] “Paramilitares no fueron quienes buscaron a los políticos”: Fiscal General, www.elespectador.com, 28 de julio de 2009. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo153083-paramilitares-no-fueron-quienes-buscaron-los-politicos-fiscal-general

[ii] Constitución de Colombia, artículo 128, http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf

[iii] Constitución de Colombia, artículo 179, numeral 8, http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf

 


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Artículo por: Juan Diego Castro @castroyleon | Publicado: Hace 2 años

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