Luego de un proceso de investigación de doce meses, en los cuales se indagó sobre las dinámicas de las bandas criminales en el país, se puede establecer que actualmente en las zonas de presencia de estas organizaciones hay dos tipos de estructuras: La primera y más poderosa hace referencia a aquellas que se dedican a la extracción de rentas derivadas de la extorsión, la minera criminal, el contrabando, el tráfico de armas y el control de rutas del narcotráfico. El segundo tipo, más descentralizado mantiene una oferta criminal relacionada con el sicariato y, en especial, con la intimidación a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos; podría decir que este último tipo de estructura criminal vende servicios de seguridad privada ilegal a cualquier postor. De acuerdo a estos dos tipos de estructuras, se pueden establecer al menos cuatro conclusiones que a su vez se diferencian por el carácter rural y urbano que tienen las bandas criminales en sus lógicas de operación. La primera conclusión está relacionada con los efectos externos que han tenido los avances logrados en la mesa de negociación que se adelanta entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Esta situación ha hecho que se presente un aumento progresivo en las amenazas a líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, reclamantes de tierras, organizaciones sociales y líderes de opinión que respaldan el proceso de paz. Este hecho se constituye como un riesgo en el que las bandas criminales buscan entorpecer el proceso de paz y amedrentar a fuerzas emergentes que puedan entrar al escenario político en las elecciones locales de 2015. La segunda conclusión tiene que ver con el proceso de descentralización de las bandas criminales y la reducción de las tasas de homicidio y delitos de alto impacto en los grandes centros poblados. Tal fenómeno hace que por lo menos en ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, la presencia de las denominadas BACRIM se haga por medio de la subcontratación de grupos delincuenciales. Esta estrategia maximiza la capacidad de las bandas para extraer rentas, abriendo una serie de servicios criminales como el sicariato, el cobro de extorsiones y el control del microtráfico. Este mecanismo de operatividad trajo consigo dos elementos importantes para el análisis: por un lado, las BACRIM, al hacer uso de organizaciones delincuenciales locales, evita el aumento de los índices de violencia homicida en las capitales, ya que la entrada de estas a las ciudades no se hace por medio de la confrontación armada, sino por medio de la subordinación; de otro, desvían la atención de las autoridades, en tanto, las bandas criminales que se benefician de estos servicios quedan relativamente blindadas, ya que muchos de los delitos son atribuidos a los grupos delincuenciales que están a su servicio. Tercero, mientras que en los grandes centros poblados las bandas criminales operan en forma de red, en donde los nodos son los grupos delincuenciales, que les aseguran operatividad en estas zonas, en las áreas rurales y rutas de comercialización de drogas, las BACRIM mantienen estructuras más sólidas y lineales de mando, esto con el objeto de asegurar la influencia que ejercen sobre la minería ilegal y el narcotráfico. Y cuarto, la influencia de las bandas criminales en la vida política en algunas regiones se mantiene; si bien las estrategias de cooptación del Estado han cambiado drásticamente cuando se compara con el proceso de la parapolítica, en 2014 hay hechos que dejan en evidencia la relación entre estas estructuras y algunas autoridades locales, como también con algunos sectores de la fuerza pública. Así mismo, la sombra de la parapolítica sigue latente, para las elecciones parlamentarias de 2014, la Fundación Paz & Reconciliación, encontró que 70 de los 263 parlamentarios elegidos tienen serios cuestionamientos por tener posibles vínculos con estructuras criminales, entre ellos, los herederos de los condenados por la parapolítica.
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