Por: Alfredo Molano
El 23 de septiembre de 2015, cuando Gobierno y Farc anunciaron el acuerdo alcanzado en materia de justicia, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que, con el comandante máximo de las Farc habían acordado una fecha límite para firmar el acuerdo final: el 23 de marzo de 2016. Con el paso de los días, esta promesa se empezó a empantanar. Primero porque entre el anuncio del acuerdo de justicia y el texto definitivo pasaron tres meses, y después, porque no fue posible alcanzar el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.
En buena medida, lograr la segunda meta dependía del trabajo de la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto, instalada en agosto de 2015 para que diez militares activos y diez comandantes guerrilleros diseñaran las bases del cese al fuego, conjuntamente con la dejación de armas y las garantías de seguridad. El 23 de enero de 2016, la Subcomisión Técnica, encabezada por el general Javier Flórez y el miembro del secretariado de las Farc, Carlos Antonio Losada, entregaron a la mesa de conversaciones la hoja de ruta para alcanzar el objetivo.
Fuentes consultadas por El Espectador revelaron que en ese documento se estableció en primer término, como parte de las garantías de seguridad, el propósito de desmantelar las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. Aunque ese espinoso tema está avanzando en otra subcomisión que presiden el general (r) Óscar Naranjo, por el Gobierno, y Pablo Catatumbo, por las Farc, con la asesoría técnica de la abogada Mónica Cifuentes, los asesinatos de líderes sociales de las últimas semanas enrarecieron el panorama.
Este escollo quedó en evidencia 24 horas antes de la fecha límite, cuando Catatumbo, durante el lanzamiento del libro Los retos del posconflicto, de los analistas León Valencia y Ariel Avila, expresó: “El paramilitarismo no es casual ni cosa del pasado, es un monstruo presente (…) y justamente discrepancias sobre este tema con el Gobierno no han permitido que ya esté firmado un acuerdo final”. Timochenko se encargó de ratificarlo al advertir que las Farc se van a reinsertar a la vida política y necesitan garantías para hacerlo y conservar la vida.
Un tema que trascendió la mesa e incluso, como se ha revelado, se abordó durante el encuentro, por separado, de las delegaciones del Gobierno y las Farc con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry. Según se ha dicho, el alto funcionario de Estados Unidos admitió su preocupación por la seguridad de quienes dejen las armas y ofreció apoyo irrestricto a la implementación de medidas para garantizarlo. En otras palabras, la amenaza latente del paramilitarismo fue la primera razón por la que se aplazó la firma del acuerdo final.
El segundo aspecto que entrabó el plan del 23 de marzo fue el de la dejación de armas, enmarcado en el mismo propósito del cese bilateral y de las garantías de seguridad. La guerrilla siempre ha sido enfática en que este objetivo tiene que ser concebido como un proceso y no como un evento especifico. De alguna manera, la esencia misma de la guerrilla son las armas con las que se alzaron contra el Estado. Por eso, su dejación es viable siempre y cuando se dé progresivamente, en la medida en que se vayan cumpliendo los acuerdos suscritos.
Las diferencias con el Gobierno también fueron notorias. De hecho, en su declaración del pasado 23 de marzo, el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, insistió en “un proceso de dejación de armas con plazos fijos. Sin zonas grises. Sin mezcla de armas y política. Una dejación que se hará ante el componente internacional en forma totalmente transparente. No puede quedar duda sobre la decisión de desechar las armas, proceder a su destrucción, clausurar las fábricas de armamento no convencional y abstenerse de nuevas compras de armas y pertrechos”.
No obstante, desde el pasado 7 de marzo, un mensaje radial de Timochenko a sus tropas, interceptado por el Ejército, ya había desnudado la crisis causada por los desacuerdos respecto a la dejación de armas. “Pusieron a seis generales casi un año con el comandante del Estado Mayor al frente de un equipo de coroneles y capitanes a que botaran corriente con los nuestros, a sabiendas de que lo que de ahí saliera no iba para el acuerdo final. Estamos ante una situación crítica”. El motivo de la discordia: la dejación de armas.
En el fondo Timochenko se refería a un documento entregado por la delegación del Gobierno un día antes (6 de marzo), que trazó su propuesta para la creación de las zonas de concentración para la dejación de armas. Cayó tan mal la fórmula del Ejecutivo, que Timochenko manifestó: “Preparémonos por si Santos nos hace una jugada sucia”. Y más adelante explicó que el documento los devolvía al primer día y aclaró que si el Gobierno se mantenía en la raya, no había más que hacer que continuar con lo que habían hecho por más de 50 años.
Esa propuesta del Gobierno, además, de restringir el porte de armas al 5 % en las zonas de concentración y la entrega del resto a un componente internacional, delimitaba a 11 su número en una extensión no mayor a 10 kilómetros cuadrados. Asimismo, la fórmula planteaba que debía ser en regiones con la menor población posible, sin escuelas y con Policía comunitaria realizando libremente sus funciones. De igual modo, en las zonas de concentración, el Gobierno podía promover jornadas de salud, alfabetización y cedulación.
La idea del Gobierno que produjo el distanciamiento con las Farc se complementó prohibiendo la realización de reuniones con población civil dentro de las zonas de concentración y el condicionamiento de hacer proselitismo político únicamente con autorización del Ejecutivo. Por supuesto, las órdenes de captura contra los guerrilleros quedaban suspendidas dentro de las zonas y, para salir de ellas, se propuso un permiso del Gobierno y de la ONU. Finalmente, la fórmula gubernamental daba un tope temporal: 31 de diciembre de 2016.
El rechazo de la guerrilla se explica en la declaración de Timochenko del 7 de marzo, cuando dijo: “Nos fue leído el documento que borra de tajo todo lo consensuado en 8 meses, durante una larga discusión entre los militares activos y los mandos nuestros”. Y se revela también en la declaración de Humberto de la Calle, del 23 de marzo, cuando calificó de falso que se haya descartado el trabajo de la Subcomisión Técnica. El jefe negociador del Gobierno aseguró que ese esfuerzo cuenta con todo el respaldo, pero admitió que son temas “extraordinariamente sensibles”.
La intención de las Farc es que las zonas de concentración tengan vías de comunicación, que se ubiquen entre veredas definidas por accidentes geográficos y suministro de Agua, y que se puedan realizar reuniones con la población civil en un número no mayor a 300 personas. De igual manera, que las armas se depositen en almacenes referenciados dentro de las zonas, con procesos técnicos de identificación, entrega de un porcentaje a la ONU y otro para la seguridad de los excombatientes. Además, en un proceso gradual, conforme al cumplimiento de los acuerdos.
Así las cosas, era claro que el acuerdo final no podía estar listo para el 23 de marzo, y menos aún cuando acercándose a la fecha, el asunto alcanzó tal tensión que las delegaciones trabajaron 11 días por separado. También salta a la vista que las diferencias no son de poca monta y, por el contrario, son claves para dar el paso definitivo hacia el cese al fuego y de hostilidades bilateral, con determinaciones claras en la dejación de armas, zonas de concentración y garantías de seguridad con evidencias del desmantelamiento del paramilitarismo.
El trabajo de la Subcomisión Técnica constituida por militares activos y jefes guerrilleros es determinante para alcanzar el acuerdo final, pero sus aportes para el cese bilateral o la dejación de armas están amarrados a otras materias igualmente trascendentales. Por ejemplo, que se defina cuanto antes el alcance de la amnistía e indulto planteados en la Jurisdicción Especial de Paz, el sistema de elección de los magistrados del tribunal o los mecanismos de tratamiento diferenciados para agentes del Estado y terceros civiles.
Existen otros aspectos técnicos complementarios, pero no menos importantes, como la evaluación de la situación de las personas privadas de la libertad por tener nexos con la guerrilla, la forma de consultar a los pueblos étnicos las decisiones fundamentales en materia logística o los cronogramas para la verificación con el diseño de los mecanismos mínimos y necesarios. Es decir, trabajo es lo que tienen por delante las delegaciones del Gobierno y las Farc, con un 70 % ya concluido, como lo reconoció Timochenko en entrevista con Univisión.
En resumidas cuentas, ya el 23 de marzo pasó, también la turbulencia, y lo que viene es recobrar la senda trazada por la Subcomisión Técnica con todos sus componentes y sin fórmulas de última hora. Todo lo anterior, antes de entrar en otro componente neurálgico para la paz. La refrendación de los acuerdos, que el Gobierno por ahora quiere a través de un plebiscito, mientras las Farc insisten en que sea a través de una constituyente. Con un aspecto en exploración: elevar el acuerdo final a rango constitucional, suscribiéndolo como un Acuerdo Especial Humanitario en el marco de las Naciones Unidas.
Las lecciones de Conejo
Uno de los episodios fundamentales para entender las diferencias entre el Gobierno y las Farc es lo ocurrido en Conejo, La Guajira. Hasta allí se trasladó una delegación de la guerrilla, encabezada por Iván Márquez, con el objetivo de hacer pedagogía con sus tropas. El problema se presentó por cuenta de que el evento se realizó en el casco urbano del municipio, con presencia de civiles y guerrilleros juntos, y con discursos políticos a favor de la constituyente. El Gobierno asegura que se violó el principio acordado y que no permitirá, bajo ninguna circunstancia, la mezcla entre políticas y armas. El episodio desató una turbulencia que la mesa sorteó, con la ayuda de los países garantes del proceso de paz, pero dejó un precedente: se deben definir con claridad los contornos del ejercicio político, la labor pedagógica y la relación entre la guerrilla y la sociedad civil.
Avances en la búsqueda de los desaparecidos
Una de las medidas de construcción de confianza que ha avanzado en la mesa de diálogos es la de la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Una subcomisión que ha estado adelantando funciones para amainar el sufrimiento de las víctimas de este delito, que según información oficial es de más de 50.000 personas.
Durante el ciclo 37, que terminó el pasado miércoles, la mesa de diálogos recibió la visita del director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, quien entregó el tercer informe sobre exhumaciones de cuerpos de personas desaparecidas, en el que señala que se encontraron más de 100 nuevos cuerpos en fosas de Nariño y Santander, a los cuales se les suman a los 170 restos ya identificados en estas labores en cementerios de Cimitarra (Santander) y Bocas del Satinga (Nariño). La Comisión Especial trabaja de la mano de la Fiscalía General de la Nación y su labor servirá para plantear los lineamientos de las estrategias para esclarecer lo ocurrido en más de 50 años de conflicto.
Nota publicada en el diario El Espectador