El gran tema que debate hoy al país se refiere a los retos que traerá el postconflicto en asuntos territoriales, económicos, políticos y especialmente en materia de seguridad. En los últimos 20 días han sido asesinados 7 líderes sociales en el país, lo cual despierta los viejos fantasmas de la guerra sucia que se vivió con la masacre de más de 4 mil líderes sociales y políticos hace algunas décadas. Además, estos hechos dejan la pregunta sobre la posibilidad de que el país, después de la firma de los acuerdos de paz de La Habana, viva una nueva ola de violencia y que, por ende, no se logre superar estos ciclos criminales.
Dentro de estos temas de seguridad, las FARC en La Habana hablan del paramilitarismo. El gobierno nacional, por su parte, parece desprenderse del viejo concepto de Bandas Criminales o BACRIM y opta por utilizar el concepto de Crimen Organizado. Mientras tanto, algunos centros de estudio hablan de los grupos post-desmovilización paramilitar. Hoy, al menos, gran parte del mundo político y académico parece coincidir en que estos grupos son una de las más grandes amenazas en el postconflicto. La realidad es la siguiente.
Luego de la desmovilización paramilitar en el país surgieron tres tipos de grupos:
1. Los disidentes, es decir, estructuras que nunca se desmovilizaron.
2. Los rearmados, es decir, estructuras que entraron al proceso de Ralito, se desmovilizaron y luego de un tiempo se rearmaron.
3. Grupos emergentes, es decir, surgieron grupos que indirectamente se vinculaban a los grupos paramilitares, pero que tenían una génesis nueva.
Entre 2006 y 2011 se dio la primera generación de estos grupos y en total llegaron a existir hasta 36 estructuras en el país. Luego de 2011, debido a un proceso de cooptación entre estructuras criminales y sobre todo producto del modelo de persecución de la fuerza pública, estas organizaciones comenzaron un proceso de adaptación criminal bastante particular y varias de estas redes criminales se consolidaron. En la actualidad de los 1 102 municipios que tiene el país, estos grupos operan en cerca de 300 municipios, en algunos con presencia más fuerte que en otros.
Pero estos grupos neoparamilitares no son lo que solían. En realidad, han dejado de ser estructuras criminales para convertirse en redes de organizaciones criminales. La estructura operativa dejo de verse desde una perspectiva lineal y jerárquica y pasó a ser funcional en forma de red, en la cual aseguran diferentes nodos de operatividad en el territorio nacional. Es en este sentido cuando podemos afirmar que uno de los modelos de operación consiste en la descentralización de la estructura criminal.
En la actualidad son tres los tipos de organizaciones que pueden llegar a conformar una BACRIM. Por un lado, cerca del 30% de las BACRIM son estructuras jerárquicas que protegen testaferros, están al servicio de la extracción de rentas derivadas de la extorsión, la minera criminal, el contrabando, tráfico de armas y el control de rutas del narcotráfico. Estas estructuras mantienen vínculos con sectores políticos y judiciales, y financian campañas. Es decir que no sólo les importa el negocio criminal.
Las redes neoparamilitares se caracterizan por tener una organización definida y jerarquizada con mandos de poder visible y especializado. Por ejemplo, en este grupo encontramos la parte alta del Clan Úsuga (autoproclamados “Gaitanistas de Colombia”) o los Urabeños, quienes dentro de su estructura de poder tienen tanto jefes militares como políticos encargados de manejar las relaciones de esta banda tanto con otras organizaciones criminales como con representantes del sector económico y productivo, políticos y representantes de la institucionalidad. Muestra de ello es que Otoniel, jefe de los Urabeños, reconoció que 7 alcaldes del Urabá eran fichas de él.
Luego encontramos otro 30% de BACRIM que son de alcance regional. Estas son estructuras descentralizadas que mantienen una oferta criminal relacionada con el sicariato, y en especial con la intimidación a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Se podría decir que estas estructuras venden servicio de seguridad privada ilegal a cualquier postor. Además, éstas están detrás de negocios criminales particulares y aunque tienen mandos militares su alcance es regional. Su operación es en lógica de red pero se diferencian de las primeras en la medida en que su organización es menos jerarquizada y su alcance está anclado a territorios definidos. Por ejemplo, en este grupo encontramos bandas como las disidencias del ERPAC (Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia): el Bloque Meta y los libertadores del Vichada, en el oriente colombiano.
Por último encontramos un 40% de estructuras de BACRIM que la Fundación Paz y Reconciliación ha denominado como los mercenarios, son pequeñas bandas de no más de 10 ó 15 personas. Su alcance es local y no defienden territorio. Aquí también se encuentran las pandillas y grupos delincuenciales que trabajan con el primero o segundo grupo de BACRIM mencionado anteriormente.
Este grupo de BACRIM mercenario se caracteriza por tener un portafolio criminal amplio que presenta su servicio al mejor postor. Entre estas organizaciones encontramos por ejemplo a la “Constru” en el Putumayo. Estas bandas se caracterizan por operar bajo una lógica de subordinación y contratación de otras bandas delincuenciales en los cascos urbanos. La oferta criminal de estas bandas tiene una lógica selectiva, es decir, cada vez hacen menor uso de la violencia indiscriminada para generar terror en las comunidades.
Hasta aquí, la cosa parece sencilla de entender, el gran problema es que estos tres tipos de BACRIM o neoparamilitares operan en una misma organización. El mejor ejemplo de esto son los Urabeños. A continuación se muestra el mapa de presencia de esta organización criminal en el país.
El mejor ejemplo para entender la relación entre estos tipos de BACRIM ocurrió el año pasado en el Valle del Cauca. Allí, los Urabeños venían en una fuerte disputa con la Banda Criminal de La Empresa. Para dicha guerra, los Urabeños contrataron una disidencia de los antiguos Machos y estos a su vez crearon y contrataron pandillas urbanas en Buenaventura. Pandillas como los “Buenaventureños” o los “Chocoanitos” son muestra de ello.
Una vez los Urabeños comenzaron a ganar la guerra, varias de estas pandillas se le salieron de las manos, aumentando la extorsión e incursionando en otros mercados ilegales. Esta situación llevó a que los Urabeños enviaran una fuerza élite denominada Gaitanistas a someter a su propia gente. Por ello, fue que en el año 2015 hubo una disputa que parecía una guerra interna en los Urabeños. Pero en realidad era un proceso de ajuste.
Este ejemplo muestra cómo los Urabeños tienen una estructura jerárquica compuesta por fuerzas especiales que a su vez contratan organizaciones regionales y estas a su vez pandillas. Son redes con grados de autonomía muy fuerte y compuesta por un gran número de organizaciones son interdependientes.
Lo anteriormente descrito es la realidad de las BACRIM, pero a esto se le suma una complejidad adicional. Estas BACRIM son utilizadas por agentes legales como grupos privados de seguridad, para someter organizaciones de víctimas, asesinar líderes sociales y amedrentar todo aquello que amenace el poder de las élites. Las BACRIM por si solas difícilmente van a asesinar líderes sociales. Más bien, estas bandas son contratadas para sabotear el proceso de paz. Se sabe de una reunión en el Sur de Córdoba en noviembre de 2015 y de otra en el Urabá en enero del 2016 donde sectores sociales estaban recogiendo plata para sabotear el proceso de paz.
Así que el tema no es solamente una disputa por mercados criminales. También se refiere a intereses políticos y económicos del mundo de la legalidad. Fueron y son las élites polítcas regionales las que mejor supieron combinar la política con armas, y al parecer lo quieren seguir haciendo.
Columna de opinión publicada en Semana.com
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