Se podría decir que el posconflicto en Colombia tendrá dos niveles. Uno será el posconflicto nacional y el otro el territorial. El primero se refiere a una serie de reformas políticas, formas de organización estatal y aperturas democráticas a minorías, además de nuevas prioridades dentro de la política pública. Por el contrario, el posconflicto territorial se traduce en invertir una importante suma de dinero en las regiones, con el objetivo de superar lo que se ha denominado causas estructurales del conflicto. A esta inversión, se le acompañará con aperturas importantes en materia política y de protesta social.
Así las cosas, el posconflicto territorial irá a la construcción de vías terciarías, distritos de riego, proyectos productivos, formalización de la propiedad, capacitación de funcionarios públicos, creación de mercados internos y construcción de ciudadanía activa. Es importante señalar que en este caso no se van a resolver todos los problemas de estos municipios, no se van a superar todas las asimetrías, más bien se refieren a tres tipos de obras u acciones. 1. Son obras concretas de alto impacto, que deben tener esa característica de impactar una región completa o todo un municipio. Por ejemplo, pavimentar la carretera Junín-Barbacoas traería un importante crecimiento económico para gran parte de la Costa Pacífica nariñense. 2. Son obras consultadas con las comunidades, es decir, ellos deben participar y escoger de acuerdo a lo que ellos perciben que se debe hacer. Si bien puede haber expertos que guíen esta discusión, la participación comunitaria es importante. Y, 3. Deben ser contratadas con las comunidades, es decir, las comunidades deben hacer estas obras, por medio de la Juntas de Acción comunal, lo cual además de empoderara la población traería una bonanza laboral.
Hay una tentación muy grande de que el dinero no vaya a los municipios afectados sino a las zonas más pobladas del país, donde hay votos y donde los senadores y representantes tienen su maquinaria política
Lo anterior suena muy bien, pero existen dos grandes problemas. Por un lado, los municipios que deben vivir esta inversión son los más pobres, vulnerables y con menos población, por ende no hay votos, y es muy posible que los políticos prefieran llevarse la plata a otro lado y no invertir en estas zonas históricamente afectadas por el conflicto. Es muy importante anotar que este dinero es para las zonas más afectadas por la violencia y no para las ciudades. Es decir, hay una tentación muy grande de que este dinero se quedé en las zonas más pobladas del país, donde hay votos y donde los senadores y representantes tienen su maquinaria política.
El segundo riesgo es la pérdida de dinero vía corrupción. Por ejemplo, el acueducto de Riohacha se lo han robado en tres oportunidades, o la ampliación del sistema de alcantarillado de Buenaventura, en últimas los políticos, alcaldes y gobernadores, que van a liderar esta inversión son las mismas élites corruptas que ganaron el pasado 25 de octubre, los que han gobernado siempre. Esta vez, qué va a evitar que no se roben la plata de nuevo. Del control ciudadano o la veeduría, la estrategia del gobierno nacional para ejecutar estos recursos dependerá que los dineros no se lapiden de nuevo.