Analistas, académicos, políticos, organizaciones de la sociedad civil e incluso el Gobierno están de acuerdo en que un escenario de postconflicto traerá un aumento significativo de la conflictividad social en los territorios. Transformar dichos conflictos en oportunidades de cambio, y no en brotes de violencia colectiva, debe ser una prioridad. El reciente paro camionero y el trámite que tuvo deja lecciones para el Gobierno nacional y para la sociedad civil.
En primer lugar, es fundamental que el Gobierno sea coherente con el discurso de diálogo y construcción de paz con enfoque territorial que promueve desde la mesa de negociación de La Habana. No puede suceder que el diálogo y la concertación sean la base de la construcción de acuerdos que pongan fin al conflicto armado, pero que no sean un referente para la tramitación de conflictos y protestas sociales. Jean Paul Lederach ha dado luces importantes acerca de la concepción de construcción de paz; esta implica entender que los conflictos no se “finalizan” –como lo plantean el Gobierno y la oposición–, sino que se transforman. El resultado esperado de las negociaciones es transformar el conflicto armado en apertura política, mejores condiciones para la ruralidad del país y un nuevo enfoque de la lucha contra el narcotráfico. Así mismo, los conflictos sociales deben tratarse desde la perspectiva de la transformación para lograr cambios institucionales, normativos y relacionales, que permitan solucionar las causas objetivas de los conflictos sociales en los territorios.
La segunda lección para el Gobierno es que un conflicto social latente y mal manejado se traduce en violencia colectiva con altísimos costos. Trece paros camioneros en los últimos quince años no son el resultado de una situación fortuita o coyuntural; son el resultado de años de incumplimiento y falta de seguimiento a acuerdos, de políticas públicas insuficientes y permisivas con la corrupción, que ayuda a explicar el problema de sobreoferta que aqueja al sector. Al pésimo manejo del ejecutivo se le suman los abusos por parte de la fuerza pública, en particular del ESMAD. Continúa la estigmatización de la protesta social, y para superarla se requiere la adopción del enfoque de seguridad humana en las tareas de control del orden público y manejo de la seguridad.
Del lado de la sociedad civil también hay lecciones importantes. Por un lado, se debe señalar que la protesta social como derecho no puede justificar, bajo ninguna circunstancia, acciones que atenten contra los derechos de los demás o contra el interés general. Bloquear vías, atacar vehículos, lanzar piedras y papas bomba no son otra cosa que una forma de chantaje y vandalismo. Nuestros anhelos de paz deben venir acompañados de formas innovadoras y creativas de protesta, entre otras razones, porque las vías de hecho han probado ser útiles para llamar la atención de la institucionalidad, pero poco efectivas para proveer soluciones de fondo a las distintas demandas de la ciudadanía.
En términos de costos y beneficios, es evidente que el balance del paro es negativo: 2.5 billones de pesos en pérdidas económicas (Cifras de Fenalco), escases de alimentos en Boyacá y Nariño (este último incluyendo medicamentos), 977 licencias de vehículos de carga y 377 licencias de conducción suspendidas, entre otros. Teniendo en cuenta que los acuerdos logrados luego de cuarenta y cinco días de paro no se alejan mucho de las pretensiones y propuestas iniciales de Gobierno y transportadores, la pregunta es: ¿valía la pena paralizar al país con tan grandes pérdidas?
La última lección que nos deja este paro tiene que ver con los liderazgos sociales. Desde amenazas con bloquear la entrada de alimentos a las ciudades capitales hasta la destrucción de vehículos de carga ajenos al paro, han hecho parte de las estrategias promovidas por algunos líderes camioneros para llamar la atención del Gobierno. Por si fuera poco, el vínculo de líderes camioneros como Pedro Aguilar con el cartel de la chatarrización llevan a preguntarse acerca de qué tan bien están representados los intereses de los pequeños propietarios de camiones. Es imperativo que generemos nuevos liderazgos, alejados de las lógicas de corrupción y de las posiciones radicales; se necesitan líderes que entiendan que las vías de hecho no funcionan y que el diálogo es la herramienta fundamental para el postconflicto. Debemos pasar de un modelo de diálogo basado en posiciones, a uno basado en intereses colectivos. Para el caso de los camioneros, su posición enfatizaba la necesidad de mantener la tabla de fletes, sin embargo, de haberse dado, esta intervención sobre el mercado hubiera generando mayor sobreoferta de vehículos, agudizando la problemática que se intentaba solucionar.
En gran medida, el éxito en este nuevo intento por construir paz en Colombia depende de nuestra capacidad de aprovechar el postconflicto para generar transformaciones sustantivas, no solamente en el ámbito formal de las leyes y las políticas públicas, sino también en la cotidianidad de la relación Estado-Comunidades. Las luchas sociales deben darse en el marco del respeto por el interés general, y el Gobierno debe atenderlas brindando todas las garantías para ejercer el derecho legítimo a la protesta.
* Coordinador de la línea de investigación de Conflictos Asociados al Desarrollo, Fundación Paz y Reconciliación.
Columna de opinión publicada en : www.colombia2020.co