El 24 de noviembre de 2016 se llegó a un acuerdo entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para poner fin al conflicto armado de más de 50 años. Varias semanas de renegociación se necesitaron después de los resultados del plebiscito del 2 de octubre. El 27 y 28 de noviembre el acuerdo fue refrendado por el Congreso de la Republica, y el día D o el arranque del cronograma fue el 1 de diciembre de 2016.
El acuerdo de paz tiene cuatro grandes pilares: la amnistía, los mecanismos de seguridad, la implementación de los acuerdos y el proceso de reincorporación. En cuanto a la Ley de Amnistía solo hasta el 17 de febrero el Gobierno expidió el decreto que fija las reglas de juego para la aplicación de la misma. La ley fue aprobada varias semanas antes y el atraso en la entrada en vigencia ha causado una inconformidad en la tropa de las FARC. Varias de las deserciones de mandos medios de la guerrill, fueron producto del limbo jurídico antes de la aprobación de la ley y sobre todo producto de que a la fecha ni un solo miembro de las FARC ha salido de la cárcel, como tampoco ningún militar. Un sector importante de las FARC percibe la falta de claridad en las reglas de juego como un incumplimiento.
En el asunto de los mecanismos de seguridad en el postconflicto la situación es dramática. En el año 2016 fueron asesinados 93 líderes sociales, uno cada cuatro días. En lo que va del año han sido asesinados 15 líderes sociales, es decir, uno cada tres días. En Colombia se está exterminando silenciosamente las organizaciones sociales de base. Mientras escribía esta columna llegaba la noticia del asesinato de Faiver Cerón Gómez presidente de una Junta de Acción Comunal en el municipio de Mercaderes Cauca. Como el resto de casos quedara, seguramente, en la impunidad. Igualmente, dentro de los mecanismos de seguridad, se tenía previsto que 60 guerrilleros de las FARC podrían moverse libremente en el país con el objetivo de hacer pedagogía para la paz. Esta es la hora que los dispositivos de seguridad no están listos.
El tercer pilar de los acuerdos de paz es la “implementación”. Significa poner en marcha todo lo acordado en La Habana. Para ello el Congreso de la República está facultado con la figura de fast track, o vía rápida, por la cual con un mecanismo abreviado se pueden aprobar las leyes necesarias que pongan en marcha los acuerdos de paz. El Gobierno había anunciado una “avalancha” de proyectos de ley y solo han llegado cinco de una treintena que se habían previsto. Hasta el momento la agenda de la dejación de armas es la que ha avanzado parcialmente; pero toda la agenda del postconflicto que se refiere a la democratización del país no ha avanzado. Es tan dramático este punto que las leyes de Tierras, referidas a la democratización de las mismas, al catastro rural y la formalización, ni siquiera tienen ponentes en el Congreso. En el punto de participación política sucede algo parecido.
Mientras que en los dos primeros pilares hay voluntad por parte del Gobierno de avanzar y todo se trata de trabas burocráticas e ineficiencia en funcionarios públicos de segundo nivel. En el tercer pilar lo que queda claro es que el “establecimiento” o élite colombiana quiere que el proceso de paz salga gratis, es decir, solo mover la agenda de la dejación de armas, pero la agenda de las reformas, que son el 90% de los acuerdos de paz y que van a beneficiar a la sociedad no las quieren ni tocar.
El proceso de reincorporación ha sido un fiasco. Se tenían que adaptar 26 zonas rurales, cada una de 11 kilómetros cuadrados, para que las FARC se concentraran allí. Después de tres meses de la firma de los acuerdos, 10 de estas zonas tiene problemas graves en su infraestructura, hay zonas, como la de Caño Indio. en el departamento de Norte de Santander que en el mejor de los casos estaría lista para el 20 de marzo. Pero donde la situación preocupa más es en el día 181. Estas zonas rurales solo duraran seis meses y nadie sabe que va a pasar el día después. ¿Dónde van a vivir los guerrilleros? ¿Se compraron las fincas para los proyectos productivos? ¿Dónde están los recursos económicos?
Hasta el momento lo que queda claro es que la guerrilla de las FARC ha cumplido con la mayoría de los temas y por el lado del Gobierno solo se ven incumplimientos. A este ritmo, el postconflicto, puede significar una gran frustración política y social.
Columna de opinión publicada en El País.com