Los cambuches en que duermen los guerrilleros en Icononzo, mientras se construyen los albergues.
/ Mauricio Alvarado
Hace cerca de un mes, la Iniciativa Unión por la Paz y la Fundación Paz y Reconciliación entregaron al vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, un informe reservado que daba cuenta de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz. Es un documento de 117 páginas que versa sobre la situación de seguridad tanto de miembros de las Farc como de líderes sociales; el avance y los desafíos de la adecuación de las zonas veredales y un balance sobre la marcha normativa de los acordado en La Habana.
El informe se titula “Cómo va la paz” y ha pretendido “medirle el pulso al cumplimiento de lo acordado”. La principal conclusión es que existe una crisis de violencia sistemática contra líderes sociales asociados al proceso de paz. La afirmación la soporta en que desde el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo final en el teatro Colón, hasta el 30 de abril se habían registrado 31 homicidios y 128 agresiones. Lo que indica que cada cuatro días es asesinado un defensor de derechos humanos.
En segunda instancia, el documento destaca que la Fuerza Pública y las Farc han cumplido “a cabalidad el cese bilateral del fuego y hostilidades definitivo”. Sin embargo, advierte de la existencia de tres hechos violatorios. Frente a las zonas veredales y el cronograma de dejación de armas también resalta el cumplimiento por parte de la guerrilla en su proceso de concentración y el cumplimiento de los protocolos de dejación pactados con la Misión Especial de la ONU. Aun así, advierte de las demoras por parte del Gobierno en la adecuación de las zonas y “las inconsistencias de las Farc” frente a la entrega de los menores de edad que hacen parte de sus filas. Ahora bien, los datos en este apartado hoy están un poco desactualizados, ya que día a día se trabaja en las zonas veredales.
La tercera conclusión es que la situación en las zonas dejadas por las Farc es “altamente preocupante, ya que en algunas regiones se registra la aparición de nuevos actores armados y bandas criminales que se han volcado a copar las zonas dejadas por la guerrilla y luchan por el control de las rentas provenientes de la ilegalidad, como el negocio de la coca, la minería o la extorsión. Pero lo que más les preocupa es la explosión de una oleada de criminalidad en los 242 municipios dejados por la insurgencia.
En este mismo sentido, el informe es tajante en que se evidencian las limitaciones del Estado para construir gobernabilidad en los territorios dejados por las Farc, pues ha tenido una deficiente respuesta de las instituciones en temas de seguridad, justicia, infraestructura y oferta económica a las comunidades. “La situación de anarquía criminal y conflictividad social en las zonas ‘posfarc’ permite afirmar que el tema no es únicamente de presencia de fuerzas militares” y que se debe crear mecanismos de justicia y un modelo de seguridad rural.
Paz y Reconciliación y la Iniciativa hacen énfasis en que la lenta respuesta del Estado en el cumplimiento de lo pactado genera incertidumbre en la base guerrillera y en la sociedad en general, que empieza a dudar de la capacidad del Gobierno para cumplir su palabra. Incertidumbre que se ha acrecentado significativamente en la última semana por cuenta las decisiones de la Corte Constitucional que dejaron cojo el fast track y por tumbar el cuerpo de escoltas que la guerrilla había conformado para la seguridad de sus líderes. Valga advertir que hoy es incierto el futuro normativo de lo pactado y de alguna manera no está claro si se necesitará replantear el cronograma de dejación de armas, cuando estamos a menos de diez días de la dejación definitiva y total de estas por parte de la insurgencia.
Precisamente, sobre los avances legislativos, el documento precisa que el trámite de iniciativas en el Congreso ha sido especialmente lento y que del paquete de 27 iniciativas contempladas por el Ejecutivo tan sólo se han presentado diez y apenas cuatro han sido aprobadas. ”Ninguno de estos proyectos representa transformaciones significativas en el diseño institucional del país”, afirma. Finalmente la principal conclusión es que es urgente un reajuste al proceso de implementación de los acuerdos y un relanzamiento de la paz para garantizar el futuro del posconflicto. Así como también le hace un llamado al vicepresidente Óscar Naranjo para que asuma el liderazgo del Ejecutivo en la materialización de lo pactado. La otra recomendación que cobra relevancia en el momento de crisis que vive el proceso es la necesidad de convocar a todas las fuerzas políticas que respaldan la implementación de los acuerdos para renovar el pacto político para que los partidos impulsen la tramitación de las normas que exige el posconflicto.
Nota publicada en Colombia2020.co