Foto tomada de Portafolio
En los últimos 36 meses en Bogotá se han presentado 23 ataques con explosivos. Han sido comunes los atentados con granadas a locales comerciales y viviendas, así como la detonación de artefactos dirigidos contra miembros de la Fuerza Pública. En la lista se recuerdan los atentados contra la sede del partido Opción Ciudadana, en Teusaquillo y de varios locales comerciales, y las detonaciones en sedes de entidades de salud y de la Fuerza Pública.
El caso más reciente sucedió este sábado 17 de junio, cuando un artefacto explotó en uno de los baños del centro comercial Andino, en el norte de la ciudad. El saldo: tres víctimas fatales y una decena de heridos. Aunque la lista de casos es larga, este último tiene marcadas diferencias con la seguidilla de ataques que se registraron en la ciudad.
Antes del sábado, la gran mayoría de explosiones, por ejemplo, sucedían bajo la modalidad de “petardos de miedo”, es decir, cargas activadas en la madrugada o bien entrada la noche, para causar miedo y zozobra en la población, pero sin el objetivo de causar daños físicos a personas. Los lugares donde sucedieron las explosiones fueron, entre otros, oficinas de EPS y de instituciones estatales, lo que sugiere que los ataques contendrían un mensaje con carga simbólica o política; otros sucesos claramente tenían una población objetivo, como los que estaban dirigidos contra la Fuerza Pública, y los horarios en los que sucedieron las explosiones no eran de aglomeración pública.
El del centro comercial Andino poco se parece a los anteriores. Para empezar, sucedió en un lugar y hora en los que había aglomeración pública y tránsito casi exclusivo de civiles. Además, la carga explosiva fue colocada y detonada en una zona de la ciudad y en un sitio que pueden considerarse como de los más vigilados de la ciudad.
De otra parte, el lugar donde el explosivo fue dispuesto, el baño de mujeres, podría indicar temas relacionados con el género de quienes lo instalaron o, incluso, una posible intención de violencia de género, lo cual guarda cierta similitud con las explosiones de agosto de 2016, registradas en varias sedes de EPS, pues en esa oportunidad los artefactos detonaron en baños de mujeres, aunque en horas de la madrugada, cuando las instalaciones estaban vacías.
Dos cosas valen la pena resaltar. En primer lugar, se atacó una zona segura de Bogotá, donde funcionan cámaras con capacidad de reconocimiento facial y que permiten hacer el seguimiento a las personas. Lo que podría significar que, o bien los atacantes fueron bastante estúpidos, pues detectarlos es relativamente fácil, o eran tan expertos que conocían el sistema de seguridad del centro comercial y algunas tácticas para burlar el sistema de videovigilancia.
Y se atacó un sitio donde acuden mayoritariamente las clases media alta y alta de Bogotá que, en el espectro político, son voto de opinión, manejan las redes sociales y son los que tienen mayor resistencia al proceso de paz. A lo que se suma un detalle: el atentado ocurrió pocas horas antes de iniciar el último tramo, el último 40 %, del proceso de dejación de armas de las Farc.
De los ataques anteriores al del centro comercial Andino, 11 fueron responsabilidad del Eln o de milicias urbanas cercanas a esta estructura; cuatro obedecieron a razones de disputa entre familiares o por temas de microtráfico, y sobre los demás aún no hay claridad.
En medio de este panorama, la explosión en el Andino fue cometida con un modus operandi que aún no permite generar conclusiones certeras acerca de los perpetradores o las causas. Sin embargo, lo cierto es que por primera vez, y en muchos años, se quiere afectar a la población civil de forma directa y masiva.
* Subdirector Fundación Paz y Reconcilación.
Nota publicada en El Espectador.com