La Fundación Paz y Reconciliación y la Iniciativa Unión por la Paz están haciendo un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Teatro Colón para producir un informe cada tres meses. El propósito es entregarle al país una información recogida en terreno, con las comunidades, los líderes locales, el gobierno y los guerrilleros en proceso de reincorporación. El segundo reporte acaba de salir. Tiene un semáforo que muestra las cosas que van bien, las que tienen problemas y las que van mal. Voy a hacer una apretada síntesis de las 190 páginas que contiene la evaluación.
Verde. Con la entrega de las 7.132 armas de dotación y de las 949 caletas donde reposan los recursos bélicos de reserva se cerró con éxito el ciclo del cese al fuego y a las hostilidades y se inició el proceso de reíncorporación de los guerrilleros de las FARC a la vida civil. Se trata de más de una arma por cada guerrillero lo cual supera procesos anteriores en el país y también las experiencias internacionales. Los paramilitares entregaron media arma por cada desmovilizado y en Afganistán, considerado hasta ahora el mejor promedio en el mundo, el registro fue de 0.74 armas por guerrillero.
Durante las negociaciones de paz se redujeron de manera signficativa los homicidios, los secuestros y el desplazamiento forzado en toda la nación y especialmente en los 281 municipios donde se desarrolló el conflicto armado. En 2012, cuando se iniciaron las conversaciones en la Habana, se produjeron 15.957 homicidios en el país, en 2016 la cifra se redujo a 12.263. En las zonas de guerra se pasó de 4.114 a 3.157 homicidios. Con el secuestro ocurrió igual. El año pasado, en las regiones de presencia guerrillera, sólo se perpetraron 61 plagios atribuidos la mayoría al ELN en contraste con los 266 que se realizaron en 2013. Son los victorias tempranas de la paz.
También han arrancado con pie derecho el desminado humanitario, el cual está salvando de la muerte y las mutilaciones a cientos de civiles y soldados; los acuerdos con 85.000 familias para la erradicación manual de los cultivos de uso ilícito; y la creación del Cuerpo Élite de la Policía y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para combatir las estructuras criminales que atentan contra la vida de los lideres sociales.
Amarillo. Hay un enorme temor a que no salgan adelante la totalidad o la gran mayoría de las leyes que cobijarán los acuerdos de paz. Mediante el procedimiento rápido establecido han salido 6 leyes en el primer semestre y en sólo tres meses que restan para agotar este mecanismo se tendrían que aprobar quince más. Esto en un ambiente de controversias y dificultades en los partidos de la coalición de gobierno. La gran preocupación es que se queden en el tintero o se aplacen la reforma política y la reforma rural integral, transformaciones que se orientan a superar las causas profundas del conflicto. Lo aprobado hasta ahora –incluyendo 64 decretos- es importante porque facilitó el paso al desarme y a la reincorporación, pero falta lo sustancial, lo que va dirigido al conjunto de la sociedad.
Están empezando apenas los cambios en las Fuerzas Armadas; la disolución de viejas estructuras y la creación de nuevos dispositivos; la ocupación de los territorios donde operaban las FARC y la contención de otras fuerzas ilegales en proceso de expansión. Hay estrategias y planes bien intencionados y bien pensados, pero las cosas van lentas.
En la misma situación están la formulación y puesta en practica de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, la movilización del sector privado con inversiones y aportes a las zonas más afectadas por el conflicto y el plan piloto del Catastro Multiproposito.
No hay que hacer mucho esfuerzo para percibir las dificultades que tiene el Estado para actuar con rapidez y eficiencia en la colombia profunda, en la periferia, en los territorios del conflicto. La esperanza es que la llegada del general Naranjo a la Vicepresidencia con el encargo de encabezar el postconflicto remedie esta situación, pero eso supondría que le confirieran un poder igual al que le dieron a Germán Vargas Lleras para producir un salto en la infraestructura del país.
Rojo. Con tristeza hay que decir que continua la expansión de otros actores ilegales hacia zonas dejadas por las FARC y también que en varias de ellas se está produciendo una anarquía criminal. El ELN ha llegado a 12 municipios, las bandas criminales a 18 y en 40 se ha producido una explosión de la violencia común.
Al tiempo se ha ido configurando una disidencia en el sur del país que agrupa cerca de 300 miembros de las FARC que desertaron en el camino hacia la entrega de armas y que han persistido en el tráfico de drogas y en la violencia especialmente en Guaviare y Caquetá.
El asesinato de líderes sociales y la impunidad de sus agresores ha disminuido, pero la cifra de 55 muertos del acuerdo del Colón a hoy es muy grave. También preocupa mucho el drama de los presos de las FARC que en su mayoría no han recibido la amnistía y el indulto prometidos y el poco avance en la construcción de un modelo de reincorporación colectiva, con asiento en el campo y orientada por un nuevo mecanismo institucional.
Columna de opinión publicada en Revista Semana
Le puede interesar: Informe No 2: Cómo va la paz