La Fundación Paz y Reconciliación hace algunos días presentó el informe ‘Cómo va la paz’. Allí se describen, sobre cerca de veinte ítems, los avances de la implementación de los acuerdos de paz. Uno de ellos se refiere al tema de líderes sociales. Se analizan los niveles y el tipo de victimización, además, los presuntos responsables y la georreferenciación de las diferentes agresiones. El informe llega en un momento de debate intenso, ya que, al menos se encuentra dos focos importantes de controversias. El primero se refiere a la existencia o no de sistematicidad en estos homicidios, el Gobierno insiste en que no es así, mientras que organizaciones sociales y personalidades encuentran grados altos de sistematicidad. El otro foco del debate se centra en los asuntos de impunidad. Para la Fiscalía la impunidad llega al 50 por ciento, es decir, en cerca de la mitad de los hechos ya se han identificado los responsables. Para organizaciones sociales la impunidad está por encima del 70 por ciento, pues no se sabe nada de autores intelectuales, solo de algunos materiales, tampoco se conocen capturas y la Fiscalía si bien dice que ya todo está claro en la mitad de los casos, no entrega información, pues es reservada. Es decir, no se sabe con claridad de dónde se concluye que se han resuelto el 50 por ciento de los casos.
El informe de la fundación da pistas sobre estos debates. Al menos se encuentran tres conclusiones importantes. La primera es que desde la firma de los acuerdos de paz, el 24 de noviembre de 2016, hasta mediados de julio de 2017, se cuentan 181 acciones victimizantes a líderes sociales, entre ellas, 55 asesinatos. Lo que significa que cada cuatro días es asesinado un líder social en Colombia. Sin embargo, hasta finales de marzo la cifra era de un líder social asesinado cada tres días, es decir, desde abril ha disminuido la intensidad de estos homicidios. Todo parece indicar que el apersonamiento de este tema por parte del vicepresidente de la república, y diferentes acciones como la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad o el cuerpo élite de la Policía han logrado detener ostensiblemente la intensidad. La siguiente gráfica muestra dicha evolución.
La segunda conclusión es que la mayoría de estas victimizaciones no tienen un responsable específico. Es decir, no solo los autores intelectuales, sino los autores materiales no tienen una clara procedencia. De hecho, en la zona del Urabá el Clan del Golfo es responsable del homicidio de líderes sociales, pero en otros departamentos donde tienen una importante presencia no asesinan líderes sociales. Lo que todo parece indicar es que hay gente en la “legalidad” que estaría pagando para matar estos líderes. La siguiente gráfica muestra los presuntos autores de esta victimización. En todo caso se encuentran varias causas locales de esta violencia.
La tercera conclusión es que si bien por los autores materiales de estos crímenes no hay una sistematicidad, si la hay por el perfil de la víctima y la territorialización de estos hechos. Por ejemplo, la mayoría de las víctimas pertenecían: a) Organizaciones de víctimas o de restitución de tierras. b) Miembros activos de JAC o Juntas de Acción Comunal. c) Líderes de organizaciones políticas que aspiraban a las circunscripciones especiales de paz en 2018 o a las elecciones locales de 2019.
De hecho, como lo muestra el siguiente mapa, la mayoría de estos homicidios se han presentado en las zonas de circunscripciones especiales de paz. Es decir, se está matando para evitar que participen en política.
Columna de opinión publicada en Semana.com
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