Uno de los pilares de un posconflicto es profundizar la democracia y garantizar la participación política de minorías que surjan de ese proceso. No solo se trata de que las Farc participen en política, aunque sea muy importante. Las minorías políticas de la paz pueden ser más de 500.000 personas.
Desde la época de la Violencia en los años cincuenta del siglo XX y hasta la última oleada paramilitar de 1997, miles de campesinos fueron expulsados de las zonas centrales del país y la costa Atlántica. Se vieron obligados a ir selva adentro, colonizando el sur y sur oriente del país. Por ejemplo, de Boyacá en los años de la Violencia fueron expulsados miles de campesinos que colonizaron los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo. A medida que se metían a la selva, iban formando pequeños caseríos, algunos recibieron el nombre de La Libertad, Nueva Esperanza o Nuevo Porvenir, añorando los días en que vivían en paz. Estos campesinos sin tierra, nunca formalizaron su propiedad, muchas veces sus hijos no tenían ni registro civil, eran algo así como hijos de la selva.
Ante la ausencia de vías terciarías, de propiedad formal y ausencia institucional, nunca se pudo construir un mercado interno y muchas de estas personas, para sobrevivir, comenzaron a sembrar coca y con ello a ser perseguidos por el Estado. Es decir, son generaciones que lo único que conocen del Estado es la persecución: se les acusaba de ser liberales o conservadores, luego de ser comunistas y luego de ser raspachines. También los persiguieron las Farc, los paramilitares y hasta grupos de narcotraficantes, y cada vez que llegaba una nueva ola de violencia la población se movía, durante años, fue una población flotante, que despectivamente fueron llamados colonos raspachines.
Pues bien, esta es la gente que debe convertirse en ciudadanos. Necesitan cédula, vías, mercado local y que les formalicen la tierra. Dentro del tema de los derechos políticos el más importante es el voto. La gente nunca ha votado, no solo porque muchos no tienen cédulas, sino porque o no creen en el sistema o por que los puestos de votación están muy lejos.
Al ritmo que vamos para esta población el reconocimiento del derecho al voto no se dará. Tres son los problemas. Primero, los puestos de votación están muy lejos de donde viven los habitantes, a veces a tres o cuatro horas de camino. El siguiente mapa elaborado por la Misión de Observación Electoral muestra las dificultades de acceso a los puestos de votación. Nótese como cada dos mil kilómetros hay un puesto de votación en las zonas de riesgo extremo.
El segundo problema es que el 41 por ciento de los puestos de votación están sin georreferenciar. Estos se ubican en zonas rurales, y en cada elección las autoridades electorales los cambian de ubicación: los mueven de una escuela a otra, o sencillamente los trasladan a zonas urbanas bajo cualquier disculpa. No hay una regularidad como en zonas urbanas.
Generalmente algunos políticos influyen en el traslado de los puestos para poder ganar. Aunque en las actas siempre se pone la disculpa de la seguridad y problemas de orden público.
El tercer problema, es que no se conoce una estrategia de cedulación y de inscripción de cédulas en zonas rurales. La registraduría no tiene ninguna estrategia más allá de las que siempre ha hecho. Por otro lado, en 2015 se anularon miles de cédulas por supuesta trashumancia o trasteo de votos. Si bien muchas sí eran trasteo de votos, en muchas zonas rurales producto de las treguas unilaterales de las Farc y del repliegue de la guerrilla, se creó un ambiente de paz y muchos salieron a inscribir cédulas, miles las anularon y la gente no pudo votar. Ojalá esta vez no pase lo mismo.