Una semana excepcional, quizás milagrosa, se anuncia un cese bilateral al fuego y a las hostilidades con el ELN; alias Otoniel, jefe del llamado Clan del Golfo, hace pública la decisión de iniciar un proceso de sometimiento a la justicia; y el papa Francisco congrega multitudes con un mensaje inequívoco de apoyo a los esfuerzos de paz que están realizando el gobierno y las organizaciones armadas del país.
En un ambiente así se puede soñar con un gran salto en la superación de las violencias, con una reducción sustancial de la ilegalidad y el crimen en el país. Sería un nuevo comienzo para la democracia, un volver a empezar, un punto de inflexión en el cual podríamos controlar fenómenos como el narcotráfico y limitar su poder de contaminación sobre toda la sociedad.
La mesa de Quito se había atascado. Pasaban los días y los meses y no se avanzaba un milímetro en la negociación. Entre tanto se acercaba paso a paso la campaña electoral y el gobierno se estaba quedando sin oxígeno para seguir intentando un acuerdo de paz en medio de los disparos y los atentados de los elenos.
El cese al fuego le da un giro de 180 grados a las negociaciones. Un cumplimiento riguroso de la tregua con todos sus aspectos humanitarios podría acelerar la negociación del resto de la agenda; a la vez, una aceleración de los acuerdos políticos y sociales podría transformar el cese temporal en definitivo y entregarle al próximo gobierno un proceso de paz irreversible.
No será fácil para el ELN comprometer a todos sus frentes guerrilleros en la suspensión del secuestro y los ataques a la infraestructura del país. Pero el gobierno tendrá que hacer también enormes esfuerzos para honrar los compromisos adquiridos; ya hemos visto los grandes obstáculos, las limitaciones y controversias que ha tenido a la hora de cumplir los acuerdos con las Farc.
De ahí que la verificación de este acuerdo será muy compleja y riesgosa. La Iglesia católica, que tiene presencia permanente en los lugares del conflicto, tendrá que ser el eje de este monitoreo y deberá dedicar una legión de sacerdotes y laicos a esta labor.
Para los centros de estudios que le hacemos seguimiento al crimen organizado es de una trascendencia enorme la disposición del Clan del Golfo a someterse a la justicia. Esta fuerza criminal había logrado juntar habilidades empresariales del cartel de Cali, capacidades militares del cartel de Medellín y experiencia de control social de la guerrilla y las autodefensas de Castaño. Un know how impresionante con el que habrá que lidiar en el proceso de sometimiento.
No se han limitado al negocio del narcotráfico, su portafolio abarca la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, la extorsión y un entramado de negocios legales; tienen una estructura propia, debidamente jerarquizada, con arraigo en Urabá y algunos lugares de la costa Atlántica, pero su influencia se siente en todo el país a través de las alianzas con más de 97 bandas locales; sus nexos con empresarios, miembros de la fuerza pública y líderes políticos son tan oscuros como potentes; su penetración social se deja ver con claridad en las imágenes de la manifestación que acompañó el féretro del Gavilán en el municipio de Turbo hace apenas unos días.
Para que el sometimiento a la justicia no se convierta en un gran engaño, en la entrega de algunos jefes conocidos que van a la cárcel y desde allí continúan controlando los negocios y ejerciendo el poder sobre las estructuras sumergidas y los aliados que protegieron en su trámite judicial, es preciso diseñar un plan integral controlado desde arriba, desde la Presidencia y la Vicepresidencia, en articulación con la Fiscalía General de la Nación. Santos tendría que jugarse los restos y arriesgarse a que el sometimiento destape la podredumbre de algunas instancias del Estado y sectores empresariales.
No se pueden tolerar las trampas del pasado. Todos los negocios deben estar sobre la mesa y también los nombres, todos los nombres de los aliados legales. Desde el principio se tiene que estipular con entera claridad el tratamiento que se le va a dar a la cúpula de la organización, a los mandos medios y a la base social. No hay que olvidar que el 80 por ciento de los mandos medios de los paramilitares quedaron por fuera, entre ellos los hermanos Úsuga que luego conformaron la poderosa organización que ahora pretende someterse a la justicia. Tampoco se puede olvidar que debajo de la estructura armada ilegal hay miles de adolescentes y jóvenes que simplemente trabajan en los negocios y para ellos es obligatorio tener alternativas de empleo legal.
Aún no podemos evaluar el impacto que sobre la paz y la reconciliación tendrá la visita de Francisco a Colombia. Al momento de escribir esta columna se sentía apenas el peso de su presencia en Bogotá. De la misa con más de un millón de personas, de su trasegar por la ciudad en medio de los vítores de las multitudes que salían a su paso. Solo se conocía el discurso de jefe de Estado en la Casa de Nariño y la homilía en el parque Simón Bolívar. Pero creo que será muy difícil que los católicos del país eludan el llamado de Francisco a construir la paz y a conjurar el odio y la venganza.
Columna de opinión publicada en Revista Semana