Los datos lo dicen todo: desde 2006, cuando finalizó la desmovilización paramilitar, se produjo un rearme de organizaciones criminales que directa o indirectamente se ligaban al paramilitarismo. Llegaron a existir más de 100 grupos en todo el país, -Águilas Negras, Águilas Doradas, Nueva Generación, Los Mellizos, Los Nevados, Los Paisas, etc.-. Además, con la guerra interna de varios carteles del narcotráfico comenzaron a surgir ejércitos privados al servicio de economías ilegales. Los Rastrojos y Los Machos son un buen ejemplo. Al final eran más de 120 grupos en todo el país.
Desde 2011 comenzó una disputa entre estas organizaciones, al igual que una guerra frontal del Estado, que, al menos a nivel nacional, lideró el presidente Juan Manuel Santos. Las operaciones Troya I y Troya II son los mejores ejemplos. Ambas dinámicas llevaron a un proceso de cooptación criminal que redujo el número de estructuras, pero aumentaron su poder. El Clan del Golfo cooptó algo más de un treintena de estas organizaciones, lo mismo hicieron Los Rastrojos en su momento. Quedaba claro que estos grupos se apoderaron de los eslabones últimos de la cadena del narcotráfico: los laboratorios de clorhidrato de cocaína y las rutas de exportación.
Al final quedaron tres grandes grupos armados organizados, cerca de 20 organizaciones de segundo nivel, de alcance regional, como La Empresa de Buenaventura y centenares de grupos locales compuestos por jóvenes que son subcontratados por las primeras o segundas organizaciones. Desde 2006 hasta hoy se cuentan más de 15.000 capturas o neutralizaciones de miembros de estas organizaciones. Se calcula que hoy los miembros de estos grupos llegan a poco más de 7.000, la misma cifra que hace 10 años. Así las cosas, todo parece indicar que la capacidad de reposición de estas organizaciones es bastante fácil. Miles de jóvenes colombianos conforman un ejército de reserva para la criminalidad.
Pero hay otra cifra aún más complicada. Se cree que cerca de 6.000 paramilitares o reincidieron luego de su desmovilización o nunca se desmovilizaron, la gran mayoría de ellos fueron capturados o dados de baja. Es decir, la mayoría de los integrantes de las actuales organizaciones criminales son nuevos reclutas, nada tienen que ver con los antiguos paramilitares. Esto a su vez significa que Colombia nunca pudo detener el flujo del reclutamiento juvenil.
Igualmente, se debe decir que la mayoría de mandos de estas organizaciones fueron mandos medios paramilitares, es decir, tienen una vieja trayectoria criminal. Por ejemplo, alías Otoniel, jefe del Clan del Golfo, fue guerrillero del EPL, la única guerrilla maoísta que existió en el país, luego fue mando paramilitar y actualmente comanda el Clan del Golfo. Casi 30 años de experiencia criminal.
La mayoría de los mandos capturados que pertenecían a estas organizaciones ni siquiera pasan por el sistema judicial colombiano, negocian directamente con la justicia norteamericana, por ejemplo los hermanos Comba, jefes militares de una fracción del Cartel del Norte del Valle. Las autoridades colombianas no reciben información sobre los diferentes mercados ilegales, además la riqueza que estos criminales entregan a la Justicia Norteamericana se queda en Estados Unidos y no colaboran con la justicia colombiana para el esclarecimiento de hechos. Al final, Colombia no logra tener nada.
Así que Colombia está en un círculo vicioso o, mejor, en una guerra que parece eterna contra organizaciones criminales, en la que ha quedado claro que con solo la represión será imposible desmantelarlas.
El Gobierno colombiano ha tomado la decisión, por lo demás obvia, de crear un mecanismo de sometimiento a la justicia, que se parece mucho al utilizado en los Estados Unidos. La fórmula es poca cárcel -el proyecto de ley establece una rebaja del 50% de la sentencia a quienes se acojan a la justicia-, mucha delación o información para que las autoridades logren mitigar los diferentes mercados ilegales, y entrega del 100% de la riqueza, de la cual el 95% va al Estado para reparar a las víctimas y el 5% se le legaliza a la persona que se someta para que pueda vivir una vez pague la condena.
El Gobierno combina su política de represión, la cual no será modificada, con una posibilidad de sometimiento a la justicia, que le permita al Estado colombiano tener la información necesaria para pasar del círculo vicioso de las capturas a golpear los eslabones de los mercados ilegales. Pero como era de esperarse la oposición es inmensa, pues, de darse el sometimiento podría haber mucha delación y los socios de estos criminales que se encuentran en la legalidad no ven bien la propuesta del Gobierno.
Columna publicada en El Pais.com