Herederos de congresistas condenados por parapolítica, implicados en el ‘Cartel de la Toga’ y familiares de parlamentarios vinculados a investigaciones por recibir millonarias coimas a cambio de garantizar contratos con la multinacional brasileña Odebrecht, son el común denominador de las listas al Congreso. No se salva ningún partido.
Así lo señala el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación que contiene nombres de los candidatos, algunos repitentes, que tienen claros cuestionamientos.
Odebrecht
Es el caso del senador Antonio Guerra de la Espriella a quien la Procuraduría le abrió investigación por presuntamente recibir dineros de Odebrecht para la adjudicación de proyectos, la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica y un supuesto “lobby” ante la Superintendencia Financiera en favor de la firma.
Consultado por EL COLOMBIANO señaló: “yo respondo ante los entes correspondientes y espero que aflore la verdad. No tuve nada que ver”. Bajo estos mismos señalamientos en el caso Odebrecht está el aspirante por el Partido Conservador a la Cámara de Representante Ciro Rodríguez , a quien fue imposible de localizar.
Juan Diego Gómez, candidato Conservador, es mencionado como “investigado por supuestamente haberse reunido con el expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli”. Al respecto, dijo que no es cierto: “la reunión se dio por unas inquietudes que él tenía en 2012 y 2013, antes de que sucedieran los hechos que generaron el escándalo, incluso, el señor Martorelli menciona personas, pero aclara que no financió ninguna campaña al Congreso”.
Otro señalado en el informe, que cita a 64 aspirantes, es el senador Armando Benedetti de quien señalan que fue “vinculado al escándalo de Odebrecht por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien compulsó copias a la Corte Suprema para que determine si abre investigación”.
Benedetti se defendió acusando al fiscal de persecución política y ha insistido en que el jefe del ente acusador también tuvo reuniones con el presidente de Odebrecht
“El fiscal (Martínez) fue el que contactó a Martorelli dos o tres días después de la primera vuelta para pedirle una plata. No solamente lo buscó, sino que le dieron 4.000 millones de pesos y lo metieron en la cuenta de una empresa que se llama RGQ Logistic Group International SAS”, señaló Benedetti.
Parapolítica
El informe también reseña a los candidatos que tienen señalamientos por alianzas con grupos paramilitares o quienes son herederos de clanes políticos con cabezas condenadas por la misma razón.
Entre los mencionados están: Fawzi Muvdi Anillo quien, según el informe, “es hijo y heredero de la estructura política del excongresista liberal Pedro Muvdi Arangüena, condenado a 13 años por nexos con grupos paramilitares”.
Johnny Besaile Fayad hermano del exsenador Musa Besaile. El informe asegura que “según declaraciones ante la Corte Suprema, cuando Moreno le solicitó dinero a Musa Besaile para frenar su proceso por parapolítica, Johnny acompañó a su hermano a una notaría en Sahagún (Córdoba) para autenticar un documento en el que mencionaban los detalles de la supuesta “extorsión” de la que eran víctimas. El documento fue entregado como prueba. Johnny no tiene investigaciones abiertas”.
Juliana Escalante García, es hija de la senadora Teresita García Romero y heredera de la estructura política de su tío, Álvaro ‘El Gordo’ García, condenado a más de 40 años por la masacre de Macayepo. “A finales de septiembre se convocó una fiesta de apertura de su campaña en Betunia (Sucre), a la que habrían asistido unas 1000 personas. Aseguran que hubo reparto de billetes de 20 mil”, señala el informe.
Olga Suárez Mira, como ya es conocido, es calificada como la heredera de “la estructura política de su hermano, el exsenador y prófugo Óscar Suárez Mira,condenado a 9 años de prisión por nexos con grupos paramilitares, quien se encuentra prófugo de la justicia”.
El informe continúa con Sergio Araujo, “su hermano, Álvaro Araujo Castro, uno de los primeros condenados por parapolítica en 2010. Su padre, Álvaro Araujo Noguera, fue investigado por presuntos vínculos con Rodrigo Tovar. Sergio Araujoes primo del condenado ex gobernador Hernando Molina Araujo”.
Otro señalado es Alfredo Deluque quien presuntamente “ha sido apoyado política y financieramente por Cielo Redondo, jefe política de la estructura paramilitar de Arnulfo Sánchez, alias “Pablo”, del Bloque Contra Insurgencia Wayuu que operó en La Alta Guajira”. Su padre, Hernando Deluque, fue condenado por contratos sin cumplimiento de requisitos de ley y peculado.
La defensa de los partidos
Frente a los señalamientos del informe, Cambio Radical citó una rueda de prensa donde defendió a sus candidatos, el presidente del partido, Jorge Enrique Vélez,se refirió a los casos de Richar Aguilar, Juliana Escalante, Édgar de Jesús Díaz, Temístocles Ortega y Didier Lobo, y la aspirante a la Cámara, Sandra Paola Hurtado.
“Cambio Radical no se conformó con los filtros que exige la ley, como el de la Ventanilla Única del Ministerio del Interior donde se verifican sanciones penales, disciplinarias, fiscales, procesos vigentes en la Corte Suprema, investigaciones en la Fiscalía y Antecedentes de la Cancillería. Además, el Consejo de Control Ético revisó que no hubiera inhabilidades”, dijo.
Así mismo, el presidente del Partido de la U, Aurelio Iragorri, sostuvo que la lista es regional “quienes escogieron los nombres no fueron los congresistas, sino los 2 millones 300 mil colombianos que hacen parte de la colectividad, “todos los nombres que fueron revisados”.
Aseguró que en la lista “no hay culpables, quienes hacen parte son personas inocentes. Besaile fue el primer alcalde de Sahagún, Córdoba, y hace parte de una extensa tradición política. En Colombia no existe delito de sangre, si condenan a una persona es responsabilidad individual. Uno no puede vetar al director de un grupo político, ellos no nacieron ni con ‘Mussa’, ni con ‘Ñoño’”..
El caso de Barrera
El informe asegura que la representante Lina María Barrera, es aspirante por el Partido Conservador, y agrega que es hermana de Juan Carlos Barrera, condenado a 17 años por desempeñarse como tesorero del Frente Comuneros del Bloque Central Bolívar de las AUC. La representante confirmó al EL COLOMBIANO que no aspirará a la reelección.