Por: Gonzalo Duarte, Investigador de la Línea Conflictos Asociados al Desarrollo
Desde hace meses la opinión pública está volcada sobre el futuro del país. Las discusiones se agudizaron con la elección de un congreso parcialmente renovado y unas elecciones presidenciales bastante polarizadas en la que los candidatos se han concentrado en distanciarse uno del otro en función del juego electoral. Esta situación dirige a los colombianos a la encrucijada de elegir entre posiciones que se presentan como radicalmente diferentes, casi irreconciliables. Pero, ¿cuál puede ser el punto común en el que todos los candidatos presidenciales estarían de acuerdo?
Y la respuesta es que a esto le falta ambiente. Seguramente la totalidad de los candidatos responderían positivamente a la pregunta sobre si es importante proteger el medio ambiente, pero carecen de profundidad con respecto a cómo hacerlo y cuál debe ser el rol del sector extractivo, si es que lo tiene. Adicionalmente, se debe entender que este sector se presenta de manera diferenciada a lo largo y ancho del país, ya que no solo está compuesto por las grandes multinacionales mineras de abultadas billeteras, también lo conforman comunidades que tradicionalmente se han dedicado a esta actividad. Un ejemplo concreto de esto es el páramo de Santurbán en Santander.
Al lado del páramo de Santurbán se encuentran Vetas y California, municipios de vocación minera donde coexistían mineros tradicionales, empresas locales y multinacionales. Pero ahora tal vocación está en riesgo por la Resolución 2090 del 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual, tomando lineamientos del Instituto Alexander von Humboldt, determinó un área de 98.954 hectáreas en la que no se puede hacer minería. Esta delimitación tuvo por resultado que el 73% del territorio del municipio de Vetas quedara sobre la línea de páramo, la cancelación de operaciones de las empresas mineras allí presentes y que el 51% de la población, tradicionalmente dedicada a esta actividad, resultara desempleada.
Tal situación generó una crisis social de gran magnitud, y dejó a la población frente a la encrucijada de: irse del municipio o dedicarse al galarfardeo, que consiste en entrar en las vetas abandonadas y buscar los metales remanentes que haya en la montaña, una actividad que puede afectar negativamente al ecosistema y a los sujetos que la realizan.
Paralelo a esto, se encuentra el proyecto de extracción aurífera de Minesa de Mubadala Development Company, que pretende desarrollar un colosal proyecto de extracción subterránea de alta tecnología en el municipio de California, a pocos metros de la línea de páramo. Este proyecto ha sido objeto de álgidas discusiones de quienes lo defienden por estar debajo de la línea de páramo y no usar cianuro ni mercurio, como también de quienes lo refutan por la posible afectación a sistemas de aguas subterráneas que provienen del páramo y alimentan la demanda hídrica de Bucaramanga.
Adicionalmente, el 9 de noviembre de 2017, la corte constitucional por medio de la sentencia T-361 de 2017, se pronunció frente a la resolución de delimitación del páramo. Allí estipuló que la actual delimitación cumple con los derechos al agua y el ambiente sano, pero no respeta los derechos a la participación ambiental y al debido proceso, por lo que es deber del Ministerio de Ambiente definir e implementar un proceso de participación de la comunidad en la delimitación del páramo. De tal forma que se suspendió por un año el efecto de la resolución y se ordenó definir un cronograma y aplicación de una metodología de participación efectiva. Todo esto debe tener por resultado un acto administrativo que determine la nueva delimitación del páramo de manera participativa junto con la generación de proyectos de reconversión y sustitución.
Sin embargo, este proceso participativo conllevará una gran disputa jurídica. Los municipios mineros pedirán que la línea de páramo se ubique o más arriba o de manera diferenciada (algo que no tiene cabida dentro de la decisión de la corte), para que se puedan desarrollar actividades productivas en algunas de las zonas ahora excluidas por la delimitación. Su argumento consistirá en que la decisión original no tuvo en cuenta la vocación histórica de la zona, las tradiciones culturales y la opinión de californianos y vetanos sobre el futuro de su territorio. De otro lado, estarán las organizaciones ambientalistas que plantean la necesidad de bajar la línea y prohibir las actividades mineras en las zonas cercanas al páramo de Santurbán. Su argumento central es la protección del bosque andino y las zonas de páramo bajo, para que ni el ecosistema de páramo ni los recursos hídricos que llegan a la ciudad de Bucaramanga sean afectados.
Fácilmente se puede considerar que esto requiere una decisión meramente técnica, pero definir qué hacer con los habitantes de Vetas y California consistirá en una decisión política que tendrá que definir el próximo primer mandatario. Por eso pregunto: ¿Qué vamos a hacer con Santurbán? Discutamos desde lo concreto. A esto lo que le hace falta es ambiente.
Nota: El pasado miércoles, Minesa por medio de un comunicado anunció su intención de presentar una nueva solicitud de licencia ambiental del proyecto Soto Norte ante la ANLA. Esto debido a nuevos elementos que consideran importantes incluir en la solicitud. Es importante que la opinión pública esté atenta frente a cuáles son esos elementos y los efectos que tendrán sobre el proyecto y el territorio.