Por: Diego Alejandro Restrepo, Investigador de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto-Pares
Colombia asiste a un proceso sin precedentes en la Historia. Se propone re-interpretar lo sucedido en la guerra a través de la construcción de un nuevo relato que sitúa como protagonistas a las víctimas pero que, a su vez, se enriquece con la posibilidad de verdad por parte de los victimarios. Esta importante labor la asume la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición bajo la dirección del Sacerdote Jesuita Francisco de Roux, quien se ha destacado por sus importantes contribuciones a la construcción de paz en el país durante más de treinta años.
La construcción de relatos no oficiales, de narraciones íntimas de las distintas verdades territoriales no ha sido realizada ni por el Estado, ni la academia, ni mucho menos por quienes dicen abanderar, usualmente desde el centro, las causas políticas de los excluidos y excluidas por la historia. Son las comunidades, a través de la resistencia, quienes han construido sus propias trayectorias colectivas y también las han re-construido ante el asalto constante de las violencias.
Sin embargo, la Comisión de la Verdad se enfrentará a algo inédito, tendrá un papel central en la disputa por el significado, en la batalla simbólica por el sentido de aquello que ocurrió según las versiones oficiales de la Historia y, por tanto, en la construcción continua de procesos de reconciliación locales, regionales y nacionales. Todo esto, debido al respaldo institucional (así sea escaso) y social que revestirá a la Comisión de legitimidad y apoyo para cumplir con sus objetivos. Incluso, podríamos esperar que sus relatos sean tenidos en cuenta en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el propósito, no de recluir en cárceles a quienes participaron activamente del conflicto armado, sino de conocer los rostros reales de la guerra para que reparen a sus víctimas y den garantías para la no repetición.
La labor no será fácil: existe una versión “oficial” sobre lo ocurrido que es producida y reproducida por personas pertenecientes a élites económicas y políticas que han pretendido subordinar la verdad histórica a sus intereses particulares. Por ejemplo, debemos pensar en la negación por parte de Álvaro Uribe y sus aliados de la existencia del conflicto armado, de las ejecuciones extrajudiciales y de la construcción, paradójicamente realizada a través de la combinación de todas las formas de lucha, de la idea de terrorismo para designar a las guerrillas y así construir un enemigo “nacional” carente de cualquier tipo de connotación política y humana. No es fortuito tampoco que este mismo sector se oponga de manera vehemente a la JEP.
Más grave todavía es el hecho de que por medio de este complejo entramado de fuerzas políticas, sociales y culturales se realice un proceso social por medio del cual aquella visión particular y sesgada se convierta en el relato hegemónico de la verdad. Esto es, que aquello producido por intereses particulares se transforme y haga parte de lo que denominamos sentido común hasta tal punto que, quienes están subordinados por tal relato hagan parte de la reproducción de estos intereses. Este elemento, infortunadamente, se manifestó en las pasadas elecciones legislativas de marzo de 2018 cuando 801.692 votantes reeligieron a Álvaro Uribe como Senador de la República. La votación más alta para el Congreso.
Por otra parte, no toda dominación es total, siempre existen alternativas que han resistido frente a la exclusión y al discurso totalizante acerca de la verdad. Las “madres de Soacha” son un ejemplo perfecto para ilustrar estas luchas. Ellas se arriesgaron a difundir los asesinatos de sus hijos por cuenta del Ejército aún cuando altos funcionarios de gobierno y de la Fuerza Pública se encontraban comprometidos. Es por esta razón que la Comisión deberá también tener en cuenta dichas expresiones y prácticas con el propósito de comprender de manera más profunda los mecanismos creados por aquellos que instrumentalizaron la violencia y la justificaron en razón del “cumplimiento del deber”.
De esta forma, la función de la Comisión se vuelve aún más compleja, debe problematizar y cuestionar el sentido común y, asimismo, la tradición que han elegido las clases dominantes con el objetivo de mantener y perpetuar sus lugares de privilegio. Su quehacer es contrahegemónico, por este motivo, encontrará las más fuertes resistencias en las élites políticas y económicas, pues sus hallazgos serán muchas veces contrarios a los intereses de estos grupos.
Mi propuesta es apoyar desde nuestros distintos saberes, experticias y posiciones este proceso que emprende la Comisión de la Verdad. Asimismo, acompañar a través de organizaciones sociales de todo tipo su labor con el fin de disputar el sentido de la historia, visibilizar la verdad de las víctimas y garantizar que éstas sean reparadas sin distinción alguna por cuenta del tipo de victimario, es decir, sin importar si son víctimas de las Farc, de Paramlitares, de Fuerza Pública, de empresarios o de cualquiera que haya tenido un papel en el conflicto armado colombiano. Durante los próximos años estará en disputa la historia.