Por: Angélica Gutiérrez y Carlos Montoya Cely, Línea de Conflicto, Paz y Postconflicto- Pares
El pasado 22 de marzo de 2018, La Corte Suprema de Justicia entregó a la JEP los primeros 18 expedientes que corresponden a los casos de: los homicidios de integrantes de la familia Turbay Cote y el proceso contra la presunta infiltrada de las FARC en el Ejército Marilú Ramírez Baquero.
Foto: Juan Diego Castro-Pares. Edificio de la JEP, Chapinero, Bogotá, Colombia
Un año después de iniciada la implementación de los acuerdos de paz, se comienzan a materializar avances de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz. Los primeros meses de la implementación se concentraron en el trámite legislativo para crear las condiciones institucionales necesarias para la adecuada implementación del acuerdo, finalmente el 28 de noviembre de 2017 la Cámara de Representantes aprobó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual ha sido considerada como la columna vertebrar del sistema. Su implementación ya está en marcha y garantizará a las víctimas la aplicación del sistema transicional de justicia.
Homicidio de la familia Turbay Cote
Uno de los crímenes más recordados y tal vez de los más atroces que haya cometidos la ex organización guerrillera de las FARC, fue la masacre de la familia Turbay Cote el 29 de diciembre el año 2000 en la entonces Zona de Distención. En medio de las fracasadas negociaciones de paz de la época, fueron asesinados a sangre fría en una carretera del Caquetá el congresista Diego Turbay Cote, su mamá, Inés Cote, junto con otras seis personas.
La masacre fue cometida por las la columna “Teófilo Forero” de las FARC que siguió ordenes, al parecer, del entonces poderoso congresista del Caquetá Luis Fernando Almario. Almario fue condenado por parapolítica y está siendo procesado por ser el cerebro de la matanza que tenía como fin abatir a sus competidores, la familia Turbay Cote. Se espera que la JEP pueda concluir con la decisión final de este caso.
Marilú Ramírez
Marilú Ramírez está involucrada en un atentado con carro bomba en la Universidad Militar de Bogotá el 19 de octubre 2006 que dejó 23 personas heridas. Se le acusa del delito de rebelión por infiltrarse en la Escuela Superior de Guerra en el año 2006 y activar un carro bomba. Marilú logró aprobar todos los filtros de la institución para comenzar los estudios en un curso para oficiales de alto grado. Ramírez y otros cinco guerrilleros de las milicias urbanas de las FARC en Bogotá fueron arrestados por miembros del Ejército especializados en combatir a las guerrillas en un barrio popular al suroeste de la capital. La supuesta insurgente, tratando de evadir a las autoridades, presentó un carné que la acreditaba como graduada civil del Curso Integral de Defensa Nacional.
La mujer pasó por encima de todos las estrategias de seguridad que existen para este tipo de eventos. Logró incluso visitar y tomar fotografías de bases militares, de un buque de la Armada y de otras instalaciones. Sus actividades fueron descubiertas a raíz del decomiso de un computador portátil que dejó abandonado Carlos Antonio Lozada, jefe guerrillero de las FARC, durante un ataque del Ejército a un campamento insurgente en abril del 2008 en el departamento del Meta.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, según fuentes del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), le concedió la libertad condicionada a Marilú por la solicitud que hizo su abogado a la Fuerza Pública, a la Justicia Especial para la Paz, el 21 de abril de 2017.
Actualmente este caso emblemático también pasó a estudios de la JEP y se espera que Ramírez cuente la verdad de lo sucedido como condición para someterse a esta justicia especial y poder reparar a sus víctimas. Para resolver este tipos de casos se espera que para antes del 16 de abril de 2018 por medio del Auto 001 con referencia “Medidas cautelares anticipadas” expedido el 12 de marzo de 2018 por el Secretario de la JEP Néstor Raúl Correa, la JEP cuenten con todos los archivos de inteligencia del conflicto armado que tiene el DAS para así poder garantizar el derecho de verdad a las víctimas.
Los retos de la JEP son innumerables, esto en razón al valor histórico que toma la jurisdicción como mecanismo para garantizar justicia a las víctimas. Uno de los primeros elementos que tendrá que resolver la JEP será el de generar confianza y conceso en la sociedad, desde la selección de sus magistrados, en algunos sectores de la sociedad que se han opuesto al proceso de paz, han alimentado la idea de que será un tribunal de impunidad. Es fundamental que los resultados de la JEP permitan dejar sin piso estas acusaciones y que en virtud de su misión pueda satisfacer las demandas de las víctimas y probar que este mecanismo garantiza, sobre todas las cosas, el restablecimiento de derechos de las víctimas del conflicto armado.