Por: Gonzalo Duarte, Investigador de la Línea Conflictos Asociados al Desarrollo- Pares
El futuro de la reserva Thomas van der Hammen está en discusión. La Sabana de Bogotá, hogar de más de 14 millones de personas, se encuentra en la encrucijada de realinderar, es decir, de cambiar las dimensiones y naturaleza de esta reserva. Esta discusión se ha convertido en uno de los ya numerosos puntos de discordia entre los seguidores y los detractores del actual alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien acaba de presentar su realinderación.
Para contextualizar, debemos tener en cuenta que la propuesta busca que la reserva pase de 1396 hectáreas a 1710 hectáreas y el aumento de su zona ambiental de 634 hectáreas a 1104 hectáreas. Esto significaría incrementar su tamaño, pero se pagaría un precio alto: el aumento se daría en el marco de que se permitiera la extracción de 104.5 hectáreas para corredores viales que procurarían desembotellar la entrada y salida de la ciudad. Esto, por consecuencia, resultaría en una reserva en la que se espera la coexistencia entre el desarrollo urbanístico y el medio ambiente.
De otro lado, existe una muy notable oposición a la propuesta en la que se considera que la solución para la reserva no puede ser ésta ya que las especies presentes en la zona estarían en peligro si se construyen corredores viales que la atraviesen. Tal argumento está basado en que un ecosistema difícilmente puede existir, de manera efectiva, cuando está en medio del constante estrés ambiental que conllevaría el desarrollo de corredores viales como la ALO, y el alargamiento de la Avenida Ciudad de Cali y la Boyacá, junto a sus respectivas troncales de Transmilenio.
Evidentemente, el impacto no será mínimo en términos de que el contexto ambiental de la Sabana de Bogotá no se encuentra en su mejor momento: por una parte, está la contaminación del aire producida por el transporte público, transporte de carga, particulares y la misma industria de la ciudad; por otra parte, el crecimiento urbanístico que afecta los cerros u otros espacios estratégicos ambientales de la Sabana, y a esto se suma la falta de una solución real al manejo de residuos.
Es por ello que la discusión, pero aún más la decisión, frente al futuro de la reserva Thomas van der Hammen debe partir de la garantía de condiciones ambientales óptimas para la ciudad, los municipios, los ecosistemas y sus habitantes, por lo que la decisión debería ser tomada por expertos que sean capaces de comprender la afectación que podría tener la realinderación de la reserva.
Ahora bien, en este momento deberíamos preguntarnos, como habitantes de esta ciudad, quién es el encargado de tomar esta decisión. Y la respuesta es el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el cual, a diferencia de lo que podríamos imaginar, no consiste en un consejo compuesto por personalidades del mundo de la defensa del medio ambiente o la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Sino de una serie de políticos que son nombrados como representantes de presidencia, las gobernaciones, los municipios, sector privado, las comunidades indígenas y las entidades sin ánimo de lucro.
Veamos tres miembros:
Julio César Turbay Quintero: Desde abril de 2015 es miembro del consejo directivo como representante de presidencia. Es abogado y máster en ciencias de gerencia. Adicionalmente fue Contralor General de la República de 2006 a 2010, con múltiples investigaciones relacionadas con sobrecostos y aumentos injustificados en contratos por prestación de servicios. Cabe aclarar que frente al caso de la realinderación de la Reserva Thomas Van der Hammen se declaró impedido, debido a que es tío del actual Secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay. Pero este es un impedimento por su relación de consanguinidad, no por la evidente falta de experticia en temas ambientales.
César Augusto Carrillo Vega: Es el actual secretario de planeación de Cundinamarca, y representante de tal gobernación en el consejo directivo. Contador público, especialista de negocios internacionales y mercados de capital. Se sabe que ejerció el cargo de subdirector administrativo y financiero de la CAR, además de ser asesor de planeación estratégica para el sector privado.
César Augusto Carrillo Ortegón: Es el actual alcalde de la ciudad de Chiquinquirá, la cual gano en 2015 de la mano del partido de la U. Profesional en zootecnia con una inacabada especialización en gobierno y gerencia territorial.
Estos miembros del consejo resaltan su naturaleza, en el que participan cuotas políticas, alcaldes de municipios e incluso funcionarios que no tienen experiencia en gerencia ambiental y menos conocimiento científico efectivo para tomar este tipo de decisiones. Este es el caso de la mayoría de los miembros del consejo.
No obstante, cabe aclarar que, dentro de los catorce miembros del consejo directivo, efectivamente existen quienes cuentan con un perfil profesional relacionado a temas ambientales, donde solo uno se podría considerar un experto y otros que no. Por ejemplo:
Pablo Aurelio Suárez García: Asesor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Médico veterinario con especializaciones en gerencia ambiental y gerencia para el manejo de los recursos naturales, junto a un magíster en gestión ambiental. Fue jefe de la oficina Bogotá – La Calera de la CAR. Quizás el miembro del consejo con la hoja de vida más sobresaliente.
Fabio Alberto Medrano Reyes: Actual director de medio ambiente, agua potable y saneamiento de la Gobernación de Boyacá. Biólogo de la UPTC, especialista en planeación y gestión del desarrollo territorial y en ingeniería ambiental. En 2016 fungió como director de juventud de la Gobernación de Boyacá y es quizás el miembro más joven del consejo directivo.
Francisco José Cruz Prada: Representante del alcalde de Bogotá, es el actual Secretario de Ambiente del distrito y quizás uno de los más polémicos. Es abogado y geólogo, quien fungió como director de Corpocaldas durante el gobierno Uribe y aspiró a la gobernación de Caldas con el partido de la U, aspiración que no prosperó. Posteriormente fue gerente del aeropuerto del café de Caldas, donde su gestión no fue bien recibida por obras inacabadas y polémicas relacionadas con sobrecostos en la construcción. Posteriormente fungió como sub-director de evaluación y seguimiento ambiental de la CAR – Cundinamarca.
Por esto es imperativo que la opinión pública, que frecuentemente está volcada hacia la discusión del respeto al medio ambiente, se pregunte sobre la capacidad y legitimidad que tienen las autoridades ambientales para tomar decisiones de gran envergadura. Esto debido a que, a lo largo y ancho del país, espacios como las Corporaciones Autónomas Regionales han sido históricamente cooptadas por intereses políticos que no se preocupan por la protección efectiva de los diversos ecosistemas de la Nación. Si vamos a proteger el medio ambiente, deberíamos empezar a considerar una reforma significativa a las autoridades ambientales, principalmente estas Corporaciones.
Nota: Desde la Fundación Paz y Reconciliación consideramos que la labor investigativa es desde y para la sociedad colombiana, por lo que pedimos a nuestros lectores que si tienen información importante sobre estos u otros miembros del consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca la envíen al correo gonzalo.duarte@pares.com.co. Además de información sobre funcionarios de otras Corporaciones Autónomas Regionales del país.