Por: Oficina Pares Buenaventura
La Fundación Paz y Reconciliación-Pares llegó al Pacífico colombiano a través de su oficina regional ubicada en Buenaventura. Su presentación tuvo lugar en el marco del primer Foro regional denominado “Café Pazífico”, llevado a cabo el 27 de abril en el Distrito de Buenaventura, el cual contó con la participación de más de 80 personas, entre representantes de organizaciones de diversa índole, tanto locales como regionales, nacionales e internacionales, además de la significativa presencia del cuerpo estudiantil y docente de las universidades públicas de la ciudad (Universidad del Pacífico y Universidad del Valle – Sede Pacífico).
En la inauguración se tocaron temas relativos a lo que vive el principal puerto de Colombia en cuanto al postconflicto, las dinámicas de seguridad, economías ilegales y conflictividades sociales. Las discusiones de las distintas mesas evidenciaron elementos clave de los procesos relacionados con la situación que actualmente atraviesan las comunidades regionales y locales. Como resultado de las mesas de discusión se pueden resaltar los siguientes aspectos:
Buenaventura ha presentado un gran desarrollo económico asociado a la dinámica portuaria. Actualmente cuenta con tres puertos marítimos, los cuales prestan el servicio de cargue y descargue de mercancías (30% de exportación y 70% de importación). Este lugar preponderante en las actividades comerciales internacionales del país está asociado a su ubicación estratégica que contribuye y es clave para la actividad mercantil en la cuenca del Pacífico; sin embargo, debido a esta excelente ubicación, la zona ha sido utilizada como corredor estratégico de economías ilegales, ligadas fundamentalmente con el negocio del narcotráfico y a la presencia y accionar de actores armados ilegales en la zona, como lo son la extorsión, la micro extorsión, el micro tráfico y la minería ilegal criminal. A ello se suman las imbricadas operaciones entre la mafia organizada, sectores empresariales y las clases políticas tradicionales que hacen de la corrupción administrativa un instrumento de saqueo de los bienes públicos locales, hecho que constituye un menoscabo sistemático de las condiciones de dignidad de los pobladores.
Son estas economías las que posibilitan y propician las alianzas entre los grupos armados que hacen presencia en la región y, más específicamente, en el Distrito de Buenaventura. Éstos ejercen un fuerte control sobre el territorio que resulta apto para cualquier tipo de enriquecimiento ilícito. Hechos que tienen repercusiones negativas para la sociedad civil y los recursos naturales, dado el carácter extractivo que caracteriza actividades como la explotación maderera o la minería.
Pese a que la implementación de economías ilegales constituye una de las principales problemáticas referidas dentro y fuera de la región, no es el único flagelo que azota este Distrito especial del país, pues también se tiene conocimiento que el desempleo, el trabajo informal, la falta de recursos económicos y el abandono del Estado, han generado una situación de inequidad y menoscabo en las condiciones de calidad de vida y bienestar social en el grueso de la población, abriéndole así un espacio a la presencia de grupos armados, que, por sus intereses en el control de economías ilegales, convierten esta zona del país en escenario de disputas territoriales entre diferentes bandos (o actores armados ilegales), estableciendo, en muchos casos, fronteras invisibles que limitan la movilidad socio espacial y someten a la comunidad a procesos de confinamiento y desplazamiento forzado, lo que profundiza las condiciones de pobreza y precariza la vida de los pobladores, quienes deben abandonar sus medios de existencia (obtenido fundamentalmente gracias al cultivo de productos de pan coger).
Así mismo, el Foro puso en escena aspectos de mucha preocupación para las comunidades locales y sus procesos organizativos, relativos a la conflictividad social presente en el territorio, puesto que en el escenario político se registran amenazas a líderes sociales y políticos, a quienes los actores armados ilegales u otros sectores económicos y políticos buscan amedrentar para acallar su voz. De igual modo, la corrupción en medio de elecciones políticas produce una distorsión en la participación electoral mediante la compra y traslado de votos, amenazas a jurados electorales y control sobre ciertas zonas sin autonomía que se encuentran bajo la presión de grupos al margen de la ley.
Para concluir, y teniendo en cuenta lo anterior, es importante hacer énfasis también en la falta de seguridad que afecta de manera negativa gran parte del Distrito, y que constantemente ha sido denunciada por parte de algunos bonaverenses, los cuales mencionan un incremento de violencia e inseguridad, disputas territoriales y debilitamiento de las organizaciones sociales, hechos desencadenados, en parte, a partir de la salida de las FARC-EP de la región y de la poca contingencia y efectividad del Estado y las autoridades competentes. Esta nueva etapa deja en evidencia que no hay una debida construcción de planes de seguridad y protección individual y colectiva, ni una adecuada implementación de políticas públicas en los territorios, las cuales ayuden a minimizar hechos violentos y aumenten la valoración social de organizaciones de derechos humanos, que contribuyen a la construcción de escenarios de paz, donde la violencia, la extorsión, la persecución y asesinatos de líderes sociales, el reclutamiento de jóvenes, el despojo de tierras y la desposesión de los territorios y los bienes públicos locales, se alejen de la cotidianidad de la vida social de estas comunidades.