Este artículo resume los principales resultados del capítulo 3 del libro La minería en el posconflicto. Un asunto de quilates, de León Valencia y Alex Riaño (2017, Ediciones B).
Por Óscar Iván Pérez H. y Sara Catalina Guío Q, Investigadores de Conflictos asociados al desarrollo-Pares
El cierre de la primera década del siglo XXI significó un periodo de bonanza inusitada para el sector extractivo en Colombia. En los cinco años transcurridos entre 2008 y 2013, su Producto Interno Bruto (PIB) creció más de 50%, logrando convertirse en el primer exportador del país y el principal receptor de la inversión extranjera directa (IED). Las exportaciones de minerales e hidrocarburos y los flujos de IED en el sector tuvieron crecimientos incluso más sorprendentes que el del PIB extractivo, hechos que, en conjunto, llevaron a que el gobierno de Juan Manuel Santos lo catalogara como una de las locomotoras del crecimiento colombiano.
La bonanza del sector no solo disparó la producción y la inversión, sino también los conflictos sociales relacionados con la extracción de recursos naturales no renovables (RNNR). Así, mientras en 2003 se registraron 2 nuevos conflictos sociales en el sector, en el año 2011 –el año con mayor conflictividad y uno de los picos de producción-, se presentaron 24 nuevas conflictividades.
En vista de ello, la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, con el apoyo de la Fundación Ford, construyó una base de datos que registró los conflictos sociales desatados en el sector minero-energético entre 2000 y 2016. Por conflictos sociales del sector minero-energético se entienden procesos en los que dos o más actores sociales, interdependientes y relacionados directa o indirectamente con la explotación de recursos naturales no renovables (RNNR), consideran que sus intereses se contraponen y realizan acciones para hacer prevalecer los suyos frente a los del otro. En total, la base de datos cuenta con 179 conflictos sociales relacionados con RNNR, tales como petróleo, oro, carbón, agua-acuíferos, cobre, hierro, plata, molibdeno y níquel, entre otros.
La base de datos se construyó en un proceso de tres etapas: identificación, verificación y documentación. En la primera, a partir de las bases de datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Environmental Justice Atlas (EJAtlas) y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), se elaboró un listado inicial de conflictos sociales del sector minero-energético, el cual, en la segunda etapa, por medio de una triangulación de datos con fuentes de prensa -tales como El Tiempo, El Espectador, Semana y La Silla Vacía, se verificó, validó y complementó el listado inicial.
En la tercera etapa se documentaron los conflictos sociales que cumplieron con los criterios mínimos de inclusión: 1) existencia de conflictos sociales en torno de la explotación de RNNR, 2) manifestación de los conflictos sociales por medio de movilizaciones visibles, y 3) conflictos sociales acontecidos durante el periodo 2000-2016 (aunque podrían haberse originado en el periodo anterior).
De acuerdo con este orden de categorías, los once principales resultados del análisis estadístico de la base de datos son:
Las extracciones de petróleo, oro y carbón concentraron el 87.2% de los conflictos sociales. Por volumen de explotación, estos tres RNNR son los más importantes del país.
Alrededor de la etapa de explotación se desataron el 83% de las conflictividades; las etapas de exploración y cierre concentraron, cada una, el 13% de las conflictividades.
La extracción formal agrupó el 85% de los conflictos sociales, seguida de lejos por las extracciones de tipo informal (13%) e ilegal (12%).
En orden, las causas detonantes de los conflictos sociales fueron: sociales (83.2%), económicas (70.4%), ambientales (57.5%), de gobernabilidad de los recursos (57.0%) y conflicto armado (21.8%). A su vez, las subcausas detonantes de los conflictos sociales más recurrentes fueron: “Agua”, con 49%; “Prácticas laborales y trabajo digno”, 46%; “Consecuencias económicas indirectas de la actividad”, 46%; “Violación de derechos humanos no relacionadas con el conflicto armado”, 36%; y “Tierra”, 34%.
Los grupos que más se movilizaron en los conflictos sociales fueron comunidad local, campesinos, organizaciones de la sociedad civil, gobierno local y trabajadores. No obstante, la comunidad local fue por mucho el grupo que más se movilizó, pues estuvo involucrada en 7 de cada 10 conflictividades, cifra que supera en casi 100% la participación de campesinos, organizaciones de la sociedad civil, gobierno local y trabajadores.
Las duplas de actores que se enfrentaron en el mayor porcentaje de conflictos sociales fueron: actores formales y comunidades locales (68.2%), comunidades locales y Estado (34.1%), actores formales y Estado (24.6%), trabajadores y actores formales (21.8%) y mineros artesanales/ informales/ilegales y Estado (15.1%).
La protesta social fue la forma de movilización más utilizada, con presencia en 7 de cada 10 conflictividades. Le siguieron acciones jurídico-administrativas y vías de hecho, la primera presente en el 46.4% de los conflictos sociales y la segunda en el 41.9%.
De acuerdo con el comportamiento de la explotación de RNNR, el periodo 2000-2016 se divide en tres momentos: pre-boom(2000-2006), boom (2007-2013) y estancamiento (2014-2016). El primero concentró el 19.6% de los nuevos conflictos sociales, el segundo el 77.3% y el último el 3.1%.
El 43% de los conflictos sociales se desataron en Antioquia, Boyacá, Santander, Cauca y Meta, con Antioquia registrando el doble de conflictividades que los otros cuatro departamentos siguientes.
Los municipios con más conflictividades fueron, de mayor a menor, El Paso y La Jagua (Cesar), Puerto Gaitán y Castilla la Nueva (Meta), Barrancabermeja (Santander), Barrancas (La Guajira), Santa Marta (Magdalena) y Ventaquemada (Boyacá).
El 41.4% de los municipios con presencia de conflictos sociales relacionados con el sector extractivo también hacen parte de los municipios vulnerables frente al postconflicto, de acuerdo con el índice de vulnerabilidad creado por Pares (Los retos del postconflicto, de León Valencia y Ariel Ávila). La coincidencia entre ambos tipos de municipios ocurre principalmente en ciertas zonas de departamentos como Antioquia, Córdoba, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Meta.
La base de datos de Pares es más amplia y completa que las de CINEP, EJAtlas y OCMAL, puesto que las integra y las complementa con datos provenientes de prensa, incluye variables no consideradas por ellas –tales como etapa de producción, tipo de extracción y actores en conflicto– y, finalmente, analiza a un nivel más profundo los aspectos relacionados con las causas y las subcausas detonantes de las conflictividades asociadas al sector minero-energético.
CONSULTA LA BASE DE DATOS AQUÍ
La validación de datos consistió en verificar que dos o más fuentes confiables comunicaran información equivalente, mas no en el chequeo de la veracidad de los datos registrados. Así, por ejemplo, si dos o más fuentes mencionan que un proyecto minero-energético generó daños en la salud o el medio ambiente, la base de datos registra esa información, pero no certifica que tales daños –en caso de existir– hayan tenido como causa fundamental el proyecto en mención. La misma lógica aplica para todos los casos, sobre todo para aquellos en que se afirma que las actividades extractivas estuvieron articuladas con lógicas o actores de carácter ilegal o criminal. En este sentido, la base de datos, más que verificar la veracidad de las motivaciones de los actores para movilizarse y entrar en conflictos sociales explícitos, lo que hace es transmitir su sentir y su pensar, de acuerdo con lo informado por los medios de comunicación y lo documentado por otros actores, como la academia, los centros de investigación y las ONG´s.