Los desafíos del postconflicto en el Pacífico colombiano
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Los desafíos del postconflicto en el Pacífico colombiano

Por: Conflicto, paz y postconflicto-Pares

El Pacífico colombiano es uno de los territorios que experimenta los más grandes desafíos para el postconflicto en Colombia. Desde la perspectiva de seguridad, múltiples grupos armados se encuentran en disputa producto del vacío de poder dejado por las Farc durante su repliegue y posterior transformación en Partido Político. Esta realidad se experimenta especialmente en la costa pacífica nariñense y caucana, en donde sucesores de paramilitarismo, grupos armados compuestos por desertores de las Farc y el crimen organizado, luchan metro a metro en los barrios y las zonas rurales por hacerse al control de los principales mercados ilegales de la región, lo que ha ocasionado que la población civil sufra las consecuencias del fuego cruzado.

Para el caso del departamento del Chocó, Norte del Pacífico, mítico por su riqueza en oro, pero a la vez tristemente célebre por las precarias condiciones sociales de su población, la situación no dista mucho de la zona sur. Si bien, no proliferan grupos armados ilegales como sucede en las otras subregiones del pacífico, el Ejército de Liberación Nacional-ELN ha incursionado de manera armada para disputar el territorio con el Grupo Armado Organizado-GAO Clan del Golfo, o como se denominan a sí mismos, Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Estas confrontaciones armadas han generado en los primeros tres meses de 2018, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios- OCHA, 266 eventos de desplazamiento masivo y 1.446 personas con restricciones al acceso de bienes y servicios básicos.

Sumada a esta compleja situación de seguridad, la población del Pacífico colombiano, en su inmensa mayoría afrodescendiente, ha estado sumida en un abandono estatal “selectivo”, esto es, que históricamente sus habitantes han tenido que padecer las condiciones más precarias en materia de servicios básicos, garantías de derechos y todo tipo de vejámenes propios de un sistema estatal aparentemente “débil”. No obstante, su riqueza en términos minerales, sus puertos y sus fértiles tierras han sido materia prima para el enriquecimiento y la prosperidad de sectores empresariales del interior del país y de grandes capitales extranjeros.

Esta doble condición expresa una serie de relaciones estructurales de dominación soportadas en el elemento de raza-racialización que incide en gran medida en la formulación de políticas públicas y en la destinación de recursos para el Pacífico, igualmente, en la posibilidad de autonomía de la región. Es así como, el olvido, la mayoría de las veces intencionado por parte del Estado, ha producido desigualdades históricas en múltiples dimensiones, por ejemplo, en un precario sistema de salud que únicamente cubre, de manera limitada, a quienes habitan las cabeceras municipales de los principales municipios y ciudades (Buenaventura, Tumaco, Quibdó).

La difícil situación en materia de salud se relaciona estrechamente con la incapacidad de llevar a los hogares del pacífico el mínimo vital de agua potable, lo cual ha derivado cíclicamente en enfermedades que han precarizado la vida de los habitantes de la región. Adicionalmente, las limitaciones en saneamiento básico, de acceso a la educación y al trabajo generan fuertes incentivos para que los jóvenes encuentren en la ilegalidad una oportunidad económica para subsistir junto con sus familias.

Los principales mercados ilegales que imperan a lo largo de todo el Pacífico son el narcotráfico y la minería ilegal y criminal, estas actividades son, en gran medida, monopolizadas por los grupos armados ilegales que, generan grandes rentas para sí mismos, pero para quienes cultivan la hoja de coca y la procesan, o para quienes realizan “barequeo”, muchas veces significa únicamente un jornal cualquiera. Sin embargo, si bien existe todo un complejo industrial alrededor de la producción y distribución para el caso de la cocaína, también existen relaciones asociativas comunitarias que han permitido la participación de la población en el negocio, elemento que refleja, en gran medida, la razón de la legitimidad de este negocio para muchos de los pobladores.

Aún con estas complejas relaciones entre comunidad y mercados ilegales, la estrategia del Estado colombiano, a lo largo de las primeras dos décadas del siglo XXI, y la última del XX, ha sido el despliegue masivo de grandes contingentes armados para “neutralizar la amenaza”, como sucedió durante el mes de enero de 2018 cuando el Ministerio de Defensa puso en marcha la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules que disponía 9.000 efectivos de la Fuerza Pública en la Costa Pacífica nariñense para contrarrestar las disputas entre múltiples grupos armados y la situación humanitaria derivada de este fenómeno.

Hoy, cuatro meses después de esta intervención armada, Tumaco continúa experimentado el mismo fenómeno, incluso se ha agudizado desde la implementación de la Fuerza de Tarea Hércules, razón por la cual las comunidades se preguntan si esta estrategia es la más adecuada para atender la situación que experimenta el puerto. Las constantes voladuras de energía (cuatro en lo que va corrido de este año, tres atribuidas al Frente Óliver Sinisterra de Guacho y una de ellas al ELN), el alarmante número de homicidios y las constantes desapariciones han desbordado todos los niveles de violencia conocidos e incluso “tolerados” por la comunidad, provocando una masiva movilización a finales de abril de 2018. 

Cuando se suponía que el Estado se reestructuraría de manera territorial para afrontar los desafíos del Postconflicto, es decir, que la presencia social del Estado expresada en instituciones de justicia, Policía Rural, electrificación rural, vías terciarias, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y Sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, entre otras, tendrían un efecto práctico a corto plazo en las comunidades mayormente afectadas por el conflicto armado, hoy, es evidente que la infraestructura institucional y presupuestal del Estado no estaba preparada para responder a las contingencias previsibles en los territorios colombianos.

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Artículo por: Valentina Pèrez Botero @ | Publicado: Hace 3 semanas


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