Por: Conflicto, paz y postconflicto-Pares
La guerra en el departamento del Chocó (Pacífico norte) se resiste a desaparecer. En medio de un contexto de altas conflictividades sociales y disputa de recursos naturales, a pesar de la salida de las FARC, la presencia y expansión del ELN y el Clan Úsuga en el territorio han impedido que las armas se silencien en uno de los departamentos con mayor biodiversidad del país.
La guerra en el departamento del Chocó llegó con el nuevo milenio y desde entonces la intensificación de la violencia ha hecho que sea el departamento con mayor nivel de victimización en el país, según los datos entregados por la Unidad de Víctimas. Es decir, que en promedio 190 de cada cien mil chocoanos sufrieron de algún tipo de acción victimizante en medio del conflicto armado. La intensificación de la guerra en esta región del país no ha cesado a pesar del proceso de paz entre el gobierno nacional y las FARC. La disputa por el control de mercados de uso ilegal ha hecho que la guerra se siga reciclando.
Número total de víctimas sobre poblaciónDepartamentoPoblación CensoNo de VíctimasTasa victimasChocó245.923467.493190,1Putumayo168.535292.029173,3Guaviare65.15099.907153,3Caquetá284.055396.949139,7Arauca165.464154.85093,6Cauca547.916479.94287,6
Fuente: Datos Registraduría Nacional, DANE y Unidad de Víctimas. Procesados por Fundación Paz y Reconciliación.
Una de las variables que con frecuencia se observan para determinar la intensificación de la violencia en los territorios, es el número total de muertes violentas. Para el departamento del Chocó, el comportamiento de los homicidios permite inferir la capacidad que han tenido actores armados ilegales para reacomodarse en el territorio.
Una vez inició el proceso de paz, y con ellos el desescalamiento de la violencia en las regiones de influencia de la guerrilla de las FARC, y materializaban ceses unilaterales, los homicidios tanto en áreas rurales como urbanas disminuyeron de 2013 a 2015, sin embargo, desde 2016 las cifras de homicidio volvieron a aumentar, con diferencias entre la población urbana y rural, podemos inferir que esto se debe a la reorganización de los grupos armados ilegales. Una vez salen las FARC, tanto el ELN como el Clan Úsuga se disputan el territorio. Esto ha generado diversas situaciones de alteración de orden público y violación de derechos humanos contra población civil, como acciones de confinamiento, desplazamiento forzado y aumento de homicidios.
Si se analizan los datos desagregados, se encuentra que en la mayoría de los municipios hay una tendencia a la disminución de los hechos relacionados con la expulsión de personas del territorio, sin embargo, en los territorios en los que se ha intensificado la violencia, Riosucio es el municipio de mayor preocupación dado que en 2017 reportó 2000 personas más en condiciones de desplazamiento forzado con respecto a 2016.
Para entender en detalle por qué estos municipios presentan comportamientos distintos a la tendencia de la mayoría que conforman el departamento, es importante observar cuál es la presencia de grupos armados ilegales que se han consolidado o expandido una vez inició el proceso de concentración de las FARC. ChocóAlto BaudóRuralClan del Golfo (AGC)RuralELNFrente de Resistencia Cimarrón; Frente de Guerra Occidental Omar GómezMedio BaudóRuralClan del Golfo (AGC)RuralELNFrente de Guerra OccidentalBajo BaudóRuralClan del Golfo (AGC)Frente de Guerra OccidentalRuralELNLitoral de San JuanRuralClan del Golfo (AGC)RuralELNFrente Ernesto «Ché» GuevaraRiosucioRuralClan del Golfo (AGC)RuralELN
Por ejemplo, la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región es reciente ya que su zona de operaciones ha sido el alto Atrato, parte del medio Atrato y la región del Baudó. Allí opera el Frente de Guerra Occidental y se presume que las incursiones realizadas en Riosucio son operadas por comisiones de los Frentes Resistencia Cimarrón y del Manuel Hernández «El Boche».
Debido a la continua incursión desde el Urabá antioqueño y desde el litoral Pacífico de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el ELN ha recurrido a minar con artefactos explosivos gran parte del territorio de Truandó para frenar, o al menos obstaculizar, las avanzadas tanto de los paramilitares como de la Fuerza Pública.
Por su parte, el Ejército Nacional ha adelantado labores de desminado militar sin mayor percance; sin embargo, esta labor le ha permitido a las estructuras de los gaitanistas avanzar militarmente para entrar en contacto armado con el ELN. Es extraño que no se hayan registrado confrontaciones armadas entre Fuerza Pública y AGC.
Con la entrada en vigencia del Cese al Fuego y de hostilidades de carácter Bilateral y temporal Nacional (CFBTN) entre el Gobierno Nacional y el ELN, la región bajo influencia del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN se definió como una de las más sensibles por ser un lugar de recambio del poder bélico y caldo de cultivo para la continuidad de la violencia armada. Pese a esto, el Frente de Guerra Occidental no tiene una delegación en la Mesa negociadora que se adelantaba en Quito.
En el marco del desarrollo de este Cese, el último combate registrado entre ELN y AGC se sostuvo nuevamente en el sector de Truandó el lunes 20 de noviembre de 2017. Aún no se conoce sobre el parte de guerra de alguna de las organizaciones que estuvieron en contacto armado, ni tampoco novedades sobre afectaciones humanitarias a la población civil de ese sector, quienes no salieron desplazadas por las acciones armadas realizadas entre los últimos ocho meses y que aún siguen resistiendo en su territorio.
Economías ilegales
Las economías ilegales van dejando saldos cuantiosos de sangre a su alrededor: poblaciones destruidas, monopolios, zonas prohibidas y juventudes hipnotizadas por el dinero fácil. En la subregión del Pacífico norte los grupos armados al margen de la ley se baten por: el narcotráfico y la minería ilegal.
En el tema del narcotráfico existe un involucramiento del campesinado en el cultivo y procesamiento de la hoja de coca, en donde existen muchos eslabones, milicias que se encargan de entregar y otros grupos de comercializar, pese a que no pertenecen a la organización directamente.
En lo que respecta a las zonas que hacen parte de la economía ilegal del narcotráfico, Puerto Meluk es el ombligo, el punto a partir del cual comienza la organización; del Medio Baudó hacia el sur (Pizarro, litoral del San Juan) se consideran lugares aptos para la cosecha de la hoja de coca en donde el campesinado, debido a su precaria situación económica, decide hacer parte del negocio; en cambio del medio Baudó hacia el norte (Pie de Pepé y zonas del Atrato) se consideran como centros de distribución, valiéndose en la mayoría de las ocasiones de la subregión del Pacífico norte (Bahía Solano, Nuquí) para el envío al extranjero.
La minería ilegal es un grave cáncer que afecta al ambiente, ya que es complejo rastrear el mineral que proviene del ejercicio de la buena práctica minera de aquella de la mala. Esta problemática se extiende a zonas como el San Juan y Atrato.
Por su parte el Litoral del San Juan por tener su principal actividad económica basada en los maderables, sufre también de la perversión de esta economía. La Armada Nacional sorprende periódicamente a embarcaciones que transportan ilegalmente madera talada, los tipos que más se trafican son: Chanul, Guano y Naumano.
Dentro del marco de las economías ilegales que se dan en la zona del San Juan se encuentran el contrabando, realizado por la delincuencia común, el narcotráfico-en la que su meta no solo es el abastecimiento, producción de la droga en la zona, sino también el control de la ruta navegable del rio San Juan-y la minería ilegal.
Los hechos de contrabando generalmente se presentan en la vía Quibdó – Pereira en donde el Ejército Nacional realiza los controles respectivos, la mayoría de los casos se refieren al tráfico de combustible (ACPM) realizado por pequeños grupos que conocen las inmediaciones del lugar, dicha práctica hace parte del engranaje para abastecer a las dragas que ejecutan la minería ilegal y por ende su comercialización. Por su parte la producción de clorhidrato de cocaína a través del río San Juan, sigue constituyendo el recrudecimiento de la guerra, principalmente entre el frente Ernesto Guevara de las FARC y el Clan del Golfo. De hecho, las prácticas de transporte de la droga cada día se vuelven más sofisticadas, utilizando en algunos casos sumergibles que pretenden la salida al Océano Pacifico para llegar a Centroamérica.
La incursión de las organizaciones al margen de la ley en el negocio minero comienza cuando los frentes de las FARC ejercen control sobre las vías navegables y terrestres vitales para la comercialización del oro y el platino, la extorsión (la vacuna) se convierte en el mecanismo utilizado por parte de la guerrilla para extraer beneficios del negocio minero, dicha práctica debilita el musculo financiero de los mineros que optan por contratar a las Autodefensas (bloque pacífico) y así contrarrestar el control de las Farc. La salida de este último del juego ilegal deja un camino expedito en disputa para las organizaciones criminales que siguen operando en el territorio, con el fin de lavar dinero.
Por otra parte existe cierta conectividad entre el negocio minero y el cultivo de la hoja de coca que involucra al habitante de la zona rural. Dicha conexión se presenta por la insatisfacción de las necesidades básicas, el poblador oriundo se ve obligado a hacer parte de ambos negocios. Cuando se da una reducción en la oferta del oro (se acaba en las zonas aledañas donde se trabajaba) se entra en un periodo de recesión en donde el poblador se ve en la necesidad de buscar otras fuentes de ingreso para hacerle frente al día a día, es ahí donde el campesino comienza a hacer parte en la cadena de producción y comercialización del ilícito, en donde sirve como recolector. Las jornadas de trabajo se dividen en dos: una en la mañana y otra luego del desayuno, el fuerte sol imposibilita una condición óptima de trabajo y por ende se trabaja en horas muy tempranas. La mayoría de los habitantes de un corregimiento, que oscila entre los 250 y 500 habitantes, se dedican a la minería artesanal, pero cuando es escasa recurren al trabajo de ‘raspachin’.
Cuando se es dependiente de un recurso natural para lograr el desarrollo de la región (monoproduccion) y no se cuenta con múltiples opciones para fortalecer la economía, se cae en una situación de dependencia que en un tiempo prudente puede afectar todo el escenario de abastecimiento y adquisición del territorio, de la prosperidad vivida cuando el recurso está en auge, a la recesión económica. Dicha situación la experimenta Istmina, cuando debido a su condición natural como centro minero albergaba un desarrollo próspero pero hoy truncado por la actualidad no favorable del oro. Anteriormente el precio del oro dejaba saldos favorables en los hogares, semanalmente representaba un ingreso por hogar entre quinientos mil y seiscientos mil pesos. Hoy, el ingreso mensual es lo que antes era la ganancia de una semana. La situación en ocasiones ha llegado a entristecer a los pequeños mineros ya que se han visto en la necesidad de canjear (trueque) el escaso oro recolectado por alimentos de primera necesidad y solventar sus penas.
Según información del Banco de la República en su Boletín económico regional “en el cuarto trimestre del año 2017 (octubre, noviembre, diciembre) el Chocó sólo produjo 1.272 kilos de oro, el 15% del total nacional, mientras que en el año 2012 produjo 7.500 kilos”.
Pese a que el territorio se encuentra hoy en día golpeado por la mala minería, aquella que contamina ríos y deforesta bosques enteros, aún quedan lugares aprovechables en el río San Juan y Suruco en donde se encuentra el oro. Pero esta situación no puede ser aprovechada por los pobladores que se dedican al barequeo ya que las grandes maquinarias absorben las ganancias que se dan por la extracción.
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