Por: Conflicto, paz y postconflicto-Pares
Con base en los datos recopilados de las investigaciones y seguimientos hechos desde el 2006 hasta el 2018 por la Misión de Observación Electoral (MOE) a las elecciones nacionales y locales en Colombia, se observa que: el pasado 11 de marzo en las elecciones legislativas, se vivieron las elecciones más pacíficas en décadas, sólo dos municipios afectados con hechos de violencia. Muy por debajo de los años anteriores. El 27 de mayo, en primera vuelta presidencial, no hubo afectaciones violentas en el marco de la contienda electoral. Se presentaron 6 hechos violentos (como una bomba panfletaria en una oficina de Medimas), pero no hubo quema de urnas ni traslado de mesas por orden público.
En segundo lugar, desde el 2006 los municipios con riesgo por factores de violencia consolidada, disminuyeron de 576 en 2006 a 306 en 2018, la cifra más baja desde la conformación de la MOE. Esto también se ve reflejado en que, a comparación con 2014 donde se registraron varios hechos violentos, en las elecciones del 11 de marzo de 2018 se registraron apenas 2 hechos violentos y no estuvieron relacionados con grupos armados. Es decir, el día de las elecciones apenas dos municipios se vieron afectados con hechos de violencia.
En tercer lugar, los municipios con riesgo de violencia política han tenido comportamientos erráticos. Las cifras suben y bajan período a período. Factores como el asesinato de líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz, presiones a candidatos, así como hechos de violencia contra partidos políticos, siguen estando latentes en 2018, aunque en menor medida que en 2014. La buena noticia respecto a este punto es que ya no figuran las FARC como los actores armados relacionados con factores de riesgo de violencia política. En su mayoría se trata de acciones del ELN, GAO y delincuencia común.
Finalmente, las mesas trasladadas en elecciones presidenciales muestran una tendencia a disminuir, con lo cual las situaciones de orden público dejan de ser un problema para llevar a cabo comicios electorales y con ello los grupos armados ilegales disminuyeron el sabotaje a las elecciones. En efecto, ahora son los políticos corruptos y asociados con mafias criminales los que figuran como el factor de mayor riesgo electoral. El pasado 27 de mayo se trasladaron 53 puestos de votación y un total de 223 mesas, pero esto ocurrió por factores climáticos. No hubo un solo traslado por temas de orden público.
Elecciones 2006 De acuerdo con El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) , “a diferencia de las elecciones de 1997, 1998 y 2002, cuando se presentaron altos índices de violencia electoral” en los comicios del 2006 “se produjo un importante descenso de las acciones violentas contra el proceso democrático electoral” 1. Las cifras revelaron que en 2006 hubo una disminución importante de la violencia política. Mientras en 1998 y 2002 hubo 507 y 210 secuestros de políticos, respectivamente, sólo ocurrieron siete en 2006. Los homicidios de políticos también descendieron, pues mientras que en el 98 se identificaron 150 y en 2002, 125, en el 2006 solamente hubo 37.
Las FARC encabezaron en los 3 períodos los secuestros. En el 98 realizaron 224 (44% del total) y en el 2002 bajaron en términos absolutos, pues registraron 110, pero subieron su participación al 52%. En 2006 sólo realizaron 2. El ELN ocupó el segundo lugar en los dos primeros períodos. En el 98 realizó 167 (33%), en 2002, 49 (23%) y en 2006 se descolgó a solo uno. Los paramilitares, por el contrario, subieron de 2 en 1998, a 28 en 2002 (cuando concentraron el 13%) y bajaron de nuevo a sólo dos en el tercero. Sin embargo, cabe destacar que durante el periodo 1998-2006 los grupos paramilitares tuvieron su mayor ascenso en masacres cometidas. Mientras el ELN y las FARC también aumentaron, pero en comparación porcentual con los grupos paramilitares, no fue significativo.
Por su parte, la investigación de la MOE para el 2006 estableció 11 sub-variables para identificar factores de riesgo electoral a nivel nacional. El resultado inicial para las elecciones de 2006 es que el 86% (950) municipios fueron nombrados en al menos una de las sub-variables. De ahí, se priorizaron 328 municipios a nivel nacional con mayor riesgo electoral, de los cuales 273 habían tenido anomalías recurrentes desde el 2000 hasta el 2006. Solo 7 municipios se encontraban en un nivel de riesgo alto.
De acuerdo a esa investigación, en el 2006 la geografía de los municipios que se encontraban en un riesgo alto, se distribuían mayoritariamente hacia el norte del país. En ese momento, los municipios con mayor riesgo (30% del total) se encontraban en los departamentos de Antioquia (32), Boyacá (35) y Santander.
La premisa más importante en términos de violencia para la época electoral del 2006 estuvo enmarcada sobre el proceso de cooptación del Estado por parte de grupos paramilitares que estaban en proceso de desmovilización. De hecho, la hipótesis se constató en las atipicidades electorales en las que candidatos obtenían votaciones excepcionalmente altas, votaciones del 70% u 80% por un solo candidato en un municipio. Un hecho asociado a actos de violencia, constreñimiento electoral y clientelismo arraigado en las prácticas paramilitares para imponer sus candidatos. Por otro lado, otro factor importante de análisis de violencia fue el número de mesas trasladadas para elecciones a Congreso en 2006 por razones de orden público: 563 en 123 municipios.
En contraste con elecciones presidenciales para el mismo año, el traslado de mesas por el mismo factor se efectuó en 205 municipios, con un total de 885 mesas trasladadas y 191 mil potenciales electores afectados. Los departamentos con mayor número de mesas trasladadas fueron Norte de Santander, Antioquia y Valle.
Sin embargo, es evidente que las elecciones presidenciales de 2006 fueron más intervenidas por los actores violentos que las elecciones para Congreso de la República. Contrario a la lógica de quienes estudiaban la violencia electoral en la época, los grupos armados intervinieron más en las elecciones presidenciales que en las locales anteriores y en las de Congreso.
Elecciones 2010
En las elecciones presidenciales de 2010 la MOE registró que las regiones Caribe y Oriental fueron consistentemente las de mayor riesgo electoral del país, en total fueron 291 municipios en los que hubo un consolidado de riesgo electoral. Para las elecciones al Congreso de la República se identificaron 420 municipios en riesgo por factores de violencia. Una disminución del 27% en términos porcentuales. En las elecciones de 2010 el actor armado con mayor relevancia en términos violentos fue la guerrilla de las FARC, seguido por el ELN y Bacrim. 15 de los 32 departamentos del país tuvieron por lo menos la mitad de sus municipios en riesgo electoral por factores de violencia.
De acuerdo con el informe de riesgos electorales del 2010, las FARC tenían presencia en 268 municipios, de los cuales 144 tenían riesgos de violencia y saboteo a las elecciones. Nueve departamentos (Arauca, Guaviare, Caquetá, Cauca, Putumayo, Quindío, Tolima, La Guajira y Chocó) registraron presencia violenta de grupos guerrilleros en más de la mitad de sus municipios.
Aunque el nivel de riesgo por presencia de guerrillas disminuyó en los departamentos donde se ejecutaron acciones de la Fuerza Pública, específicamente en Caquetá, Putumayo, Guaviare y parte del Meta y Arauca, creció sobre los departamentos de la Costa Pacífica. En lo referente a la intensidad de conflicto armado, dos Bloques de las FARC sumaban más de 60% del total de las acciones del grupo guerrillero en todo el país. Para las elecciones de 2010 la estructura que más acciones había desarrollado en las FARC era el Comando Conjunto de Occidente. El Bloque Oriental que había ocupado tradicionalmente este lugar pasó a ocupar el segundo puesto. Por su parte, el Bloque Caribe registró pocas acciones armadas debido a que había casi desaparecido.
La investigación de la MOE en 2010 también encontró que en 5 departamentos se presentó algún tipo de riesgo por presencia del ELN y en un total de 25 municipios hubo algún grado de riesgo por acciones o posibles acciones de interferencia electoral de este grupo armado ilegal. Sólo el departamento de Córdoba registró presencia violenta de grupos Bacrim en más de la mitad de sus municipios. Sin embargo, también los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Santander registraron un alto número de municipios en riesgo. Aunque el nivel de riesgo por presencia de grupos Bacrim disminuyó sustancialmente con la desmovilización de las AUC, en particular en la Costa Caribe, creció sustancialmente en los departamentos de la Costa Pacífica, y en los municipios del eje transversal desde el Urabá chocoano y antioqueño, pasando por el sur de Bolívar, Santander, hasta la frontera con Venezuela en Norte de Santander.
La estrategia de las Bacrim de sabotaje a las elecciones estuvo liderada por nuevos grupos que surgieron para esas elecciones conocidos como los Urabeños, los Paisas, los Rastrojos, las Águilas Negras, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (ERPAC), entre otros. Estas Bacrim contaban con la ventaja de encontrarse en departamentos y municipios en los cuales la influencia del paramilitarismo fue contundente por lo que tenían terreno abonado para replicar la misma estrategia en época electoral.
Para las elecciones presidenciales, en 5 departamentos, 170 mesas fueron trasladadas, principalmente por acciones de la guerrilla de las FARC. Dichos departamentos fueron: Norte de Santander, Antioquia, Valle, Arauca, Cauca, Nariño, Caldas, Caquetá. De nuevo, los 4 primeros departamentos coincidieron con los riesgos electorales de 2006.
Elecciones 2014
De acuerdo con la MOE, el número de municipios en riesgo para las elecciones de Senado se incrementó en 40% pasando de 291 municipios en riesgo en 2010 a 410 municipios en 2014; de hecho, con relación al 2006 incrementó un 24%. El mapa de riesgo electoral de las elecciones de 2014 da un fuerte giro. La tendencia de incremento de riesgo electoral evidenció que los grupos armados ilegales no son los principales generadores de riesgo. En profundidad se planteó la hipótesis de que son los políticos los que en el territorio están generando la mayor cantidad de riesgos electorales. En otras palabras, el cambio de lógica de vigilancia electoral viró hacia la necesidad de más jueces, mejores fiscales y autoridades de control capaces de prevenir y castigar el fraude electoral, sin aumentar la fuerza pública sino manteniéndola.
Con el análisis de los comicios electorales se avanzó en la lucha contra los factores de violencia de actores armados ilegales, pero se vislumbró el problema real de los políticos corruptos. Si bien para las elecciones de 2006 había una alta cantidad de acciones violentas por grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, así como grupos paramilitares, la disminución en estas acciones armadas llevó a complejizar el problema de los riesgos electorales, teniendo en cuenta que las políticas clientelares ya no responden a un factor coercitivo violento sino a una práctica corrupta de élites sub-nacionales.
La MOE también resaltó que las elecciones de 2014 fueron hasta ese momento las que más reflejaban un menor número de municipios en riesgo asociados a factores de violencia y orden público. Se presentó una reducción frente a 2010 de 7% y frente a 2011 del 13%, si se compara el número de municipios en riesgo de 2006 se dio una disminución del 32%. Del total de los 389 municipios en riesgo por factores por violencia el 47% (182 municipios) tenía riesgo medio, el 38% (147 municipios) tuvo riesgo alto y el 15% (60 municipios) tuvo riesgo extremo.
La razón principal para que se redujera el riesgo por factores de violencia frente a las elecciones de 2010, según la MOE, es la disminución del riesgo por presencia y acciones de actores armados ilegales. Mientras que en 2010 el número de municipios en riesgo por presencia guerrillera fue de 337 para el 2014 fue de 203, una reducción del 40%.
Por otro lado, la reducción de municipios en riesgo por presencia de Bacrim fue mayor, pasando de 173 municipios en riesgo en 2010 a 82 municipios en 2011; es decir, una reducción del 53%. Sin embargo, en el 35% de los municipios del país se presentaron riesgos por factores de violencia. Otro dato interesante es que únicamente en el 31% de los municipios con hechos de violencia política en 2014 coincidió con presencia de actores ilegales. Este fenómeno se explica por un sub-registro en los datos oficiales de la presencia violenta de los grupos armados o porque estos hechos fueron perpetrados por delincuencia común orientados a intimidar a candidatos.
Respecto al traslado de mesas en 2014 se trasladaron 200 mesas en la jornada electoral de presidenciales. Lo que significa un aumento de mesas trasladadas en relación con el 2010 (170) del 18%, pero una disminución con relación al 2006 (885) del 77%.
Elecciones 2018
El informe la MOE para el 2018 señaló 170 municipios identificados con riesgo electoral, de los cuales 64 están en riesgo extremo, 65 en riesgo alto y 41 en riesgo medio. Antioquia (13), Norte de Santander (8), Chocó (7), Nariño (6) y Córdoba (4) son los departamentos con más municipios en los que coinciden las dos categorías y en los que el riesgo es extremo. Hayuna disminución del 34% de riesgos electorales combinados. La disminución más importante está en los riesgos altos, en donde hay una disminución de 58% de los municipios. En contraste, se registra un incremento de 14 municipios en riesgo extremo por presencia de grupos ilegales en algunas regiones, mientras que 90 municipios disminuyen el nivel de riesgo en comparación con los datos observados en 2014. Adicionalmente se registraron 81 municipios nuevos que aparacen en el mapa de riesgo y que están concentrados en la zona caribe, Urabá, zona del Catatumbo, sur de Bolívar y Antioquia, zona de Guaviare (disidencia de las FARC), Meta, y la frontera entre el Valle del Cauca y Cauca.
Finalmente, en el reporte de la MOE de las elecciones de 2018 al Congreso de la República, se resalta que solo hubo inconvenientes para abrir los puestos de votación del municipio de Francisco Pizarro, en Nariño. Se registraron más de una decena de capturas por parte de la Fiscalía por delitos durante los comicios electorales y solo 2 hechos violentos durante la jornada electoral. Es decir, unas elecciones prácticamente pacíficas.
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