Por: Ariel Ávila, subdirector Fundación Paz y Reconciliación – Pares
En el último siglo cerca de cincuenta procesos de paz se han firmado y los resultados de los postconflictos han variado entre escenarios positivos, muy positivos y otros han significado un retroceso para el país firmante. De todos estos postconflictos hay un grupo de nueve que se parecen al colombiano, es decir, que se desarrollan en medio de economías ilegales o economías de guerra.
Los conflictos armados prolongados por décadas, como el colombiano, generalmente se desarrollan porque crean una economía que los dinamiza. Es como si la confrontación tomara vida propia y los agentes que intervienen fueran reemplazables y variantes en el tiempo. Por ejemplo, cuando se firmó la paz en Irlanda del Norte, el país no estaba lleno de cultivos de hoja de coca o minería criminal, tampoco eso sucedió en Centro América. En cambio, en Colombia, la República Democrática del Congo o Sierra Leona, los postconflictos se desarrollaron en medio de economías de guerra boyantes.
De los 9 postconflictos que se parecen al colombiano, solo uno ha salido relativamente bien, que es el de Sierra Leona. Los otros, si bien en el largo plazo han significado un avance en materia de fortalecimiento institucional, los resultados en materia de seguridad son complicados e igual en el tema de democracia.
Por esta razón es que, según estándares internacionales, es previsible que entre un 10 y un 15% del total de reincorporados reincida en la criminalidad. Por ejemplo, en el caso de la desmovilización paramilitar, el 22% de la tropa reincidió, aunque a niveles de mandos medios la reincidencia fue superior al 50%. Para el caso de las FARC, se desmovilizaron poco más de 13.000 personas, entre guerrilleros en armas, milicianos y presos. Actualmente, en los grupos de desertores de las FARC se cuentan cerca de 1.400 personas, es decir, la reincidencia está cercana al 11%, en otras palabras, está en los niveles esperados o “normales”.
Así las cosas, el problema no es la reincidencia es sí misma, lo cual estaba en los planes, sino la estrategia del Estado para controlar las zonas donde antes operaban las FARC y, sobre todo, los nuevos reclutas de estos grupos. Sobre el primer tema, se puede decir que el Plan Victoria comenzó seis meses después de la concentración de las FARC y el Plan Orus un año después, es decir, hubo zonas donde el crimen cogió ventaja y el Estado no logró desarrollar una estrategia inmediata de copamiento territorial. Si bien estos planes ya arrancaron y comienzan a dar resultados, hay zonas donde la estabilización durará un buen tiempo. El crimen lleva una ventaja importante.
Sobre el tema de los nuevos reclutas la situación es más compleja. Por ejemplo, muchos de los paramilitares que reincidieron fueron capturados o dados de baja en operativos, pero hoy, más de una década después de la desmovilización, los grupos que surgieron siguen alimentando su estructura con gente nueva. Este es el reto con las disidencias de las FARC en zonas como Tumaco: detener la vinculación de jóvenes en estas economías ilegales. Pues, si bien varios de ellos son ex integrantes de la guerrilla, otro gran grupo son nuevos reclutas.
El reto en materia de seguridad no solo es combatir las organizaciones criminales, es, también, destruir o debilitar las economías de guerra. Mientras eso no se haga estamos en una especie de círculo vicioso, donde los agentes varían pero la violencia tiene vida propia. Esto además es una recomendación para el nuevo gobierno, no es lo mismo una política de lucha contra las economías ilegales a una política de lucha contra las organizaciones criminales.