Foto: Carol Sánchez
Por: Esteban Salazar, Línea Democracia y Gobierno – Pares
El Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la exguerrilla de las FARC-EP dispuso la creación de 16 circunscripciones especiales de paz. Pero el propósito fue frustrado en noviembre de 2017, cuando el Congreso negó su aprobación. Este hecho derivó en una serie de demandas y tutelas por parte del Gobierno y organizaciones de víctimas, quienes están a la espera del tránsito en Congreso de un nuevo proyecto presentado en abril de 2018 para revivirlas.
Las 16 subregiones planteadas para este propósito están en 19 departamentos y congregan 172 municipios. Poco y nada se ha estudiado la razón por la cual fueron escogidos, los procesos que han tenido lugar en estos territorios y el balance histórico sobre la gestión gubernamental.
Lo primero que hay que decir es que lo propuesto en los Acuerdos para participación política y los instrumentos que los acompañan (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, Programas de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-, entre otros) no son nada nuevo. No se trata de una renovación profunda a nivel institucional ni mucho menos de algo innovador.
Estos 172 municipios de las Circunscripciones de Paz son calcados de los planes para llevar Estado desde 1960. Es decir, se trata de 16 territorios que, luego de 60 años, a pesar de todas las intervenciones hechas en diferentes gobiernos, siguen igual.
En 1985, bajo el gobierno de Belisario Betancur se desarrolló el Plan Nacional de Rehabilitación -PNR- como una política de Estado para llevar desarrollo, servicios públicos e institucionalidad a los 172 municipios de hoy, más otros 120 que fueron adicionados en el transcurso de 12 años. Con la constituyente, César Gaviria creyó que ya no era necesario el PNR y dispuso una serie de programas que fueron mutando en las administraciones posteriores hacia los Planes Nacionales de Consolidación, bajo el mandato de Uribe, y luego, a lo que hoy se conoce como Departamento de Prosperidad Social -DPS- en la presidencia de Santos.
El hecho fundamental es que, aunque ha habido una inversión de decenas de billones de pesos en diferentes programas y periodos hacia estos territorios, la situación se mantiene igual: desigualdad, violencia, pobreza y desconfianza institucional.
Un acercamiento a las diferentes razones para explicar este fenómeno lo he construido a partir del trabajo con las comunidades y entendiendo el accionar histórico estatal en estos temas. Lo que he reflexionado es que estas 16 subregiones se han mantenido igual porque la violencia y el conflicto no surge solamente desde los territorios, el Estado también ha sido responsable. Un claro ejemplo está en los artificios normativos para dividir las comunidades. Los indígenas, campesinos y afro que antes vivían en armonía, ahora se enfrentan por quién es dueño de la tierra. Ya no se trata de conflictos por arraigos ancestrales, sino por divisiones normativas arbitrarias que llegan desde afuera y configuran una relación jurídica conflictiva con la propiedad de la tierra.
Aunado a lo anterior, la consolidación de grupos armados también ha sido, parcialmente, producto del Estado. Las guerras recicladas en estos territorios no se explican por una interpretación vaga y limitada de narcotraficantes puros, sino también por el auspicio y complicidad del Ejército, las notarías, los empresarios, los clanes políticos y la corrupción rampante. No se entiende cómo es posible que luego de la desmovilización de tantas guerrillas, grupos paramilitares y bandas criminales, persista en el país una securitización de la agenda pública para rearmar de la guerra durante la implementación del Acuerdo de Paz.
Gran parte de las víctimas con las que me he entrevistado, así como comunidades y líderes sociales, reclaman que los avances hacia la paz que hereda hoy el nuevo Gobierno deben servir también para desarmar al Estado, des-escalar el lenguaje y reducir los excesos de la Fuerza Pública. No hay muertos aplazados ni buenos muertos.
La atomización de los grupos armados deja una violencia huérfana que se debe resolver integralmente. Y las circunscripciones de paz son apenas un paso necesario, pero no suficiente para ello. No es sólo darles voz y voto a las víctimas, sino también el respaldo económico, técnico y social. Aunque las viudas, lisiados y la ruptura del tejido social son irreparables, la guerra no hay que humanizarla, hay que acabarla.