Por: León Valencia, director -Pares
Dario Acevedo, columnista de El Espectador, en un debate en la FM de RCN, a propósito del llamado a indagatoria del expresidente Álvaro Uribe, decía que la pretensión de la izquierda colombiana era llevar a Uribe a la condición de Alberto Fujimore o de otros gobernantes del sur del continente que terminaron en cárceles juzgados por crímenes cometidos en ejercicio de sus mandatos.
Pero lo que ha ocurrido en Colombia es muy diferente a lo acontecido en Perú o en las dictaduras de Cono Sur y por eso ofrece oportunidades distintas tanto para las guerrillas como para los agentes del Estado. El conflicto colombiano está terminando en acuerdos de paz con una rigurosa vigilancia internacional y unos exigentes pero generosos tribunales de verdad y de justicia transicional.
Se equivoca Acevedo. La izquierda, quizás con algunas excepciones, quisiera que tanto Uribe como todos los funcionarios de Estado que fueron protagonistas de primer orden en conflicto colombiano aceptaran la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad y se dispusieran para la reconciliación del país. En vez de carcel, penas alternativas; en vez de escarnio, un llamado a iniciar una nueva convivencia con respeto por la pluralidad y la diversidad del país.
Son los uribistas los que deben cambiar de ideas. Deben reconocer el conflicto y la paz negociada como una realidad, reconocer que no hubo vencedores ni vencidos como en otros países de la region, reconocer que en medio de la guerra se cometieron violaciones al Derecho Internacional Humanitario de todos los lados y se transgredieron las obligaciones estatales con los derechos humanos. Son hechos evidentes para todo el mundo. Negarlos es aplazar innecesariamente la reconciliación nacional.
En el caso que nos ocupa en estos días se puede ver con claridad esa actitud tozuda del expresidente Uribe y sus seguidores. Para no poner la cara ante la justicia por graves acusaciones de conformación de grupos paramilitares y de crímenes cometidos por estos grupos, Uribe prefiere acudir a la manipulación de testigos y por ese camino se mete en un lío judicial del cual es difícil que salga victorioso.
Quizás en el desarrollo de este episodio se de cuenta que lo mejor es acudir de una vez por todas a la JEP, puede hacerlo de manera voluntaria como lo ha hecho el general Montoya quien fue el puntal de Uribe cuando fungía como mandatario regional y como Presidente de la República en la aplicación de la política de seguridad democrática.
Sería una contribución enorme a la compresión de lo que ocurrió en el periodo más duro y más doloroso de la guerra colombiana. Entre 1995 y 2010 años en que Uribe ejerció como gobernador de Antioquia y como presidente de Colombia se produjo el setenta por ciento de los más de ocho millones de víctimas tal como ha quedado registrado en el Registro Único que llevan las instituciones del Estado.
Mucho tiene que decir y explicar una persona que ejerció el papel de comandante en jefe de las Fuerzas Militares durante los años donde se escaló el conflicto armado. Desde luego Uribe no es el único responsable político de la situación ni la persona que debe responder judicialmente por todos los acontecimientos. La guerrilla es actor principal, los militares por supuesto, otros agentes del Estado y miles de particulares implicados en una pavorosa guerra irregular.
Ya el expresidente Ernesto Samper ha manifestado en carta dirigida a la JEP y a la Comisión de la Verdad su disposición a concurrir a estas instancias para responder por lo ocurrido en su mandato. Es un gesto que lo honra. Una decisión de Uribe en este sentido marcaría el camino de encumbrados miembros de las élites políticas y sociales y produciría un quiebre virtuoso de la historia colombiana. Esperamos que más temprano que tarde el expresidente tome esta decisión.
El otro camino es mantenerse en el choque y en el desafío a la justicia ordinaria con el peligro cierto de que una parte de los agentes del Estado que jugaron un papel protagónico en el conflicto terminen respondiendo ante tribunales internacionales.