Por: Línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares
“Somos dos líderes que defienden la vida en el territorio, la flora, la fauna. Somos las personas que viven allí y estamos fuertemente amenazados por actores armados. Nos oponemos radicalmente a todos los grupos con armas ya sean legales o ilegales, y por ello necesitamos urgentemente la intervención del gobierno colombiano porque en este lugar no llegan los dineros del posconflicto”.
Así comenzó la conversación que hace algunas semanas sostuvimos con dos representantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Probablemente, muchas cosas han cambiado para esta comunidad del Urabá en sus 21 años de resistencia pacífica. Sin embargo, tal como advierten los pobladores, hay otras que parece que nunca se van a transformar. Los representantes denuncian la precariedad del Estado y la continua amenaza de estructuras armadas ilegales con presencia en la región. Según ellos, son los mismos que desde hace dos décadas han sembrado la violencia y el terror. Para los habitantes de la Comunidad de Paz, los ‘paras’ nunca se fueron.
El espacio humanitario se creó en marzo de 1997 como consecuencia del desplazamiento masivo de San José de Apartadó, causado por las masacres de septiembre de 1996 y febrero de 1997. Fue allí cuando algunas familias decidieron refundar el pueblo y prohibir la entrada a los grupos armados. Hoy, son cerca de 600 personas las que viven en el espacio humanitario, quienes desde la resistencia pacífica siguen denunciando la presencia de grupos armados que tienen el interés de controlar las rutas para el narcotráfico y acaparar las tierras.
Durante el tiempo de existencia de la Comunidad, sus líderes han sido objeto de todo tipo de agresiones contra su integridad. Además, la población ha sufrido incontables señalamientos que estigmatizan la decisión de declararse como espacio humanitario en neutralidad frente a la guerra. En 2005, por ejemplo, fueron acusados por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez de ser colaboradores de las FARC.
En febrero de ese mismo año sucedió la masacre de Mulatos y La Resbalosa, donde 8 civiles, en su mayoría niños, fueron degollados, descuartizados y asesinados. Además, fueron asesinados Alfonso Bolívar y Jorge Luis Salgado, lideres reconocidos de la región. Por esta masacre el coronel Néstor Iván Duque y el Capitán Armando Gordillo fueron condenados a 20 años de prisión. Este hecho fue prueba de la perversa alianza que algunos sectores de la fuerza pública hicieron con paramilitares que operaron en la región.
Ni las agresiones ni la estigmatización han logrado que este espacio humanitario desista en su propósito de construir paz y rechazar cualquier acción de los grupos armados. En 2012, mientras se comenzaba a gestar el proceso de paz con las FARC, la Corte Constitucional, por medio del Auto 164 de 2012, falló de manera contundente a favor de la Comunidad de Paz y exigió al Gobierno Nacional retractarse públicamente por los señalamientos que habían hecho contra la población. También le exigió establecer rutas y procedimientos para evitar señalamientos futuros.
El auto también obligó al Estado colombiano a cumplir con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y crear medidas provisionales de protección del derecho a la vida de la comunidad. Hasta el momento, las medidas adoptadas por el Gobierno no han sido suficientes. Si bien existió acto de retractación sobre los señalamientos, este no ha tenido el carácter reparador que demandan los líderes de la comunidad. Además, las acciones sobre protección y garantía de derechos no ha sido posible, en tanto la población sigue siendo objeto de amenazas y agresiones.
Según la Comunidad, la salida de las FARC ha tenido como única consecuencia el fortalecimiento de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Los hombres al mando de Otoniel han iniciado un proceso de expansión territorial hacia las zonas que fueron controladas por la extinta guerrilla. Con ello, han iniciado acciones de reclutamiento forzado y despojo de tierras, esta ultima practica ha sido constante en el Urabá antioqueño, región en la existe el mayor número de victimización contra líderes de restitución de tierras.
En medio de la constante violencia, la Comunidad de Paz vive bajo estrictas y especificas normas de convivencia. Por ejemplo, no se vende ni se consume licor, se rechaza sembrar y procesar coca, se promueven cultivos legales y se demanda infraestructura apropiada para que estos cultivos sean rentables. El principio de acción de la comunidad no ha sido nunca el de remplazar la institucionalidad, sino de exigir acciones que permitan la garantía de derechos y desarrollo de las regiones.
El espacio humanitario no acepta que la base militar, ubicada en el casco urbano de San José, este a escasos metros de la escuela. Tampoco celebra las acciones y regulación que pretenden los grupos armados ilegales sobre la vida de los pobladores de la comunidad. Exigen Estado y, pese a la constante vulnerabilidad, no desisten en su propósito de expulsar a los armados de su territorio.
El pasado 29 de diciembre se registró el más reciente atentado contra uno de los líderes de la Comunidad de Paz. La violencia sigue latente en este territorio disputado entre armados. En medio de la confrontación, cientos de hombres y mujeres se resisten en seguir entregando hijos a la guerra.