Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares
Parece algo increíble, no solo porque dijeron que no lo harían, o porque dijeron que no mirarían el retrovisor, sino, además, porque dijeron que se iba a construir sobre lo construido. Pero también parece increíble, porque se quiere destruir una institucionalidad de años, que no era de la pasada administración.
Todo parece indicar que el nuevo gobierno de Iván Duque hará dos cambios sustanciales en la institucionalidad del país. Por un lado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz pasaría a llamarse Alto Comisionado para la Legalidad. Por otro lado, la alta Consejería para el Postconflicto se pasará a llamar la Alta Consejería para la Estabilización.
Comencemos: la Alta Consejería para la Paz, por sus siglas, OACP, es una institución tradicional que cumple las funciones de consolidar la construcción de la paz en Colombia. No nació con Santos o derivado del Acuerdo de Paz con las FARC, fue una institución creada para liderar los asuntos de construcción de paz y finalización del conflicto armado que vive el país hace años. De hecho, durante los dos gobiernos Uribe, esta Oficina fue la que lideró el proceso de desmovilización paramilitar y Luis Carlos Restrepo, hoy prófugo de la justicia, fue en su momento el Alto Comisionado.
Colombia, actualmente, está saliendo de un conflicto con las FARC, pero aún nos queda el reto del ELN, e incluso, esta Oficina debería jugar un papel importante en el posible sometimiento de los Grupos Armados Organizados como el Clan del Golfo o la antigua Oficina de Envigado, ahora denominada Oficina.
Hay un punto importante, y es que todas las instituciones del Estado deben actuar bajo la legalidad, no hay que crear una oficina para ello. Además, ante al sistema Interamericano de Derechos Humanos o la CPI, esta Oficina es la llamada a acompañar a la Cancillería, la Institucionalidad y al propio presidente, a explicar las medidas que se tomaron a través del tiempo en el marco del conflicto armado Colombia. Es casi una de las instituciones que debería llevar las memorias de las acciones institucionales en temas de paz y conflicto armado.
Cada presidente le da un uso o matiz distinto a esta Oficina, también hasta entiendo que algunos en el Centro Democrático odien las palabras paz, justicia y postconflicto. Pero lo que debe tener en cuenta el presidente Duque, es que va a necesitar esta Oficina unos años más, y solo cuando acabe esta tragedia se podría eliminar, o en otras palabras, si acaba la OACP, el presidente debe saber que alguien deberá cumplir esa función.
El otro cambio que se quiere hacer es limitar la Alta Consejería para el Postconflicto, la convertirán el Alta Consejería para la Estabilización, y esto sí que es problemático. La explicación es sencilla. A lo que se le denomina postconflicto, en la vida real, es un periodo de tiempo de transición que puede durar 10 a 20 años, varía de país a país. Esta institucionalidad se crea para salir de una guerra y transitar de esa situación a una situación mejor. Cuando se sale de una guerra no necesariamente se va a un escenario mejor, es relativo, hay países que retroceden en lugar de avanzar. Por ello la coherencia institucional es clave.
La literatura internacional divide en dos ese periodo de transición denominado postconflicto: la estabilización y la normalización. El primero, en lo fundamental, es controlar los factores violentos y evitar que los indicadores de violencia vayan al alza. La normalización, por su lado, se refiere a la construcción de la nueva sociedad, a las reformas de largo plazo y a la reconciliación, que son los que hacen que el país no vuelva a vivir una tragedia como esta. Es necesario enfocarse en la estabilización, pero eso por sí solo no transforma las causas estructurales de la guerra. Es estúpido pensar que la estrategia militar lleva a la paz por sí sola.