Por: Redacción Pares
El 7 de agosto, Iván Duque, nuevo presidente de la República, anunció que se daría un plazo de 30 días para evaluar la viabilidad de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN.
Una semana después, el martes 14 de agosto, se dio a conocer ante la opinión pública que se iniciarán los protocolos de liberación de las nueve personas secuestradas por el ELN. Tres de ellos, los soldados Eduardo Cano Baño, Orlando Yair Vega Díaz y Juan Pablo Rojas Osvaldo, fueron secuestrados el pasado 9 de agosto en las cercanías al municipio de Tame, en el departamento de Arauca. A las otras seis personas, el militar Jesús Alberto Ramírez Silva, los policías Yemilson Leandro Gómez Correa, Wilber Rentería y Luis Carlos López Montoya; y dos civiles no identificados, la guerrilla los secuestró el 3 de agosto en Tagachí, Quibdó.
En la activación del protocolo se precisan las coordenadas, las condiciones y los monitoreos previstos. El Ministerio de Defensa publicó un comunicado sobre dicha activación conjunta con el Comité Internacional de la Cruz Roja, bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario.
A pesar de esto, sigue existiendo expectativa sobre los treinta días que señaló el presidente Iván Duque sobre la continuidad de las negociaciones con el ELN. León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, asegura que hay una fuerte disposición por parte de la guerrilla, quienes en La Habana están esperando la delegación que envíe el nuevo gobierno. Lo que concuerda con las declaraciones de Pablo Beltrán, miembro del Comité Central del ELN, a los medios de comunicación, donde expresa que ya se han dado contactos preliminares con el nuevo gobierno y que ellos cumplen lo que firman.
Las acciones del ELN han generado incertidumbre y desconfianza en las negociaciones. Para Luis Eduardo Celis, analista del Proceso Nacional de Paz con el ELN, hay que mantener las condiciones humanitarias acordadas por las partes y las disposiciones legales de negociación. Esto implica el levantamiento de las órdenes de captura para los integrantes del ELN, el cese de hostilidades y acabar con la práctica del secuestro a civiles y activos de las Fuerzas Armadas.
Este marco de condiciones lo resaltó también Pablo Beltrán en sus declaraciones del pasado martes, cuando reiteró en varias ocasiones la disposición de sacar la violencia de la política. Sin embargo, expresó preocupación por el asesinato de miembros del ELN a los que, según dice, les cambiaron la orden de captura por una orden de muerte.
Para Jorge Tovar, coordinador Nacional de la Red Prodepaz, la negociación con el ELN es una negociación de largo aliento, hay que quitarle el afán y el pragmatismo. Sin embargo, evidencia un problema, al no haber encontrado un mecanismo para dar unos avances más claros y contundentes en el quinto ciclo, adelantado entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el ELN. Para Tovar, faltó llegar a consensos en cuanto al cese al fuego, al acuerdo humanitario por el Chocó y al inicio del proceso de participación, pues esto facilitaría el empalme con el nuevo Gobierno.
León Valencia asegura que entre Santos y el ELN existía una lógica sustentada en un cese bilateral de hostilidades y una agenda de temas de participación ciudadana. Para él, “el balón está en la cancha de Duque”. A esto se le suma la visión de Jorge Tovar, según la cual se necesita con urgencia una sociedad civil empoderada de la paz, que ejerza presión para la continuidad de las negociaciones. “Esta es una negociación sin rating, a la sociedad colombiana le ha importado muy poco las negociaciones”, afirma Tovar.