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El paramilitarismo en Colombia logró convivir territorialmente en compañía de diferentes instituciones del Estado , sin colocarse como meta el destruirlas o perseguir sistemáticamente a sus funcionarios, sino más bien, capturandoles, al punto en que cualquier decisión que estas tomaban, debía ser consultadas con sus jefes. De esta manera, establece un paralelismo institucional, que en diferentes regiones del país ha llevado incluso a que se hayan formado estados de facto.
El fenómeno conocido como la Parapolítica hace referencia a este tipo de relaciones que se establecieron entre la clase política local, llegando a escalas nacionales como en Congreso de la República, con el paramilitarismo, que no solo tenía la intención de hacerle frente a las guerrillas de izquierda, sino también el de resistir a los cambios políticos que en el país se venían dando a partir de la década de los 80 como la elección popular de alcaldes y la Constitución de 1991.
En el caso Colombiano, no se produjo un cambio de élites políticas con la llegada de grupos armados ilegales, si bien algunas desaparecieron o cayeron en desgracia, la gran mayoría de grupos regionales negociaron y se consolidaron con la llegada paramilitar. Esta alianza, si bien tuvo diferentes orígenes, tal vez tiene en la elección popular de alcaldes y gobernadores una de sus principales fuentes. Este proceso supuestamente democratizador al finalizar la década de los ochentas permitió la creación de espacios políticos para terceras fuerzas, movimientos sociales y políticos y nuevos liderazgos sociales. La resistencia a la democratización local llevó a que sectores políticos tradicionales pidieran ayuda a grupos paramilitares para eliminar la oposición.
Así, bajo contexto de presencia de actores armados ilegales, o fragmentación del monopolio de la violencia, se crearon estados mafiosos, además de autoritarios, donde las acciones institucionales no se diferencias de las acciones del crimen organizado.
Una de las grandes conclusiones que se ha logrado desarrollar en los últimos años en el país, es que aún bajo contextos de democracia estable, con elecciones periódicas, libertad en la inscripción de candidatos y grados altos de libertad en el voto a nivel nacional, se pueden configurar verdaderos autoritarismos e incluso dictaduras locales y regionales. Este tipo de situaciones tienen mayor probabilidad de desarrollarse en contexto donde existe presencia de grupos armados ilegales, o donde grupos mafiosos tiene presencia permanente.
Por ejemplo en Colombia a pesar de que se desarrollaron elecciones nacionales de forma periódica en el año 2002 y 2006, cerca de 40% del congreso fue elegido con votos de grupos paramilitares, llegándose a presentar casos de votaciones en un municipio o departamento por encima del 80% de total de votos emitidos en dicha circunscripción.
Para las lecciones locales de 2011 esta práctica nuevamente se presentó, en algo más de 100 municipios se detectaron apoyos de estructuras criminales a estructuras políticas. Una de las conclusiones de la investigación del año 2011 es que aún con la intensificación de la competencia política y por lo tanto, el aumento en la incertidumbre sobre los ganadores, el proceso electoral no transformó los factores que hacen posible la cooptación del Estado, sobre todo a nivel regional y local, por parte de actores armados e ilegales.
Los mecanismos de interferencia por parte de organizaciones criminales fueron variados y a diferencia de lo sucedido en 2002 y 2006, el proselitismo armado no fue el común denominador, se utilizaron mecanismos más bien indirectos de interferencia como la financiación de campañas, entrega de dineros a funcionarios públicos para promover la corrupción electoral y en algunos casos la presión a candidatos opositores mediante el homicidio, la intimidación o amenazas, la violación de derechos humanos en las elecciones de 2011 en los departamentos anteriormente mencionados.
En la actualidad algo más de 100 parlamentarios y exparlamentarios están siendo investigados por vínculos con estructuras criminales, de los últimos 10 presidentes de senado, 8 han sido detenidos por estos vínculos, en cerca de 300 alcaldías se llevan investigaciones sobre estas relaciones. Sin embargo lo más destacable de este fenómeno es que han sido las estructuras políticas las que han buscado las organizaciones criminales, y no al contrario, además los recursos públicos han sido utilizados como botines tanto para las estructuras políticas como para las estructuras criminales, es decir hoy para las organizaciones criminales la disputa por el poder local es igual de importante al de una renta criminal.
Vale la pena tener en cuenta que la proliferación de economías ilegales atrae organizaciones criminales, lo que a su vez, bajo contextos de debilidad institucional hace que la propensión para que se desarrollen alianzas entre estas organizaciones criminales y estructuras políticas o funcionarios públicos sea mayor. Estados Judiciales de los Procesos, ver infografía