Foto tomada de Espectador.com
Actualmente Colombia afronta uno de los retos más grandes en materia de construcción de Estado, fortalecimiento de la democracia, y garantía en el ejercicio de los derechos de su población. Luego de un poco más de 50 años de conflicto armado, el país se encuentra muy cerca de la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Actualmente este grupo guerrillero opera en 11 regiones del país, en un total de 242 municipios, es decir cerca del 20% del total de municipios del país, de estos, en 111 la influencia del grupo guerrillero es importante. Por su parte la guerrilla del ELN hace presencia de 7 zonas del país, con influencia en 96 municipios, en varios de ellos hay una coincidencia en la presencia de ambos grupos guerrilleros.
Los municipios donde estos grupos ejercen influencia mantienen ciertas características comunes, en algunos de ellos más acentuadas que en otros. La primera característica es la debilidad institucional de las administraciones municipales y departamentales, que se manifiestan en ausencia de gobernabilidad en estos territorios, ausencia de funcionarios públicos capacitados para ejercer su labor, en la gran mayoría de casos estos funcionarios no son de carrera burocrática, por el contrario cambian de forma permanente, de acuerdo a cuotas políticas, y principalmente a la ausencia de una planeación estratégica a nivel municipal, además muchos ellos cuentan con presupuestos reducidos, y baja legitimidad ante la población.
Una segunda característica es la presencia de economías ilegales, ya sean cultivos de uso ilícito, minería criminal, contrabando de alimentos y licores, o presencia de economías ilegales urbanas, además del tráfico de armas, pertrechos y material utilizado en la fabricación de explosivos.
Gran parte de la presencia de estas economías se debe a la ausencia de estructuras económicas legales, es decir, ausencia de circuitos comerciales legales, ausencia de vías de comunicación, y en general baja densidad institucional.
Las anteriores realidades nos llevan a hacer una serie de preguntas sobre las dinámicas del postconflicto que se producirán en el país una vez firmada la paz con ambas guerrillas. Ya hace una década Colombia se vio inmersa en una situación paradójica, ya que inició la creación de un andamiaje institucional de postconflictos, en medio del conflicto armado que vivía el país, producto del proceso de desmovilización de estructuras paramilitares. Más de 40 estructuras se desmovilizaron en el país, y cerca de 30 mil combatientes. Sin embargo, el resultado fue agridulce, ya que a excepción del centro del país, en el resto de regiones colombianas la población no sintió un cambio significativo con la desmovilización paramilitar.
En varias regiones del país emergieron estructuras criminales que de forma indirecta o directa se relacionaban con las antiguas estructuras paramilitares, inicialmente estas organizaciones surgieron de forma anárquica y con fuertes disputas armadas regionales. El siguiente cuadro muestra la evolución anual de estructuras criminales nacidas posterior a la desmovilización paramilitar.
se pasó de 33 estructuras en 2006 a cerca de 6 en 2011, actualmente en 2013 existen 4 grandes organizaciones criminales. Inicialmente se podría pensar que esta reducción de organizaciones criminales se debe a una desaparición de estos agentes criminales, ya sea por la consolidación del Estado en las regiones donde operó el paramilitarismos, o por la efectividad de la fuera pública, pero la realidad ha sido un poco diferentes, lo que se ha presentado es un proceso de cooptación criminal, donde algunas estructuras han cooptado a otras produciendo un fenómeno de consolidación de algunas de estas BACRIM.
Uno de los ejemplos clásicos de este fenómeno es lo que sucedió y sucede en el departamento del Magdalena. Allí una vez se produce la desmovilización paramilitar se creó el grupo de Los cuarenta, al mando de Don Antonio, posteriormente esta estructura es cooptada por la banda de los Nevados, al mando de los hermanos Mejía Múnera, luego estos son cooptados por la banda de Los Paisas, y posteriormente estos son cooptados por los Urabeños, quienes actualmente ejercen influencia en todo el departamento.
Este proceso de cooptación criminal ha permitido la consolidación y expansión territorial de algunas de estas estructuras criminales, lo que a su vez ha llevado a un aumento de la presencia de estas organizaciones criminales a nivel municipal, pasando de cerca de 200 municipios en 2006 a 280 en 2012.
Gran parte de este rearme y surgimiento de organizaciones ligadas al antiguó paramilitarismo fue producto de la alta presencia de economías ilegales y economías de guerra, se podría decir, que entre el año 2003 y 2006 se desmovilizó el aparato militar del paramilitarismo, pero su estructura económica, política y sus lazos de relaciones con agentes institucionales no se desmovilizaron.
Aunque los grupos guerrilleros, son agentes contra-estatales y no pro-estatales como fueron los paramilitares, existe un gran temor por lo violento que puede ser es postconflicto. Así por ejemplo, de no concretarse un plan ambicioso de construcción de Estado y recuperación del monopolio de la fuerza por parte del Estado en las regiones del sur del país, existe la posibilidad de que el postconflicto sea violento. En regiones como el Putumayo o Nariño las FARC logran regular el negocio del narcotráfico, su dejación de armas, podría llevar a un aumento de la violencia producto de la disputa por el control de las zonas de cultivos de uso ilícito.
El interrogante sobre los escenarios del postconflicto, o sobre qué tan intenso será el postconflicto son preguntas que marcaran el desarrollo de las investigaciones sociales en los próximos años. A diferencia de otros procesos de paz que ha vivido el país, al actual tendrá dos características, por un lado, será la primera vez que los combatientes de grupos armados ilegales no se desplazaran hacia las ciudades del país, sino que se quedaran en las zonas donde operaban, además es la primera vez que un proceso de paz tendrá tercera fase de negociación.
Adicional a lo descrito anteriormente, queda el interrogante sobre el acuerdo mismo de negociación, ya sea su refrendación, las formas de reparación y las garantías de no repetición.