Foto: El Espectador
Concuerdo con el Centro Democrático: es muy grave que su candidato presidencial, el hijo y el principal asesor de la campaña hayan sido llamados a interrogatorio para que expliquen sus relaciones con el hacker Andrés Sepúlveda. Es grave para ese partido y es fuerte, muy fuerte, para el país.
Pero les pido a los lectores que dediquen unos minutos a pensar sobre el hecho. Sepúlveda ha confesado ante la Fiscalía que cometió varios delitos y ha dicho que los llevó a cabo por encargo de esas tres personas. Recibirá diez años de cárcel por su confesión. Los implicados han declarado una y otra vez ante los medios de comunicación que Sepúlveda es un agente del presidente Juan Manuel Santos, infiltrado en las filas del Centro Democrático para hacer un montaje y comprometer al partido de oposición en una trama delictiva. La Fiscalía llama entonces a los señalados para que expliquen la situación, deshagan las acusaciones del hacker y demuestren que se trató de una conspiración urdida por sus rivales políticos.
Les pregunto: ¿tenía otra opción la Fiscalía? Yo no veo otra. Tanto si es verdad lo dicho por el hacker, como si resulta cierto lo afirmado por los líderes del Centro Democrático, estamos ante un duro golpe a las reglas democráticas. Por mucho menos se cayó el presidente Nixon. Por mucho menos se hundió en el desprestigio Helmut Kohl, el gran líder de la Alemania de la posguerra fría. Me dirán que no hay punto de comparación, que esas son grandes democracias. Pero si queremos forjar un nuevo país y afianzar una democracia decente no nos queda más remedio que aclarar cada cosa turbia que ocurra en la competencia política.
Esta fue de marca mayor. Ocurrió en una campaña presidencial y fue uno de los ingredientes que decidió el ganador de la contienda. No entiendo por qué algunos líderes de opinión de gran prestigio abogan por echarle tierra al asunto con el argumento de que Sepúlveda es un bufón, o con la idea de que se trató de un hecho más de guerra sucia entre campañas políticas exagerado por un fiscal general parcializado en contra del uribismo.
Limpiar la democracia de este tipo de acciones es igual o más importante que los acuerdos de paz con las guerrillas para superar la violencia, que aqueja al país desde los años cuarenta del siglo pasado. El país entero debería mostrarse muy decepcionado si al final de este proceso judicial no se aclara nada. Si el fiscal se arredra ante el linchamiento mediático que se gestó esta semana cuando anunció la medida en una entrevista a la W Radio.
Los tres líderes del Centro Democrático comprometidos en los hechos, siguiendo la estrategia de otros militantes de esa colectividad acusados de delitos, han empezado a huir del país. Ya David Zuluaga se había ido a proseguir sus estudios en una universidad de Estados Unidos y en días recientes salió Luis Alfonso Hoyos con rumbo desconocido. También la primera reacción de Óscar Iván fue insinuar que por falta de garantías podría tomar el camino hacia el exterior, rectificó pronto, pero no es descartable que si las cosas se complican vuelva a la idea.
Es algo que no cabe en mi cabeza. Personas del Establecimiento, que han proclamado siempre el respeto al Estado de derecho, que han ostentado las más altas dignidades de la vida pública, deciden eludir la Justicia, y buena parte de la dirigencia del país, de manera abierta o subrepticia, justifica su actitud.
En alguna discusión un líder político me dijo, a modo de réplica a mi perplejidad, que era lo mismo que había hecho la izquierda en los últimos treinta años: tomar el rumbo del exilio. No tiene ni un pelo de parecido. A los líderes de izquierda sospechosos de tratos con las guerrillas o de alguna acción ilícita excepcionalmente los llevaban a la cárcel, y cuando lo hacían debían primero afrontar torturas y vejámenes ante interrogadores desalmados. Lo más corriente era que los asesinaran –más de 3.000– a sangre fría en alguna calle o en algún paraje rural. Una parte de ellos, para escapar a la arbitrariedad y a la muerte, se fue al exilio en condiciones dolorosas y precarias.
En cambio a los vinculados a la parapolítica o los uribistas acusados de actos de corrupción o de relaciones con delincuentes, los citan públicamente a las diligencias, tienen los mejores abogados del país que dan la batalla ante la Fiscalía para lograr que un tercero, es decir, un juez, los exonere; reciben el apoyo de importantes medios de comunicación; y cuando se marchan ni por asomo sufren lo que han sufrido la mayoría de los exiliados de la izquierda.
Columna publicada en Revista Semana