Foto tomada de: www.vanguardia.com
El ‘castigo’, del cual no se tiene fecha exacta, fue ideado por el paramilitar Alcifeder Altamiranda Machado, porque estaba cansado del ‘chismorreo’ en el lugar y por eso dio la orden a alias ‘Pelo de Gato’, luego de poner a las mujeres a barrer las calles del pueblo.
La humillación fue confesada por el propio paramilitar, apodado ‘El Burro’, integrante del Bloque Mineros de las Auc, que operó en el bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba, y quedó consignada en las 2.550 páginas del fallo que condenó a 8 años de prisión al exjefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’.
El fallo que fue renombrado porque compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por supuesto apoyo de la Gobernación de Antioquia para la realización de la masacre de ‘El Aro’, contiene un enfoque de la violencia de género perpetrada por los paramilitares en la zona, consignada en vejámenes a mujeres, esterilizaciones a población discapacitada y violencia en contra de la comunidad Lgtbi, entre otros.
El análisis del Tribunal Superior de Medellín, en su Sala de Justicia y Paz, da cuenta cómo la mujer se convirtió en un instrumento tanto sexual como para realizar las labores domésticas que los paramilitares necesitaban con el miedo que un arma produce en una zona patriarcal, en donde la mujer tenía “roles específicos”.
Ni las embarazadas se salvaron. A Berta Inés Céspedes, por ejemplo, quien tenía seis meses de gestación, la asesinaron las tropas de Luis Alberto Chavarría Mendoza, alias ‘Lucho Mico’: “Le abrieron el abdomen, le sacaron el producto de la gestación y la enterraron de manera superficial, dejándolo encima del cadáver. En ese mismo episodio asesinaron a uno de sus hijos de 16 años”.
Este hecho, fue calificado por el Tribunal, como un “flagrante atentado” a la mujer, como una “de las más aberrantes manifestaciones de la violencia de género” perpetrada por el Bloque Mineros entre 1994 y 2006, que dejó solo en Caucasia 1.487 hombres y 849 mujeres muertas, según los datos recolectados por las cuatro parroquias del municipio.
De acuerdo con la Fiscalía, al menos hay 7 mil víctimas por violencia de género, aunque solo hay 26 casos de violencia sexual denunciados, por lo que el Tribunal sentó la alarma sobre la dimensión real de lo que pasó por cuenta de los paramilitares.
Las burlas eran constantes. Se trataba de exhibir a las mujeres con letreros por todo el pueblo. En Uré, un testimonio señaló que a una mujer que no quiso prestar unas mulas, la amarraron a un palo lejos de la comunidad durante más de tres días, mientras le pegaban. Este tipo de ‘sanciones’ incluso derivaron en torturas. A las mujeres discapacitadas las asesinaban y a algunas las violaban. Incluso por orden de ‘Cuco Vanoy’, en Tarazá, hubo un caso de esterilización forzada para esta población.
La llegada de los paras:
Aunque varios desmovilizados declararon que no se permitían los abusos contra las mujeres y que se ordenaba un trato digno para con ellas, lo cierto es que los hechos dicen otra cosa. Con la llegada de las Autodefensas a la zona, las condiciones cambiaron por completo. Las mataban por chismosas, por infieles y por ladronas, por se trabajadoras sexuales ‘auxiliadoras de la guerrilla’. También empezaron a vigilarlas, a restringirles su movilidad después de las 6:00 de la tarde, a decirles qué debían vestir, a ordenar que llevaran el pelo recogido.
“Las mujeres no salíamos solas porque nos daba mucho miedo de ser víctimas de violación, ya que estos sujetos que hubo en la época del comandante ‘Richard’ eran muy abusivos con las mujeres y con todo el mundo, inclusive en una ocasión el sujeto alias ‘Pastrana’ intentó violarme por los lados de la casa azul que comenté. Pastrana tocó la puerta, yo le abrí, me cogió y me dijo, usted no ha querido por las buenas, ahora le toca por las malas”, narró una mujer que logró evitar que el hombre finalizara el abuso luego de recordarle que tenía un comandante.
Se prohibieron incluso las reuniones en corregimientos de La Caucana y El Guáimaro, en Tarazá, a las mujeres afrodescendientes, por considerarlas infiltradas, hecho que, de acuerdo con el Tribunal, restringió la participación que las mujeres tenían en otros ámbitos, pues temían ser tachadas como subversivas y sufrir las consecuencias de ello. En cambio, en Tarazá por ejemplo, los paramilitares lograron ubicar como concejal a Martha Uvenis Yépez Galeano, alias ‘Marta Millón’, esposa del comandante del Frente Anorí, entre 2001 y 2003; así como a Griselda de Jesús González como primera dama por decreto en la Alcaldía de Reinaldo Pozo, quien era soltero.
De forma generalizada, se creía que había una posesión sobre la mujer. El Tribunal destacó, por ejemplo, que los integrantes de las AUC “pensaban” que las mujeres iban a los mismos bares, que ellas “estaban disponibles” para seducirlas. Hay un caso de una señora que rechazó a alias ‘W’ y luego fue intimidada y sometida a esclavitud sexual. Ese control también se extendía a las llamadas de mujeres o hacia la familia de la mujer que les gustaba.
“Ellos creían tener propiedad hacia las mujeres. Usted es la mujer de fulano, y ellos ponían un control, si llegaban ellos y les gustaba una pelada la conquistaban y ejercían control, le decían al papá ‘yo soy el novio de su hija, soy fulanito de tal, me controla que no ande con tal persona’. Si la mujer tenía novio, tenía que dejarlo y si el hombre se (sublevaba) lo mataban”, indicó otra mujer.
En Cáceres, por ejemplo, los paramilitares obligaban a las mujeres a ir vestidas de una manera determinada a la iglesia, de no hacerlo, les llamaban la atención. Y en el corregimiento Charcón, por ejemplo, se indicó que las mujeres no podían andar con ropa muy ligera pero “si iban a recibir a los paramilitares, se les obligaba a estar vestidas con blusita y short”.
El trato incluía estereotipos. Un paramilitar raso ordenaba a una señora a hacer 10 platos de comida así no tuviera con qué, o a lavar la ropa. También se llevaban las ollas, los fogones, los animales.
Violencia sexual:
A los ‘paras’ les gustaban las niñas entre 12 y 13 años y a veces sostenían relaciones ‘consentidas’ con mujeres de los pueblos. Alias ‘Danilo Chiquito’, el propio ‘Cuco Vanoy’, José Álvarez Pineda, alias ‘Robin 05’, Luis Alberto Chavarría Mendoza, alias ‘Lucho Mico’, Joaquín Jaramillo Mazo, alias ‘Gañote’, alias ‘Richard’; alias ‘Rambo’ y alias ‘Javier’, tuvieron hijos que al comienzo eran denominados ‘paraquito’ o con el diminutivo del alias del padre. Con el tiempo, esta práctica cesó.
También había mujeres que se le ofrecían a los paramilitares de forma aparentemente voluntaria. No obstante, el Tribunal afirmó que nada era realmente voluntario, que los consentimientos de ellas estaban viciados, porque desde pequeñas “se les enseñó a encontrar el mejor proveedor”.
Los rechazos de ellas a los ‘paras’ terminaban generalmente en desapariciones o desplazamientos forzados. No respetaban lazos familiares o si estaban solteras o casadas e, incluso, muchos hombres fueron asesinados por sospecha de que estaba saliendo con una mujer que era de interés de uno de ellos. Hubo discriminación también para con las viudas que establecieron una relación con un victimario y también discriminación hacia las mujeres que militaban en las AUC, a las cuales se les prohibió sostener relaciones sentimentales con ‘civiles’.
Las mujeres de los comandantes eran golpeadas. Si un comandante tenía varias mujeres y había enfrentamiento entre ellas las mandaba a matar. Si ella tenía relaciones con otro la desaparecía, declaró un paramilitar.
Y los comandantes paramilitares a veces recibían niñas por parte de mujeres que se las ofrecían. En Tarazá, una vendedora de chance entregó a su hija de 15 años y alias ‘Cuco Vanoy’ recibió vírgenes, aunque lo negó ante Justicia y Paz. “(…) repitiéndose así el modelo hacendatario, del ‘Derecho de Pernada’, en el cual Vanoy Murillo era un hombre que ostentaba poder, un símil de patrón al que los trabajadores le entregaban sus hijas, convirtiéndose la virginidad de las mujeres en un bien con el que se trató de hacer manifestaciones de lealtad al poderoso, esperando de su parte protección y manutención”, señaló el Tribunal.
“En Tarazá se tiene una entrevista donde una señora manifiesta que los paramilitares, entre ellos alias ‘Cuco Vanoy’, ‘Víctor Caparrapo’, Virgilio Peralta Arenas -ya fallecido-, y Germán Bustos Alarcón, alias ‘Puma’ , pagaban entre dos y tres millones de pesos por una niña virgen y en muchas ocasiones las amigas las llevaban o en otras eran abusadas a la fuerza. Escuchó que las fiestas se realizaban en la finca Casa Verde, ubicada en los Altos de La Caucana, donde llevaban a las menores entre 10 y 15 años y, en otras ocasiones, ellas acudían por si mismas movidas por el interés del dinero”.
En esta situación del cuerpo de la mujer como mercadeo, se presentaron casos de esclavitud sexual en manos de Alexander Bustos Beltrán, alias W’, que se “apropió” de una niña de 14 años que acabó siendo parte de las AUC. Los constantes abusos se presentaron a pesar de la supuesta orden paramilitar de no agredir a las mujeres so pena de ser asesinados. Aunque sí hubo muertes de ‘paras’ por hacerlo, en otros casos era permitido sin reparo alguno.
Incluso hubo torturas. Luis Adrián Palacios Londoño, alias ‘Diomedes’, señaló que utilizaban cables eléctricos y que en una ocasión fueron puestos a una mujer en los senos por horas hasta que murió tras ser acusada de ser “escandalosa”. “A otra mujer de 20 años, asesinada en Tarazá, le mutilaron los pezones a mordiscos, le arrancaron mechones de pelo y luego la arrojaron de la altura de un segundo piso, encontrándola luego con semen en la boca”.
El Tribunal señaló que los casos de mutilación genital son claramente delitos de género, ya que al atacarse los caracteres sexuales secundarios de las mujeres, se evidencia que son cometidos, precisamente, por dicha condición, conllevando la negación de su dignidad, la violación de sus derechos humanos y manifestándose de manera palmaria una discriminación hacia el sexo.
En la región donde operó el Bloque Mineros, además, en las fincas de los comandantes ‘Cuco’, ‘Puma’, ‘Navarrete’ y ‘Picapiedra’, a las jóvenes las sometían a prácticas tales como hacerlas correr desnudas por el predio, para luego ser perseguidas por los hombres y sostener relaciones sexuales con ellas, hacer striptease, a tocamientos libidinosos, consumo de drogas y licor.
También fue perpetrada la violencia sexual durante las masacres que cometían. En la masacre de ‘El Aro’, los paramilitares tomaron la ropa interior de las mujeres y la tiraban al aire, haciendo burla de ello. En los retenes las manoseaban. Había calabozos donde eran sometidas a ‘retalaciones’ por emborracharse, transportar cocaína sin la autorización de los paramilitares, robar, pelear entre ellas, quejas de la comunidad, entre otros. Allí eran confinadas, golpeadas, torturadas con agua fría y a veces asesinadas y desaparecidas.
En una incursión en la vereda El Socorro, ubicada al norte del municipio de Ituango, cerca al Nudo del Paramillo, sector Conguital, los ‘paras’ hicieron una incursión y allí “violaron un poco de mujeres, violaron dos hijas de la abuela, le echaron en la piel un polvo blanco que sacaron de unas caletas para ver si quemaba. Sacaron una crema de una caja, untaban una aguja y con eso le chuzaban en las uñas a la muchacha, a la mamá y al hermanito”.
“(…) Los paramilitares cogieron la ropa y la tiraron al suelo, las tangas se las metían a la boca y decían esta es mía, esta es mía. Cogieron para el baño donde las tiraban al suelo sucias llenas de semen…los mandos no nos violaron, pero estaban viendo lo que nos hacían, ellos iban con mujeres que se quedaron viendo también lo que nos hacían”, señala un testimonio.
Los casos de prostitución no fueron menores. No solo iban a bares, sino que estas mujeres tenían que entregar parte de su dinero a los comandantes, además de estar con ellos como ‘retribución’ por dejar que trabajaran.
También se llevaban grupos de mujeres a los campamentos o fincas, algunas eran estudiantes, otras eran modelos cotizadas. “El referido Hader Armando Cuesta, indicó que para los patrulleros llevaban trabajadoras sexuales de los bares, pero para los comandantes se llevaban mujeres de la farándula”. Podían estar hasta 15 días y no podían decir que estaban cansadas. Una vez, una lo hizo, y Álvaro Antonio Pino, alias ‘Carro Loco’, la golpeó brutalmente. A veces las llevaban como ‘premio’ cuando una operación era exitosa.
De acuerdo con el Tribunal, era una “política del Bloque” llevar mujeres a campamentos. Se les obligaba a tomar licor, usar drogas, tener relaciones sexuales en las carpas con varios hombres, a la vista de toda la tropa. Esto acarreó un control médico posterior para evitar enfermedades, se dispusieron días para los chequeos y se impuso hacer la prueba del VIH cada tres meses. Las mujeres infectadas de VIH fueron estigmatizadas y algunas asesinadas.
“Adicionalmente, que para el año 2003, se hizo a las tropas exámenes de SIDA y otros diagnósticos de enfermedades de trasmisión sexual, obteniéndose un resultado alarmante, ya que para ese momento entre cuarenta y cincuenta miembros resultaron infectados de SIDA, sin embargo, ante un segundo examen, se concluyó que el número no era tan alto, pero los infectados, fueron enviados a la Finca Missouri en La Caucana”, señaló el Tribunal.
Violencia contra la población LGBTI:
Las personas con identidad diversa pertenecientes a la comunidad Lgtbi también fueron objeto del horror paramilitar. En Caucasia, por ejemplo, entre los años 1996 a 1998, fueron asesinados ocho hombres de quienes se creía homosexuales por Horacio De Jesús Mejía Cuello, alias ‘Caldo Frío’ , quien indicó que no eran permitidos los homosexuales en las tropas, pues si así ocurría, eran asesinados. Por eso, repartían panfletos para alejarlos.
También se refirió el caso de una mujer lesbiana “con un temperamento muy fuerte” que fue aceptada en el Bloque Mineros y, posteriormente, fue asesinada porque desobedeció una orden que le fue impartida. Se tiene información que en alguna ocasión, alias ‘Sangre’, siendo comandante de la Caucana, encerró a siete hombres que eran homosexuales en un calabozo y los obligó a que se hicieran la prueba del Sida.
Dato:
El Tribunal Superior de Medellín solicitó a la Fiscalía que investigue las agresiones sexuales cometidas por el Bloque Mineros durante la llamada masacre de ‘El Aro’, así como otros cientos de casos de actos de tortura, lesiones personales, secuestros, desplazamientos, desapariciones forzadas, entre otras.
Nota publicada en: www.vanguardia.com