Mi sorpresa fue enorme. El expresidente Gaviria se atrevió a decir que los beneficios de la justicia transicional se debían aplicar a todos los involucrados en el conflicto y de inmediato Santos, el fiscal general, las FARC, sectores del uribismo, el general Jaime Ruiz Barrera, notables juristas y miembros de organizaciones de derechos humanos, salieron a respaldar la idea.
Gaviria mencionó en su propuesta a los miembros de la fuerza pública, a los guerrilleros, a líderes políticos, empresarios y miembros de la Rama Judicial que auspiciaron el paramilitarismo.
Eso nunca había ocurrido. Era un tema polémico a morir. Siempre que alguien mencionaba el asunto le llovían objeciones. Desde la derecha o desde la izquierda se prendían las alarmas contra la impunidad. Unos, para hacer énfasis en el castigo implacable a los insurgentes y para salvar responsabilidades de los miembros del Estado y los empresarios; otros, para insistir en el carácter especial de la rebelión y el delito político y hacer hincapié en el castigo a los funcionarios públicos y a los miembros de las elites políticas y empresariales.
¿A qué se debe el cambio? Creo que la idea de la reconciliación nacional ha tomado fuerza. Creo que el país ha empezado a comprender que en 50 años se presentaron dos fenómenos concomitantes. Se gestó una rebelión armada que le ha disparado desde afuera a la democracia y, al mismo tiempo, una legión numerosa de líderes políticos, funcionarios del Estado y empresarios empezaron a dispararle desde adentro a la democracia en escandalosas alianzas con fuerzas ilegales.
Ahora se empieza a comprender que una verdadera paz implica una doble reconciliación: de las guerrillas con el Estado, y de las elites políticas y empresariales –que han utilizado la violencia y la ilegalidad– con la democracia. Es así de apasionante y de histórico el momento.
¡Bienvenidos todos a la justicia transicional! La tarea es monumental. Solo miremos los procesos en curso susceptibles de incluir en este marco. De la guerrilla hay 22.000 expedientes abiertos por rebelión y 2.020 presos en 138 cárceles; los paramilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz fueron 4.346, y solo una parte menor ha recibido sentencias y beneficios; de la parapolítica y los empresarios hay, al decir del fiscal, más de 12.000 procesos; entre tanto, 61 parlamentarios y varios centenares de políticos regionales han recibido condenas; de los miembros de la fuerza pública hay 14.000 procesos y cerca de 4.000 presos. Todos los números se agrandarán a medida que el proceso de paz avance y se clarifique el tamaño de las guerrillas y de las fuerzas regulares e irregulares involucradas.
Ubicados en este universo enorme estamos obligados a examinar el carácter de la justicia transicional. Se diferencia de la matriz de la justicia moderna y también de lo que fueron los indultos y las amnistías de los anteriores procesos de paz. En la modernidad la justicia se apegó a unos principios básicos: prevalencia de lo jurídico sobre lo político, vocación de permanencia, justicia igual para todos, castigo proporcional a la falta.
Sonará extraño, pero la justicia transicional contradice estos preceptos. En ella prevalece lo político, porque nace de un pacto entre fuerzas enfrentadas; tiene vocación transitoria; se aplica para un segmento de la población; hace diferencias entre los implicados fijando su atención en los máximos responsables; implica beneficios que van hasta penas alternativas distintas a cárcel; pero, implica también la decisión de acudir a los tribunales y comprometerse de manera solemne con la verdad, la reparación y la no repetición, lo cual la aparta de las amnistías y los indultos generales e incondicionales.
Gaviria, en la presentación de la propuesta, ha hecho énfasis en los beneficios y solo ha tocado de lado las obligaciones con las víctimas. Quizás esto ha generado un ambiente favorable entre los sectores implicados en el conflicto y ha puesto en alerta a las víctimas. Pero en la medida en que avancen la reflexión y el debate se verá que una aplicación cabal de la justicia transicional obligará concesiones tan dolorosas como necesarias para todas las partes.
Pienso en la fuerza pública. Estuve el fin de semana pasado en Popayán con los oficiales de la Tercera División y de la Fuerza de Tarea y el lunes con los coroneles del curso de ascenso a generales –Caem– y pude oír y sentir la preocupación que tienen sobre su situación en las batallas jurídicas que se avecinan.
Les dije que ellos tenían todas las condiciones para acudir con la máxima dignidad a la justicia transicional porque, en una larga guerra irregular, era imposible que no cometieran delitos en relación con el conflicto, pero también era impensable que la sociedad, las víctimas y la contraparte no comprendieran su sacrificio y su compromiso con el país.
Columna publicada en Revista Semana