Las condiciones de desarrollo actual del país exigen a los diferentes niveles de gobierno, al sector privado y comunitario replantear sus formas de actuación y de relación, con miras a alcanzar un posicionamiento estratégico y competitivo de la región a nivel nacional e internacional y un mayor equilibrio en el desarrollo territorial, de tal forma que exista una mayor articulación entre los planes urbanos y de la región circundante, en este caso Bogotá y Cundinamarca.
Los territorios relevantes en la economía global se caracterizan por integrar sus zonas urbanas más desarrolladas y los entornos suburbanos y rurales, dando lugar a formaciones regionales con capacidad para interactuar competitivamente con las redes mundiales de ciudades región. Es por esto que la integración entre zonas urbanas y rurales busca establecer acuerdos y alianzas en torno a los siguientes aspectos centrales para la competitividad, gobernabilidad territorial y seguridad y convivencia, según el Conpes de diciembre 15 de 2003:
De este modo Bogotá venía desarrollando un Plan Integral de Seguridad Ciudadana que articulaba el enfoque preventivo de la cultura y convivencia ciudadana, con el poder coercitivo del Estado. Como resultado de este proceso se redujo los homicidios, los que lograron bajar de 4.352 casos en 1993 a 1.906 en el año 2002. Igual comportamiento presentaron los otros delitos de mayor impacto social (lesiones comunes, hurtos de vehículos y motos y a establecimientos comerciales, bancos, personas y residencias), registrando una importante reducción, al pasar de 25.121 delitos en 1998 a 17.616 en el 2001. Todo esto se logró, muy a pesar de que los avances en los procesos de articulación para la definición de acciones integrales de seguridad y convivencia fueron insuficientes, al igual que la elaboración de diagnósticos conjuntos sobre violencia y delincuencia.
Por lo anterior la segunda alcaldía de Antanas Mockus dejó expedido el Plan Maestro de Defensa Seguridad y Justicia mediante el decreto 503 de 2003 que contemplaba las acciones que debía realizar Bogotá y recomendaba las que debía adelantar Cundinamarca junto con sus municipios y los temas que debía ser concertados con el Gobierno Nacional.
El documento proponía también la construcción de estaciones de policía en todos los municipios y CAIs y frentes de seguridad en puntos específicos de la región y también comprometía a promover la creación de Unidades de Policía Judicial (UPJ) en Soacha, Girardot, Fusagasugá y Zipaquirá.
Este Plan es mejorado por el alcalde Luis Eduardo Garzón mediante el Decreto 563 de 2007, quien lo firma al finalizar su administración, sin embargo la administración de Samuel Moreno, quien debía iniciar su aplicación, hizo algunos cambios en el Plan Maestro de Seguridad Equipamiento, con la idea de solucionar los problemas de seguridad en Ciudad Región y la construcción colectiva de seguridad, cooperación, participación, corresponsabilidad y territorialización, con intervención diferenciada aplicando políticas de géneros en cada una de las localidades. En la práctica esto no arrojó buenos resultados: Los homicidios se elevaron pasando de 1.402 en 2007 a 1.743 en 2010 y el hurto callejero continuó en ascenso al pasar de 12.108 en 2007 a 16.838.
Desafortunadamente durante la alcaldía (Samuel Moreno Rojas), los planes en materia de seguridad y convivencia no son aplicados a cabalidad, siendo este el punto de quiebre en la reducción de las cifras de inseguridad ciudadana en Bogotá e inicio de un repunte que hasta el momento ha sido difícil de resolver, sobre todo en lo que tiene que ver con hurto a personas que se incrementó de manera exagerada según las cifras de la Policía Nacional, pasando de 6.769 en 2003 a 27.762 en 2014.
La Veeduría Distrital en 2012 se pronunció diciendo que, “los malos resultados en esta materia se dieron porque algunas dependencias dedicadas a la convivencia y la seguridad ciudadana, como el Fondo de Vigilancia y Seguridad, la cárcel Distrital, Policía Nacional y Secretaría de Gobierno, comenzaron a trabajar de manera independiente sin atender los lineamientos y requerimientos de la política que intentaba definir el Secretario de turno. De esta manera, poco a poco, instituciones, programas y proyectos se convirtieron en islas independientes que manejaban directores, gerentes y consultores, con recursos y cronograma propios y sin responder a un plan o a una estrategia común definida por el Secretario de Gobierno y el Subsecretario del ramo”
En lo que tiene que ver con ciudad-región, la mayor articulación entre Bogotá y Cundinamarca se da en lo que tiene que ver con planes económicos y de lucha contra el contrabando de licor, pero pocos resultados en lo que tiene que ver con acciones conjuntos contra la delincuencia bien sea de tipo común u organizada.
Para que esto sea una realidad, debe existir una mayor articulación entre las alcaldías distrital y municipales, junto con las comandancias de policías de Bogotá, Cundinamarca y territorios vecinos a la ciudad capital como Soacha por ejemplo, que permitan desarrollar planes conjuntos que eviten que la criminalidad que habita en estos lugares, tome a la capital como centro de operaciones y viceversa, como por ejemplo el del microtráfico.
Este negocio ilegal, va y viene del distrito hacia los municipios vecinos y viceversa, sin mayor control por parte de las autoridades, y ha servido de combustible para casos de sicariato según los últimos estudios del Centro de Análisis y Estadísticas de Convivencia y Seguridad – Ceacs, hecho que podría trasladarse a los municipios vecinos, si no se trabaja conjuntamente entre distrito y Cundinamarca.
Por lo anterior uno de los puntos que se debe tener en cuenta para el debate electoral que se avecina en la ciudad para escoger alcalde mayor de Bogotá, es la seguridad ciudadana desde el punto de vista ciudad-región, para que quede clara la necesidad que existe en esta materia y así se logre trabajar este tema conjuntamente entre Bogotá, Cundinamarca, municipios vecinos y las comandancias de policías respectivas, obteniendo resultados en el corto tiempo en esta materia que permitan reducir los índices de violencia urbana en lo que a ciudad – región se refiere.