Por: Ariel Ávila Martínez
Los tráficos de drogas, gasolina y mercancías son los principales motores de la banda criminal los ‘Urabeños’, que ahora cuenta con una verdadera federación en el norte del país. En dos reuniones realizadas en marzo y julio del año 2014, obligaron a cerca de 19 bandas locales a unirse a su federación.
Algunos opositores de esta organización se agruparon en la denominada oficina del Caribe, la cual se prepara para expandirse por la costa. La Fundación Paz y Reconciliación documentó, a través de un trabajo de investigación in situ en qué consiste el complicado entramado de relaciones de estos grupos criminales y en cuáles son las zonas de operación.
El crimen organizado en Colombia vive una etapa de reacomodo. Todo parece indicar que la ruta de salida de droga por el mar Caribe se encuentra en uno de sus picos más altos de uso, y es desde hace un año la zona de mayor salida de droga hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2014 las mayores incautaciones fueron en los puertos Cartagena, Santa Marta y Barranquilla 6.910, 2.012 y 1.988 kilos de coca en cada incautación respectivamente.
La Fundación Paz y Reconciliación indagó sobre una posible explicación y encontró que la banda criminal los ‘Urabeños’ habría creado una federación criminal con organizaciones de toda la costa atlántica en dos reuniones realizadas en Barranquilla, una en marzo del 2014 y la otra en julio del mismo año.
De hecho, algunas fuentes de la región explican que la captura de Marcos Figueroa en Brasil en octubre del año pasado obedeció a la delación de los ‘Urabeños’ ante su negativa a someterse o trabajar para dicha organización criminal. Algunas disidencias de esta federación estarían reorganizándose en otra federación criminal denominada La Oficina del Caribe.
La puja por el control de alimentos
El surgimiento de diferentes mercados ilegales como el de gasolina, narcotráfico y más recientemente el contrabando de alimentos, son otros de los fenómenos que han provocado una feroz competencia de grupos delincuenciales por el control de la costa atlántica y, principalmente, por la frontera entre Colombia y Venezuela. La porosidad de esta zona limítrofe y la oprotunidad derivada de la diferencia cambiaria ha alentado a las organizaciones criminales (y a ciudadanos del común de manera espontánea) a aprovechar la oportunidad que da el tráfico de alimentos.
Este fenómeno ha llevado consigo la cooptación de agentes institucionales, quienes piden dinero a cambio de permitir la entrada ilegal de mercancías. Recientemente el Diario del Nortemostraba una foto donde una serie de personas dedicadas al contrabando de gasolina bloqueaban una vía en Albania municipio de La Guajira, protestando por los cobros altos de extorsión que debían pagar a la Policía colombiana para que les dejara pasar gasolina de contrabando.
Un documental emitido hace una semana en la cadena estatal de televisión española, de la serie Fronteras al Límite, demostró con imágenes cómo la Policía permitía el ingreso de mercancías (muchas escasas en Venezuela) a Colombia a cambio de que esta se quedara con una parte de la incautación. La Fundación Paz y Reconciliación ha corroborado a través de testimonios en la región la descripción de este fenómeno.
Este contrabando de alimentos se puede clasificar en dos grupos: Primero, el que hace cualquier ciudadano que compra una serie de productos del lado venezolano y luego los pasa a territorio colombiano, que generalmente este es el tipo de contrabando que incautan las autoridades de ambos países.
En segundo lugar, un contrabando más especializado, llevado a cabo por organizaciones criminales locales que se encargan del paso de alimentos en vehículos hurtados o de modelos antiguos de cualquiera de los dos países. El paso de estos vehículos escoltados por las propias organizaciones criminales de la zona es lo que se conoce como caravanas de la muerte.
Un ‘dato’ preocupante
Otro tipo de contrabando, que la Fundación Paz y Reconciliación ha documentado ampliamente en otras investigaciones, es el de la gasolina y de alimentos a gran escala. En este también hay organizaciones criminales que median la compra y la distribución de esta mercancía. No obstante, la Fundación corroboró que las organizaciones criminales en connivencia con el SENIAT (el equivalente a la DIAN colombiana) entran al país camiones cisterna o tractomulas con gasolina y alimentos.
Los camiones salen de SENIAT custodiados o vigilados por las redes de corrupción de la policía local y una vez salen del centro urbano son custodiados por la Guardia Nacional (venezolana).
Hay varios pagos de ‘vacuna’ que deben hacer los grupos ilegales. Uno directamente a las autoridades venezolanas, que se hace antes de la salida del camión cisterna o en la alcabala, que es el mismo retén en Colombia. Una vez pasa la frontera, pagan a agentes de la Policía Colombiana en los retenes. A veces, pueden hacer entre tres o cuatro pagos.
Las mercancías y la gasolina entran por las vías principales de la frontera entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Los productos llegan a las ciudades de Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Cartagena y principalmente a Barraquilla.
Los precios de los alimentos, entre otras mercancías, son entre entre 15 % y 20 % más baratos que los productos vendidos en condiciones legales. La leche en polvo, entre otros productos subsiados por el gobierno de Venezuela, entra al país 40 % más barata.
Pequeñas tiendas, grandes supermercados y ventas ambulantes se lucran de este mercado ilegal.
En Barranquilla los productos de la canasta familiar venezolana se venden en grandes súpermercados. La Fundación Paz y Reconciliación recorrió algunos lugares como el Mercado Público de Miami, el supermercado el Poleo y el supermercado el Titán, donde encontró varios de estos productos de fabricación venezolana, que incluso tienen sus precios en bolívares.
En un momento en el que el estado fronterizo venezolano padece desabastecimiento, los grupos ilegales (principalmente los Urabeños) han encontrado una manera de financiarse a través del contrabando de alimentos lo que agrava la situación del país vecino.
Este contrabando, además, impacta a los pequeños productores de alimentos colombianos y en últimas el Estado colombiano pierde dinero. Como si fuera poco, la corrupción está devorando la institucionalidad fronteriza colombiana.
Finalmente, estas rutas de contrabando de alimentos y gasolina también allanan el camino a otros tráficos de mercancías ilegales como drogas y armas (de los que la Fundación se ha ocupado en otros trabajos) que engruesan las arcas de los delincuentes y, lo que es peor, atentan contra la seguridad de personas que viven a los dos lados de la frontera.
Foto: noticias.univisión.com
Nota publicada en www.semana.com