Foto: diarioadn.co
El desplazamiento intraurbano que se ha venido presentando en la ciudad de Santa Marta en los últimos cuatro años, no ha sido mayoritariamente registrado en las bases de datos en las instituciones públicas territoriales. Se podría concluir que se le resta atención y sus víctimas estarían siendo ignoradas, aunque esto no le resta la responsabilidad que le cabe a la persona desplazada, por no acudir a las oficinas de los entidades que manejan el tema, para que estas le den la categoría de víctima del desplazamiento, en este caso, intraurbano.
Para el 2012 en Santa Marta hubo una escalada de violencia por la disputa territorial entre el clan Giraldo y los Urabeños, que se dio en primer lugar en la zona rural, a enfrentamientos en los que la población civil quedó en medio del fuego cruzado.
Para esto los armados ilegales se dieron a la utilización de inmuebles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como medios de transporte, escuelas, etc.
Para esta época se presentaron desapariciones forzadas, homicidios selectivos y una masacre en Pericoaguao. De esta situación se declaró un desplazamiento masivo desde Guachaca hasta Santa Marta de cerca de 300 personas. Para atender la urgencia humaniaria, se contó con todo el acompañamiento de rigor tomando medidas para retomar el orden público y militarizando la zona, etc.
En la zona periférica de Santa Marta, más exactamente en las comunas 6, 8 y 5 ocurrieron hechos similares que dispararon los homicidios selectivos, por sicariato y atentados con artefactos explosivos, el ataque con granadas de fragmentación contra bienes civiles se registró en varias oportunidades.
En 2012 ocurrieron 6 de estos atentados, que se presentaron en los barrios La Florida, Los Ángeles, Curinca, Avenida del Ferrocarril, Ensenada de Santa Mónica.
De igual modo, se registraron varios atentados en La Gaira, El Pantano, San Francisco, San Pedro Alejandrino y dos establecimientos comerciales, uno en el centro y otro en el mercado. En algunos casos este tipo de hechos han ocasionado la muerte de pobladores. El 23 de octubre de 2012, la granada lanzada contra el supermercado Rapimercar, ubicado en el sector del mercado público, dejó tres personas muertas, entre ellas una niña de 6 años. En enero y febrero de 2013 se presentaron dos atentados con granadas en el barrio Timayui. El último de ellos estaba dirigido al parecer contra el comandante de los Urabeños en el sector y otros miembros del grupo ilegal. Este atentado dejó como resultado tres personas heridas.
En la disputa territorial por el control de zonas en Santa Marta se registraron enfrentamientos que dejaron víctimas mortales. En los barrios Pescadito, Ondas del Caribe, Los Fundadores y Timayui, entre otros, se presentaron cruces de disparos.
En diciembre se reportaron dos episodios de este tipo entre los grupos ilegales que operan entre los barrios Timayui y María Cecilia. Este último habitado en su mayoría por desplazados por la violencia, donde presuntos miembros de los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas Colombianas, transitan armados con fusil y disponen de una red de informantes (campaneros) que advierten la presencia de la policía.
Este escenario llevo a que el Distrito Turístico registrara 225 muertos en el año 2012. Las personas que se vieron afectadas con estos hechos se cambiaron de barrio.
Algunas de esas personas denunciaron atentados en su contra, donde según ellos, les habían arrojado una granada o porque les habían desaparecido un familiar. Sin embargo, esto no significó el éxodo de la ciudad, sino más bien el traslado de zona. Se llegó a conocer casos de núcleos familiares que tuvieron que cambiar de residencia en varias ocasiones, por la ola de violencia que para ese entonces se tomó a Santa Marta.
En esta disputa territorial, al interior de la comuna 6, lugar desde donde operó de ex comandante paramilitar Hernán Giraldo Serna, territorio estratégico que conecta a Santa Marta con tres de sus corregimientos (Minca, Guachaca y Bonda) y la vía alterna que va a la Troncal de Oriente. Los Urabeños entraron a irrumpir en la zona, instalando puestos de control, extorsionado a los pobladores. También delimitaron territorios con fronteras invisibles, restringiendo la movilidad e imponiendo toques de queda.
Además de lo anterior, se apoderaron de las plazas de vicio, con lo que se puede concluir que se instauró un nuevo orden.
Este nuevo orden conllevo a desplazamientos intraurbanos, los paramilitares, ahora reencauchados en las Bacrim, se instalaron en las casas que quedaron desocupadas.
En barrios como María Cecilia, a los hombres jóvenes, sus padres los sacaron primero, pensando que así no serían reclutados y de esta manera sus familias serían golpeadas en menor medida. Sin embargo la lección fue otra, las mujeres fueron hostigadas, maltratadas, abusadas, utilizadas en tareas domésticas. Sus padres tardíamente optaron por sacarlas y enviarlas a casas de familiares en otras comunas de la ciudad, o entregarlas a los pastores de otras zonas para que cuidaran de ellas (en su mayoría venía de familias cristianas y/o evangélicas).
En esta comuna las jóvenes eran sacadas de sus casas utilizando la violencia física. Luego eran regresadas por su victimario a su familia (Un delito en la impunidad total) las familias no denunciaron estos hechos y algunos de esos simplemente aceptaban su dolor como una pena impuesta.
El desplazamiento intraurbano en este territorio afectó de manera directa a los y las adolescentes y jóvenes quienes fueron obligados a dejar sus familias, su cotidianidad, sus amigos y tuvieron que desplazarse a otros lugares.
La Defensoría del Pueblo es tal vez la institución que puede dar cuenta de este fenómeno, pues recibe las declaraciones en mayor medida que las personerías.
El registro de estas denuncias son importantes para diagnosticar el contexto de este desplazamiento en los barrios de la ciudad. La Defensoría del Pueblo plasma el fenómeno en documentos serios, verificables, con metodología clara y constatación directa a las fuentes y en el territorio.
Estos documentos poseen tres características, la primera de ellas es el riesgo de inminencia; segundo, el riesgo coyuntural y un tercero, la periodicidad. Estos no tienen la posibilidad del monitoreo permanente, solo se recurre a él cuándo en la ciudad se suman escenarios que comprometen graves violaciones al DIH, el último documento fue escrito en abril del 2013 y los que lo antecedieron en septiembre del 2012 y septiembre de 2009.
Con ocasión al escenario plasmado, fue una necesidad para el distrito crear un Observatorio Distrital de Seguridad y Convivencia -ODSC- construido en alianza con la Fundación Paz y Reconciliación, para monitorear las dinámicas de seguridad urbana y crimen organizado en el territorio, sin dejar de hacer seguimiento a la zona rural por la estrecha relación que se comparte por la supervivencia del conflicto armado y la presencia de actores armados ilegales.
El ODSC brinda herramientas prácticas al Alcalde Distrital para la toma de decisiones en tiempo real, coordinando estrategias con los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado, en pro de la estabilización del territorio e identificando esos silencios que terminan siendo un secreto a voces en el territorio como lo es el desplazamiento intraurbano.