Una vez más se abre el debate nacional por cuenta de las candidaturas a cargos de elección popular, que comienzan a ser señaladas por la opinión pública, por sus posibles vínculos directos con actores ilegales, mafias de corrupción política y relaciones con organizaciones político económicas que se han tomado la contratación pública en los niveles departamental y municipal.
Estas tres modalidades de captura del poder local, logró incrustarse de tal forma en la gobernabilidad territorial, que difícilmente Colombia la podrá superar, si desde el poder nacional no se hace lo necesario en materia de normatividad, vigilancia y control para que esto no siga sucediendo. De nada entonces han de servir las veedurías ciudadanas que desde la sociedad civil se hacen, si no se cuenta con entidades lo suficientemente fuertes, que hagan respetar las elecciones de este tipo de organizaciones que encontraron en lo local el multivitamínico que les fortalece período tras período.
Si nuestro país desea en realidad superar temas de corrupción política como la Parapolítica y sus herederos, Carrusel de la Contratación, vínculos con narcotraficantes, etc., lo primero que debe hacer es fortalecer la entidad que oficialmente vigila y controla las elecciones, es decir al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Inexplicablemente una posible reforma al Consejo Nacional Electoral es un tema que no se ha tocado en las discusiones que se han dado en los últimos años que tienen que ver con Reforma Política, Reforma a la Justicia y Equilibrio de Poderes, donde se ha discutido sobre la manera de arreglar las falencias en los partidos políticos, órganos de control y las altas cortes, que no permiten una mayor transparencia y eficacia en la aplicación de la justicia, lo mismo que en la vigilancia e inspección en la función pública, sin siquiera mencionar lo que tiene que ver con el CNE.
El CNE es un órgano que ejerce control y vigilancia en los distintos períodos electorales que hay en Colombia, donde debe inspeccionar con ojo de lupa la financiación de campaña y las posibles inhabilidades que puede tener determinado aspirante a elección por voto popular. Para cumplir con esta tarea, esta entidad cuenta con 9 magistrados, que son elegidos por la plenaria del Congreso de la República (Cámara y Senado), entre un grupo de candidatos sugeridos por cada partido político.
Esta elección de naturaleza política, hace que sea difícil que el CNE logre ejercer control y vigilancia a los candidatos a elecciones, porque deben hacerlo sobre los organismos que en primer lugar candidatizaron y dispusieron a sus miembros en senado y cámara para que los eligieran. Este ejercicio terminó por desatar una práctica malévola de “Yo te elijo, tú me cuidas”.
De esta manera es como el CNE comienza a quedar maniatado porque en lugar de blindar las elecciones de las mafias de corrupción políticas, lo mismo que de los grupos ilegales, termina secundando este tipo de vínculos que en ocasiones se tejen desde las redes que cada político tiene en las regiones, y que son avaladas por los partidos políticos en su afán por ganar mayorías.
Es necesario entonces que se piense en corregir estos errores en el sistema electoral colombiano, en donde en primer lugar un órgano como el CNE que maneja un presupuesto de 7 mil millones al año, no pueda ejercer su labor principal, porque la labor de sus magistrados se encuentran hipotecada al partido que lo postuló y le eligió para el cargo, y en segundo lugar porque gran parte de sus funcionarios son nombrados no por su dirección administrativa, sino por la Registraduría Nacional y por los políticos que le son cercanos, conformando así una red, que en lugar de evitar que la corrupción se filtre en las elecciones, más bien permite que esta pueda acceder a ellas, sin ningún tropiezo.