Para 2011, un año antes del inicio de las negociaciones de paz, el promedio mensual de acciones armadas donde se veían involucradas estructuras de las FARC y estructuras de las Fuerza Pública colombiana era de 179; esto incluía bombardeos, campos minados, combates, hostigamientos, entre otros. Para los primeros cinco meses del año 2015, momento en el que se desarrolló el cese unilateral indefinido, se produjeron un total de 91 acciones armadas, 12 de estas violatorias de la tregua por parte de las FARC, entre ellas se cuenta la de Buenos Aires, Cauca, que fue el detonante para reiniciar el escalonamiento de la confrontación.
Ahora bien, desde el 22 de mayo, momento del rompimiento del cese unilateral, hasta el 8 de julio del presente año se han producido un total de 289 acciones armadas, es decir, en mes y medio se produjeron un 300 por ciento más de acciones armadas que durante los cinco meses del cese unilateral de las FARC.
Estos datos permiten concluir que efectivamente, a pesar de muchas opiniones de sectores no afectos al proceso de paz, el cese unilateral funcionó y en muchas zonas del país la población rural bebió los primeros sorbos de la paz. En las encuestas las negociaciones ganaron un apoyo importante. Pero con la reanudación de la confrontación armada, el apoyo que se había ganado el proceso de paz en zonas rurales se evaporó en cuestión de días y la sensación de crisis y de pesimismo se apoderó del país.
Ahora, ante la presión de la opinión pública y el llamado de los países garantes del acuerdo de paz, las FARC han anunciado un cese unilateral de hostilidades por un mes a partir del 20 de julio. Es una decisión afortunada para aliviar la presión que hay sobre la Mesa de La Habana. Pero no basta. Es necesario aprovechar ese mes para dar un salto en los temas espinosos que tienen atascada la Mesa: acordar por fin el tipo de justicia transicional que regirá el proceso, definir el detalle de la protección a la vida de los guerrilleros que dejan las armas, concertar su participación política y el mecanismo de refrendación de los acuerdos. Sobre el avance en esos puntos, volver a desescalar el conflicto hasta llegar a un cese bilateral definitivo de las hostilidades como antesala de la dejación de las armas y del ingreso a la vida civil.
El cese bilateral tendría tres objetivos: mostrarle a la población del país los beneficios de la firma de los acuerdos. Iniciar el proceso de concentración de las FARC en distintos sitios del país y poner en marcha los protocolos para la dejación de las armas. Por último, restituiría la confianza en la Mesa sobre la voluntad de paz de las partes. Resolver las diferencias y desescalar y pactar el cese definitivo de las hostilidades es el camino. Ponerle plazos perentorios a las negociaciones no ayuda en nada.
En contraste con el alivio que significa el anuncio del cese unilateral de las FARC, el ELN se empeña en intensificar sus acciones y realizar atentados urbanos con gran repercusión en la opinión pública. Presumo que las bombas de Bogotá son de esta organización porque en una declaración del jueves pasado decían que no conocían a ninguno de las personas acusadas, pero por ningún lado negaban la autoría de las acciones.
He leído en las conclusiones del quinto congreso del ELN que el objetivo principal de esta guerrilla es fortalecer el movimiento político y social. También oí en estos días el mensaje de Gabino, comandante general de esa guerrilla, conmemorando los 51 años de existencia, y allí dice que el gobierno miente, que no es verdad que ellos estén poniendo como obstáculo para avanzar hacia una mesa de negociaciones el tema de la dejación de armas.
Es muy contradictorio y absurdo lo que está haciendo el ELN, pero también tengo la impresión de que la respuesta del gobierno tiene las mismas características. El accionar del ELN por el momento ha suscitado una cacería de brujas que perjudica de manera brutal al movimiento civil Congreso de los Pueblos, 11 de sus principales activistas han sido detenidos.
No tienen ninguna disculpa los jefes del ELN. Están muy viejos para no saber que este tipo de acciones en Colombia la pagan los dirigentes sociales. Tampoco tiene ninguna lógica que reconociendo públicamente que es obligatorio hablar de la dejación de las armas no accedan a una fórmula concreta para dar paso a las negociaciones formales.
Pero es muy torpe lo que hacen la Policía y la Fiscalía al abalanzarse sobre un conjunto de líderes sociales para conjurar los atentados de la guerrilla y también me ha sorprendido la falta de creatividad del gobierno en la etapa exploratoria al querer aplicar el mismo modelo de negociación de La Habana sabiendo que son organizaciones bastante distintas.
Columna de Opinión publicada en Revista Semana