Una de las consecuencias de la penetración de los dineros del narcotráfico en la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano en 1994, suceso que en Colombia es conocido bajo el nombre de “Proceso 8.000”, fue la división del Partido Liberal en pequeños grupos o movimientos, uno de ellos el Nuevo Liberalismo (sector galanista), lo que ha impedido que al día de hoy esta fuerza política no haya retornado al poder desde 1998 cuando Horacio Serpa Uribe, candidato a mantenerlo en la Presidencia de la República, es derrotado electoramente por el conservador Andrés Pastrana.
Quienes hacían parte de la corriente que en su momento lideró Luis Carlos Galán, tomaron la decisión de separarse del Partido Liberal, por considerar que sus postulados de transparencia y ética, iban en contravía del escándalo que tuvo que enfrentar por esa época el oficialismo liberal.
Es entonces cuando se comienza a gestar la conformación de un movimiento político independiente liderado por antiguos militantes del Nuevo Liberalismo como Alfonso Valdivieso, Humberto de la Calle Lombana, al Ex Senador Ernesto Rojas Morales, Antonio Álvarez Lleras, Claudia Blun, Luis Guillermo Giraldo, Inés Gómez de Vargas, Paulina de Castro Monsalvo, Carlos Restrepo Piedrahita, Aurelio Tobón Mejía, Alfonso Gómez Gómez, Federico Echavarría, Elizabeth Rico, Armando Estrada, Fuad Char Abdala. Juan Carlos López, Nancy Patricia Gutiérrez, María Paulina Espinosa, Leonor Serrano de Camargo, Edmundo Guevara, Roy Barreras, Jorge Mario Istman, Rodrigo Villalba, Mauricio Zuluaga, Néstor Humberto Martínez, Gabriel Rosas Vega, Rafael Pardo, Ernesto Rojas Morales, Augusto Galán Sarmiento, Jaime Vidal Perdomo, Arturo Sarabia, Luis Fernando Múnera, Javier Lastra, Julio Enrique Ortiz y Nelson Pardo.
Quienes conforman este nuevo grupo político toman la decisión de apoyar la candidatura presidencial del exfiscal Alfonso Valdivieso, y para esto conforman el movimiento “Valdivieso 98”, con el que más adelante adhieren a la candidatura presidencial de Andrés Pastrana Arango, quien les da juego en su gobierno dejándoles el ministerio del Interior en primer lugar bajo la figura de Néstor Humberto Martínez, más adelante en la de Humberto de la Calle y finalmente en la de Armando Estrada; en el ministerio de Agricultura a Rodrigo Villalba; Alfonso Valdivieso como Embajador en Naciones Unidas; Luís Guillermo Giraldo embajador en Venezuela y Arturo Sarabia embajador en Uruguay.
Luego de muchas discusiones, en el año 2000 este movimiento político recibe el nombre de Cambio Radical y decide iniciar la conformación de una futura lista a senado y cámara para las elecciones de 2002, para ese entonces debe jugar con la norma electoral de aquella época, donde cada partido o movimiento político presentaba un número indeterminado de listas encabezada por una cierta figura o personaje, quien de quedar elegido era el dueño de la curul y tenía la potestad de cederla a quien solo el considerara. Este procedimiento era conocido con el nombre de “Operación Avispa”
De esta forma Cambio Radical elige 5 Senadores y 10 Representantes y apoya la candidatura presidencial de Álvaro Uribe Vélez y se prepara para las elecciones locales del año 2003, en la que obtiene dos gobernaciones, más de 95 Alcaldías, 11 Diputados y 358 concejales en todo el País.
Ilegalidad se filtra en Cambio Radical:
Cuando los paramilitares trazan la ruta de su expansión territorial y se dan a la toma del poder público, lo primero que hacen es valerse de la laxitud en la norma electoral, que no estipulaba mayor vigilancia en los partidos y movimientos políticos, para en primer lugar utilizarlos a su favor, inscribiendo a los cuatrillizos (Estanislao Ortiz, César Augusto Andrade, Jesús Doval y Manuel Darío Ávila), para las elecciones legislativas en 2002, luego de que estos pactaran en el Urabá con alias el Alemán. Este experimento se repite en las elecciones regionales del año 2003, entre otras por el afán de los grupos políticos de ganar poder en lo local, hecho al que Cambio Radical no escapa.
De esta forma son elegidos por ejemplo a través del movimiento político Cambio Radical para el período 2003 -2007, los alcaldes de Leonel Roberto Torres (Aguazul – Casanare); Aleider Castañenda (Monterrey – Casanare); Iván de León Villa (Fundación – Magdalena); Gustavo Germán Guerra (Arboletes); el gobernador Julio César Acosta Bernal (Arauca), algunos concejales y diputados, que al igual que los primeros, son llamados por la justicia por vínculos con el paramilitarismo.
De hecho gracias a la acción de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia se supo que los alcaldes de Tauramena); Raúl Cabrera Barreto (Villanueva); Henry Montes Montes (Maní); Mauricio Esteban Chaparro (Sabanalarga) y Aleyder Castañeda (Monterrey), todos elegidos por Cambio Radical, fueron firmantes del “Pacto de Casanare”, a través del cual las autodefensas de Martín Buitrago garantizarían el triunfo electoral de los entonces candidatos a alcaldes, y estos a su vez, tras su llegada al cargo se comprometieron entre otras cosas, a darle a los paramilitares el 50 por ciento del presupuesto municipal y un 10 por ciento del valor de los contratos que suscribieran las Alcaldías.
Más adelante tras la llegada del liberal disidente Germán Vargas Lleras a Cambio Radical, y el posterior retiro de Rafael Pardo Rueda, este recibe nuevos integrantes tras la entrada en vigencia de la Reforma Política promovida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que obliga a los candidatos a actuar bajo una lista única por partidos y reduce el número de grupos que competían electoralmente, los que pasaron de 66 a 16 movimientos políticos en 2006.
Cambio Radical es uno de los partidos políticos que logra sobrevivir a la Reforma Política que deja con personería a quienes obtengan el 2% del umbral de votos, lo que hace que el resto desaparezcan del escenario electoral. No así la filtración de la ilegalidad en los partidos, entre los que este se encuentra, no desaparece.
Es así como en el año 2006, cuando la opinión pública conoce el alcance que tuvo la vinculación de paramilitares y políticos, se supo también que este hecho no se presentó por la supuesta intimidación de las autodefensas hacia ellos, sino también por la complacencia y la afinidad política que algunos líderes regionales tenían con el discurso antisubversivo que pregonaba el grupo armado ilegal. Por tanto no es extraño que los directorios regionales de cada partido, en este caso Cambio Radical, supieran de estas relaciones y no las denunciaran.
De los congresistas elegidos por Cambio Radical (15 senadores y 21 representantes a la cámara), la justicia investiga 19, de los cuales 9 son condenados en este período. Para el cuatrienio 2010 -2014, la Corte Suprema de Justicia abre investigación a 4 políticos más de este movimiento.
Ilegalidad continúa dentro de Cambio Radical:
Como era de esperarse, quienes en Colombia se hacen elegir y por una u otra circunstancia, no les es posible aspirar a una reelección al cargo o a otro que le permita aumentar su caudal de poder, busca continuar en la silla así sea en cuerpo ajeno, porque la norma limita a la persona, pero deja vigente el entorno o la red política a la que esta pertenece.
De esta forma al llegar al cargo bien sea en el legislativo o en lo local (alcalde, concejal, diputado o gobernador), conforma una estructura política y burocrática que le permite alternar el poder en el caso de que este no pueda continuar en el bajo la figura propia, y así controlar la contratación local y los dineros públicos de la región, que son en esencia, la razón por la cual estos luchan por mantenerse en la silla.
Es así como a pesar de que la norma actual castiga a los partidos políticos, cuando las personas que son elegidas bajo su tutela presenten vínculos con ilegales, estos poca atención parecen prestarle. Prueba de lo anterior es lo sucedido con Cambio Radical, quien no acaba de salir del escándalo por la firma del aval al exgobernador de la Guajira Kiko Gómez, a pesar de estar advertido de sus vínculos con el narcotráfico, y hoy mantiene el apoyo a la aspirante al mismo cargo a Oneida Pinto, a quien se le han demostrado públicamente sus relaciones con el exmandatario local.
Sin embargo el partido político mantiene la misma práctica con la que todos los partidos políticos en Colombia actúan, se avala para determinada candidatura a una persona que garantice el triunfo, para lo cual esta no debe presentar ningún antecedente en fiscalía, procuraduría y contraloría, requisito que se cumple en la mayoría de los casos. El problema es que los partidos políticos, en este caso Cambio Radical, no se están tomando el trabajo de indagar quien o quienes son el poder detrás de la silla en estas candidaturas. Solo importa obtener mayorías.
De esta forma es como por ejemplo, se avaló al exgobernador Kiko Gómez en la Guajira, y así mismo se ha tomó la decisión de apoyar a Oneida Pinto sucesora de este, sacrificando la dirección nacional de personas como Carlos Fernando Galán, quien buscaba mantener en el partido los principios del galanismo con los cuales fue creado, sin embargo en una lógica de pragmatismo electoral, Cambio Radical le entrega la decisión de otorgar avales a quienes ostenta el poder local, quienes poco les interesa lo que desde Bogotá se pueda pensar, con el argumento de que si no es así, no se gana.